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Espionaje nacional al descubierto

Liberación de expedientes relacionados con persecuciones políticas, desataron euforia en AGN y generaron lista falsa de espiados por Cisen

Reforma
domingo, 17 marzo 2019 | 07:06
Tomada de Internet

Ciudad de México— El anuncio de que se harán públicos todos los expedientes relacionados con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas y actos de corrupción ha desatado una euforia de consultas en el Archivo General de la Nación (AGN) e inclusive la difusión de una lista falsa de personas vigiladas por el Cisen.
Empero, los expedientes que por ahora se pueden consultar ahí son los desclasificados antes de 2002 y contienen datos anteriores a 1985.
Esa información fue recabada por organismos como la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS).
En 1985, la DGIPS se transformó en Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISN) y en 1989 se renombró como Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el cual cambió de nombre a Agencia Nacional de Inteligencia en noviembre pasado.
Publicado el 28 de febrero, el acuerdo para hacer públicos los expedientes recientes no menciona específicamente al Cisen, sino a todas las dependencias que tengan información relacionada con violaciones a derechos, persecuciones política o corrupción. Pero la atención se centra en el órgano encargado del espionaje.
En la conferencia de prensa del 1 de marzo, donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Acuerdo, hubo quien planteó qué pasará con la información relacionada con el ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte.
El director del AGN, Carlos Ruiz Abreu, dice en entrevista que los expedientes del Cisen que van a ser desclasificados no serán tan recientes, sino que muy probablemente llegarán hasta el 2010.
"Ellos ya me adelantaron que tienen nada más ordenada esa parte, del 2009 o 2010 hacia atrás, al 86", señala.
Lo mismo podría pasar con la información del resto de las dependencias, añade, pues todos los archivos deben cumplir un ciclo de vida: pasan a un archivo de trámite, luego a uno de concentración y a uno histórico para finalmente ser transferidos al AGN, lo que lleva en total unos ocho años.
El acuerdo publicado por López Obrador le otorgó al Archivo General de la Nación 30 días para emitir los lineamientos a los que deberán sujetarse quienes transfieran documentos, y 180 días para que dichos documentos estén disponibles para su consulta.
Ruiz Abreu explica que la información que se hará pública deberá sujetarse a leyes de protección de datos. En todo caso, su puesta a disposición del público será lenta, pues el AGN ni siquiera ha terminado de revisar y ordenar los documentos desclasificados antes del año 2002.
"Yo creo que necesitamos un par de años, mínimo, para que empecemos a dar la información del 86 para acá; pero, además, necesitamos arreglar lo del 85 para atrás, ordenarlo clasificarlo, describirlo", indica.
Ruiz Abreu afirma que la lista de versiones públicas disponibles por ahora representa apenas un 10 por ciento del total de información que recibieron antes de 2002.
Para acceder a la información que no tiene aún versiones públicas y para la que comenzará a llegar se puede hacer con solicitudes por la Ley de Transparencia.
Ruiz Abreu ha acusado que aunque el Cisen entregó la información al AGN, seguía a cargo de su ordenamiento y vigilancia, al grado de que había una galería a la que ni siquiera el director del Archivo podía ingresar.
Desde diciembre, con la nueva dirección, el Archivo comenzó una nueva revisión de los documentos y también de las versiones públicas. ¿Que si hubo expedientes eliminados o si se les dio un orden para ocultar la información? Ruiz Abreu lo consideró poco probable.
Aun así, ante la euforia de investigadores que han ido a consultar los expedientes a la antigua cárcel de Lecumberri, se ha detenido el préstamo de las versiones públicas realizadas antes de 2017. El personal informa que están volviendo a revisarlas para ajustarlas a la nueva legislación de protección de datos.
Todavía algunas se pueden consultar. Lo mismo de Octavio Paz que de Julio Scherer o Miguel Nazar Haro. Ahí esta el expediente de López Obrador con información anterior a 1985 y organizado en 2011. Son datos muy escuetos. No de espionaje, casi de seguimiento. El hoy Presidente había llegado apenas un año antes a vivir al DF.
Con la nueva revisión que ha hecho el AGN, han armado otro expediente sobre López Obrador, que pondrán a diposición en unas dos semanas, según informó el director, aunque también abarca hasta 1985.
Mientras tanto, ha crecido la expectativa por conocer los archivos del espionaje mexicano. Decenas de personas abren expedientes en la sala de consultas del AGN, a la que se puede acceder con dos identificaciones personales, una oficial.
Esta semana fue difundida una lista de presuntos personajes espiados por el Cisen, aunque en realidad es la que desde hace años aparece en el sitio electrónico del archivo. Fueron seguidos antes de que fuera creado el Cisen.
Para hacer pública toda la información anterior a 1985 y la que le llegue posterior a ese año, el AGN va a requerir más presupuesto que los 78 millones que les asignaron para 2019, el mismo que tuvo el año pasado.
"Ya puse sobre la mesa que necesitamos 100 millones de pesos más, pero Hacienda lo está analizando", señala Ruiz Abreu.