Nacional

Estados convulsionados

Tan sólo en cinco entidades asesinaron a 4 mil 831 de las 16 mil 937 víctimas de todo el país

Óscar Uscanga, Aline Corpus y César Martínez
Agencia Reforma

domingo, 01 agosto 2021 | 07:05

 En conjunto, en Zacatecas, Baja California, Colima, Chihuahua y Sonora, se cometieron el 28 por ciento de los asesinatos registrados en México de enero a junio de este año, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Es decir, en tan sólo estas cinco entidades asesinaron a 4 mil 831 de las 16 mil 937 víctimas de todo el País, principalmente por el asedio de al menos 16 grupos del crimen organizado, entre ellos las disputas de Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Zetas y Cártel del Golfo.

En el mapa político, se irán los priistas Alejandro Tello, Ignacio Peralta y Claudia Pavlovich, de Zacatecas, Colima y Sonora, respectivamente; el panista Javier Corral, de Chihuahua, y el morenista Jaime Bonilla, de Baja California.

En contraste, tendrán que liderar el combate a esta grave problemática desde este 2021, los morenistas David Monreal, Marina del Pilar Ávila, Indira Vizcaíno y Alfonso Durazo, de Zacatecas, Baja California, Colima y Sonora, respectivamente.

La única de estas entidades que tendrá continuidad partidista será Chihuahua, donde la blanquiazul María Eugenia Campos tomará las riendas.

Grupo REFORMA presenta el panorama de estas entidades golpeadas por la violencia y lo que las víctimas piden a las próximas administraciones.

Zacatecas: 'Estamos viviendo psicosis'

Zacatecas tiene a sus ciudadanos inmersos en la peor ola de violencia de su historia, así lo reflejan los datos de asesinatos, y así también lo sufren las víctimas que les desaparecieron o les mataron a su familiares.

El priista Alejandro Tello tomó las riendas del Gobierno en septiembre de 2016 y, un año después, la entidad cerró con un promedio de 56 asesinatos al mes.

Pero en este 2021, a sólo 45 días de que concluya su gestión, en Zacatecas se promedió el asesinato mensual de 124 personas de enero a junio pasado, de acuerdo con cifras oficiales.

Es decir, de tener una tasa de 41.41 homicidios por cada 100 mil habitantes en el primer año (2017) que le tocó de lleno gobernar a Tello, la entidad alcanzó una tasa histórica de 63.91 crímenes en 2020, y en apenas seis meses de 2021, ya va en 44.46.

Al respecto, el titular de Seguridad Pública, Arturo López Bazán, no tuvo reparo en admitir que los crímenes principalmente son porque los Cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa han desbordado la violencia, sin que las propias autoridades puedan frenarlo.

"Es la pugna que tenemos vigente en el estado donde estos grandes grupos, que incluso absorbieron o disolvieron la presencia de los grupos (criminales) más pequeños, como fue el Cártel del Noreste y Los Talibanes, ahora son estos dos grupos los que protagonizan esta guerra sangrienta en el Estado", dijo a REFORMA el 19 de julio.

En ese repunte de violencia, sortean su batalla tres colectivos de desaparecidos: Zacatecanas y Zacatecanos por la Paz, Familias Unidas en Busca de Una Esperanza y Amor, Esperanza y Lucha, quienes prefirieron guardar silencio por el miedo de que sus integrantes sean unas nuevas víctimas.

No en balde el temor, pues apenas el pasado 22 de julio fue levantado dentro de su domicilio en Villa de Cos el señor José Nicanor Araiza Dávila, quien desde hace casi tres años buscaba a su hijo José Nicanor Araiza Hernández. El jueves apareció asesinado.

Mientras el PRI se aleja del poder en medio de este clímax de crímenes, llega Morena con David Monreal como el próximo Gobernador, cuyo hermano Saúl Monreal, ha visto también a la violencia, ya desde hace un par de años, como su principal enemigo en Fresnillo, donde es Edil.

Un ciudadano que perdió a un familiar, el cual prefirió el anonimato, expresó a REFORMA su miedo y el de vecinos por hacer, incluso, una rutina diaria, ya que en las calles se han registrado en las últimas semanas asesinatos de inocentes, hasta niños.

"Literalmente estamos viviendo psicosis en todos los sentidos, tanto emocional, mental, se está volviendo problema psicológico para nosotros por lo que está pasando, desde el hecho de que la violencia está al día, antes decíamos que entre grupos delictivos, ahora se meten con familias, personas inocentes, con niños, personas que no tienen que ver", expresó en entrevista.

"Cambio de Gobierno, cambio de plazas, como cambian ellos, cambia delincuencia, entonces ahorita como estamos ya más aproximados a la tecnología, todo mundo avisa lo que ocurre, pero no quiere decir que antes no pasara".

Al próximo Gobernador Monreal le pidió que a las personas que les mataron o desaparecieron a alguien, no sólo se les brinde ayuda para velorios, sino también psicológica, pues es un daño que se queda impregnado.

"Aquí se pide que el próximo busque a los desaparecidos, que se haga en físico, no sólo en papel, oiga me dicen que no hay suficiente personal, nadie los atiende. No dan apoyo moral y psicológico, esas personas están afectadas de por vida", añadió.

Zacatecas, por su estratégica colindancia con entidades como Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, pero también su cercanía con caminos que llevan al norte del País por San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Durango, es ese territorio que ven como joya de la corona los sicarios.

Durante julio, los municipios más afectados por multihomicidios, cuerpos colgados y asesinatos de servidores del sector salud y policías fueron Villanueva, Fresnillo, Zacatecas (capital), Guadalupe, Jerez y Valparaíso.

Baja California: 'Gobierno estatal no estuvo a la altura'

Durante su administración, el Gobernador Jaime Bonilla no logró disminuir los asesinatos en Baja California, se percibe una falta de estrategia y, por el contrario, la delincuencia amplió su influencia a zonas que no figuraban en el mapa de homicidios violentos, opina Zulia Orozco Reynoso.

La profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), afirma que "los números no mienten".

De enero a junio de 2021, el municipio de Tecate, por ejemplo, superó el número de homicidios violentos registrados durante todo el año pasado; en tanto, Mexicali, incrementó en 43.5 por ciento la cifra de asesinatos del 2019 al 2020.

Ambos son municipios fronterizos, con menor población a Tijuana, en los que hay registros de trasiego de droga.

"Ahorita están el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel Tijuana Nueva Generación, Cártel de los Arellano Félix y Sinaloa con sus variantes, pero como ya está tan saturada la región, ahora están tratando de expandirse hacia el este (de Tijuana), en Tecate se disparó la violencia, así como en Mexicali, que subió la inseguridad", acota.

"Es una responsabilidad compartida, no solo es del Presidente (Andrés Manuel) López Obrador, sino de los tres niveles de Gobierno, pero principalmente pondría un énfasis en el Gobierno estatal, que no está a la altura del reto. La estrategia, si es que hay alguna, ha demostrado que fue un rotundo fracaso, los números no mienten", subraya.

La también ex investigadora de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y la Universidad de California en San Diego (UCSD), compara la violencia de Tijuana de 2020 a la de Honduras.

"Para el 2011, Honduras, en su peor crisis de inseguridad, tenía una tasa de homicidios de 93 víctimas por cada 100 mil habitantes; Tijuana, en el 2020, tuvo 96 homicidios por cada 100 mil habitantes", ejemplifica.

"Tijuana, al menos, está bañada de sangre, y no sabemos cuál es la estrategia", lamenta.

Bonilla recibió la Gubernatura el 1 de noviembre de 2019, su administración durará dos años, y le pasará la estafeta a su correligionaria, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ex Alcaldesa de Mexicali.

En 2018, Baja California registró 3 mil 160 homicidios, desde esa fecha el Estado no ha bajado de 2 mil 800 asesinatos cada año.

La investigadora recomienda hacer un trabajo de inteligencia que permita las detenciones de los criminales de alto perfil y que los gobiernos, estatal y municipal, ofrezcan mejores oportunidades culturales y deportivas.

"Y cada uno de los tres órdenes de Gobierno, pero principalmente el estatal, tienen qué fijar un mínimo resultado pertinente para el Municipio y para el Estado, es inaceptable que existan 96 muertos por cada 100 mil habitantes", señala.

La nueva Gobernadora heredará el reto, recalca Orozco, y es inmenso.

Un caso

Antonia, diabética y con hipertensión, llegó con dificultad física a una protesta el 10 de mayo pasado en el Centro de Gobierno de Mexicali, buscaba a su hijo, quien tenía 19 años de edad al momento de su desaparición, el 13 de agosto de 2020.

Al pegar cartelones de búsqueda en todo Mexicali, Antonia y su esposo fueron extorsionados en tres ocasiones, en total les robaron 11 mil pesos.

"De tanto andar preguntando en las calles, me dijo un hombre (quien no le pidió dinero) que mi hijo lo salvó de un 'levantón', que mi hijo había gritado 'déjenlo' y entonces se lo llevaron los delincuentes en su lugar", describió.

"Yo se lo comenté a la autoridad, y entonces la Fiscalía (del Estado) me pidió que investigara el domicilio de ese hombre, aunque yo les proporcioné el nombre y apellido", recordó.

Los restos del hijo de Antonia, un nombre ficticio por seguridad, fueron localizados en junio pasado.

"Mi hijo, sí, tenía una adicción a las drogas, (pero) no porque una persona esté tatuada o haya usado drogas, no se debe de buscar, es una persona que se perdió, no es un animal, a veces la verdad hasta a mis animalitos los ando enterrando, no me gusta tirarlos, y por eso no descansé hasta saber de mi hijo", relató a Grupo REFORMA.

"La verdad fue por obra de mi esposo", aclaró, "nunca dejó de buscar, no descansó, y habló incluso hasta con personas que lo ponían en riesgo, él investigó".

Colima: Homicidios, fosas, desaparecidos...

Rodeada por Jalisco y Michoacán, y con uno de los puertos marítimos más importantes en el Pacífico mexicano, el pequeño estado de Colima es la tercera entidad con la tasa de homicidios más alta todo el País, con 35.5 víctimas por cada 100 mil habitantes, apenas después de Zacatecas y Baja California, de acuerdo con datos del primer semestre del 2021.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha advertido que el puerto de Manzanillo tiene dos problemas: la entrada de drogas sintéticas y el contrabando de combustibles.

En el estado, gobernado aún por el priista Ignacio Peralta, predomina la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque se ha sabido que el puerto es igualmente utilizado por otros grupos.

Tan sólo en un operativo en abril pasado, la Marina decomisó poco más de una tonelada de mariguana oculta en 432 puertas de automóviles que iban a ser transportadas a Chile.

Colima también ostenta el municipio donde más fosas clandestinas han sido localizadas en el País. Se trata de Tecomán, donde fueron ubicados 117 entierros ilegales, de los que se recuperaron 181 cuerpos. Según un informe que presentó el subsecretario Alejandro Encinas, Manzanillo también aparece entre los 10 municipios con más fosas clandestinas encontradas entre enero y junio, con 39 de esos entierros.

En ese sentido, familiares de personas desaparecidas en el Estado le piden empatía a la próxima Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, para que se reúna con ellas y que destituya a la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

María del Carmen Sepúlveda Gómez, presidenta de la Red Desaparecidos en Colima, le pide también que haga lo necesario para terminar con las desapariciones, pues, dice, cada día ocurren una o dos en la entidad.

"Pedimos el apoyo incondicional de la Gobernadora hacia todos los padres y las madres de los desaparecidos, estén en un colectivo o no, pues sabemos que en nuestro estado muchos padres, hermanos y demás no denuncian por miedo a las represalias", comenta en entrevista.

"Ante todo queremos eso: que nos atienda, tenemos tres años con el Gobierno que está por salir, y en estos tres años el Gobernador, José Ignacio Peralta, nunca se ha sentado a platicar con ningún padre de desaparecidos, a excepción de quienes tienen amistades pesadas en el Gobierno".

Carmen, quien desde hace más de dos años busca a su hijo Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, se dice confiada en que por ser del partido Morena la nueva Gobernadora hará una buena labor en materia de personas desaparecidas.

"Esperemos los resultados, que sean favorables para nosotros, que tengan empatía", expresa.

En diciembre de 2020, la Red Desaparecidos en Colima recibió el Premio Estatal de Derechos Humanos "Eleanor Roosevelt", que cada año otorga la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC).

A pesar de ello, acusa que la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Rosa Evelia Pérez Valdivia, no se ha reunido con las integrantes de la Red Desaparecidos en Colima ni las atiende telefónicamente.

"Ella no hace búsquedas ni en vida, ni en campo, cuando es su obligación", agrega Sepúlveda, por lo que le pide a la próxima Gobernadora que la destituya.

Como habitante de Colima, se dice muy preocupada por la violencia diaria en la entidad, pues, asegura, todos los días de la semana pasada hubo ejecuciones y balaceras en diferentes partes del estado.

"Y nosotras nos preguntamos qué está pasando, entre balaceras, desapariciones, muertos y demás, está muy fuerte la situación y para nosotros muy triste", lamenta.

Chihuahua: 'Aquí no se ha sentido la Guardia Nacional'

De entre las cinco entidades con mayor tasa de homicidios hasta el momento, Chihuahua será la única que continuará con el mismo partido, el PAN, al frente de la Gubernatura.

Sin embargo, durante este 2021 fue evidente que, entre múltiples acusaciones públicas, el Gobernador Javier Corral y la próxima Mandataria María Eugenia Campos no son precisamente, ni de cerca, amigos o compañeros partidistas.

En este escenario de disputa política, Chihuahua también enfrenta la problemática de un promedio de 206 asesinatos al mes, cifra mayor que los 166 al mes que promedió en su primer año de Gobierno Javier Corral.

En 2017, la entidad cerró con una tasa de 54.21 asesinatos por cada 100 mil habitantes; en 2016, aumentó a 58.99; en 2019, a 67.83; en 2020, 70.63, y en 2021, va en 32.27, lo que la posiciona en el cuarto lugar a nivel nacional.

En la entidad, es reconocido que Juárez es un municipio que concentra crímenes, pero también en el mismo territorio está la zona noroeste, en los límites con Sonora, donde los integrantes de "La Línea" controlan en el territorio.

De acuerdo con fuentes locales, en Municipios como Nuevo Casas Grandes y Galeana, aledaños al sonorense Bavispe, nadie entra o sale sin el permiso del crimen organizado.

"Es una zona de alto riesgo, si vas ahí tienes que pedir permiso para cruzar, tiene que pedir autorización a grupos y ésto provoca que zonas que antes eran de gran atractivo turístico, son zonas ahora vedadas por el crimen", dijo una fuente que prefirió anonimato por temor a represalias.

Otra zona, es la del triángulo dorado, donde el Municipio de Guadalupe y Calvo colinda con las fronteras de Sinaloa, Chihuahua y Durango, todas con dominio del Cártel de Sinaloa, y también está identificada por pobladores como altamente peligrosa la zona de Madera y Cuauhtémoc, en el sur chihuahuense.

"Aquí no se ha sentido la presencia de la Guardia Nacional, las organizaciones criminales tienen que ser combatidas, pero nada", añadió la fuente.

En el caso de Juárez, la tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes ronda en los 117 homicidios, cuando en 2010, los 244 homicidios por cada 100 mil habitantes la posicionó como la ciudad más peligrosa del mundo.

Para Jorge Contreras Fornelli, quien preside el Fideicomiso para la Competitividad Ciudadana (Ficosec) Zona Norte, lo anterior refleja que el Gobierno de Javier Corral no enfrentó la seguridad de buena manera.

"En Chihuahua toda la responsabilidad se la trataba de delegar a la Federación, argumentando que era crimen organizado, fuero del delito federal", dijo a REFORMA.

"Participo en la red nacional de mesas de seguridad, pudimos detectar que aquellos estados en donde el Gobernador en turno no asumía un compromiso con la seguridad eran estados fallidos. Chihuahua fue uno de ellos, teníamos a Guerrero, Coahuila, Tamaulipas, teníamos a Michoacán, había varios estados, y el común denominador es que Gobernadores en turno no habían asumido un liderazgo con voluntad política de enfrentar la situación".

Otro factor que propicia la inseguridad, dijo, es que en Juárez se tiene una tasa de impunidad del 94 por ciento, pues sólo 6 de cada 100 homicidios son resueltos.

Para la próxima Gobernadora, el Ficosec relató a REFORMA nueve puntos prioritarios para mejorar esta inseguridad, entre los que destacaron fortalecimiento de instituciones, innovación tecnológica, inteligencia policiaca, disminución de impunidad, inversión en prevención de adicciones y mejorar al sistema penitenciario.

Asimismo, gobernanza participativa, mejores órganos de control interno para sancionar malas prácticas de Policías locales y prevención y reinserción.

"El más importante reto es que ella tiene que asumir un compromiso personal por liderar las tareas de seguridad, el primer gran reto que tiene. Hay zonas que no controlan las autoridades, es evidente", añadió.

María Eugenia Campos iniciará su gestión el próximo 8 de septiembre, tal como lo marca la Constitución estatal.

Sonora: Violencia sin precedentes

Con más de cinco asesinatos diarios, Sonora se encuentra en su máximo histórico de homicidios dolosos, siguiendo una tendencia constante al alza durante todo el sexenio de la Gobernadora Claudia Pavlovich que cederá el cargo al morenista Alfonso Durazo, en un contexto de transición de poderes que podría relanzar el nivel de violencia en la entidad.

En 2016, el primer año de la gestión de Pavlovich, se registraron en todo Sonora 630 asesinatos, cifra que incrementó más del doble, a mil 584, en 2020; mientras que en los primeros seis meses de este año sumaron 963, convirtiendo a la entidad en la tercera con más víctimas del País.

En agosto de 2019, Alfonso Durazo, entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, anunció el despliegue en Sonora de 999 elementos de la Guardia Nacional, 717 de la Policía Federal, 4 mil 323 del Ejército y otros mil 495 de la Marina, para un total de 7 mil 534 elementos federales, pero el esfuerzo fue insuficiente.

Entre los últimos hechos que conmocionaron a la ciudadanía dentro y fuera del Estado, se encuentra el asesinato en Guaymas de Gladys Aranza Ramos Gurrola, de 28 años, quien se integró al colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora luego de la desaparición de su esposo en diciembre de 2020.

Días después, en el mismo municipio, mataron a balazos al periodista Ricardo Domínguez López, director del portal InfoGuaymas, quien ya había denunciado públicamente amenazas en su contra.

Previo a la jornada electoral en la que triunfó Durazo, fue ejecutado el ex Procurador del Estado Abel Murrieta, candidato en ese momento de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Cajeme.

Para Manuel Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad, el despliegue de las fuerzas federales anunciado en agosto de 2019 generó que los Municipios dejaran de preocuparse por fortalecer a sus cuerpos policiacos, con la idea de que la Guardia Nacional resolvería los problemas.

Sonora está conectado con el Pacífico a través del Golfo de California en el sur, mientras que en el norte comparte frontera con Arizona, Estados Unidos, regiones que Hoyos ubica como violentas: la primera de Hermosillo a Guaymas, pasando por Cajeme, y la otra de San Luis Río Colorado a Magdalena de Kino.

En la región norte se han observado convoyes de civiles fuertemente armados, incluso balaceras que se prolongan por varias horas, relacionado con el tráfico de armas, drogas o personas.

En la zona sur, los criminales son menos visibles y predomina lo que se ha llamado el sicariato o asesinatos directos.

"Siempre en cambios de Gobierno, a nivel estado cada seis años, se genera un pico de violencia al establecerse nuevos o antiguos grupos criminales, sin embargo no hay precedentes del nivel de violencia que ya se vive en Sonora", advierte el especialista.

"El Gobernador electo, que empezará su mandato en septiembre, tendrá el reto de hacer una cirugía mayor a las instituciones, muchas de ellas corrompidas y desmanteladas, y ese reto tendrá que venir acompañado de funcionarios que no vengan a aprender, comprometidos a fortalecer las instituciones".

En tanto, Ceci Patricia Flores Armenta, líder de Madres Buscadoras de Sonora, quien se encuentra bajo resguardo por recibir amenazas de muerte tras el asesinato de su compañera Gladys Aranza Ramos Gurrola, pidió al futuro Gobernador seguridad y justicia.

"Que haga trabajar a la Fiscalía en las investigaciones de nuestros desaparecidos, que muchas veces casi les entregamos el culpable para que nada más declaren dónde está nuestro desaparecido, y ni así", dice.

"Lo que le pedimos es la seguridad, para que no estemos en riesgo como yo ahorita, más seguridad y más trabajo de investigación".

Flores Armenta reprocha que a las búsquedas que realizan de personas desaparecidas sólo van con resguardo de policías municipales.

"Que nos den el apoyo con la Guardia Nacional, porque tiene que ser por oficio y si a mí me dicen que hay una fosa yo no puedo esperar cuatro días para mandar un oficio e ir por ese cuerpo", agrega.

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