Nacional

Envían a ejecutivo reforma sobre fuero presidencial

Legisladores de la oposición aseguraron que será inviable la aplicación de las modificaciones

Agencia Reforma

Martha Martínez y Claudia Salazar / Agencia Reforma

martes, 09 febrero 2021 | 14:10

Ciudad de México— En medio de críticas de legisladores de oposición, quienes aseguraron que será inviable la aplicación de las modificaciones, la Cámara de Diputados remitió al Ejecutivo federal la reforma a los Artículos 108 y 111 de la Constitución en materia de fuero presidencial.

La presidenta en turno de la Mesa Directiva, la morenista Dolores Padierna, hizo la declaratoria de reforma constitucional luego de informar que ésta fue avalada por las Legislaturas de 18 entidades federativas.

Entre ellas Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

Las modificaciones constitucionales establecen que, además de traición a la patria, el jefe del Ejecutivo federal podrá ser imputado por actos de corrupción, delitos electorales y aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. El inicio de cualquier proceso en contra del Presidente deberá ser aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados.

Al fijar la postura de su fracción parlamentaria, la perredista Mónica Bautista calificó esta reforma como "una simulación más de la Cuarta Transformación".

La legisladora aseguró que, mientras el procedimiento para fincar responsabilidades penales al Presidente dependa de una mayoría en el Congreso como la que hoy rige, no hay posibilidades de que la reforma constitucional pueda implementarse.

"Mientras el procedimiento para fincar responsabilidades penales al Presidente dependa de una mayoría en el Congreso como la que hoy nos rige y no sea una potestad de la una Fiscalía autónoma con suficiente libertad para realizar las investigaciones que considere pertinentes, el procedimiento penal en contra del Presidente en funciones no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo", afirmó.

El panista Marcos Aguilar criticó que desde el Senado se lanzara un spot en el que se indica que esta reforma elimina el fuero presidencial, lo que calificó como una mentira.

"Sabemos que esto es una mentira y con eso se hace evidente que estamos ante una operación de Estado para manipular a la opinión pública en época electoral. Ante las tragedias de salud, economía y seguridad, se recurre a reformar la realidad", señaló.

Aguilar coincidió en que la reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales no implica la cancelación del fuero, porque la declaratoria de procedencia permanece intocado.

El panista urgió llevar a cabo una revisión, auditoría o investigación sobre la responsabilidad del Presidente en la gestión de la pandemia, ya que consideró que su negligencia ha costado un número importante de muertes evitables.

"El haber echado a andar el complejo aparato constitucional en esta ocasión tuvo como objetivo hacer una aclaración más bien inocua sobre los delitos que pudieran implicar responsabilidad penal del Presidente", dijo.

Adriana Medina, de Movimiento Ciudadano, dijo que las modificaciones constitucionales aportan un poco de claridad gramatical al ampliar los delitos por los que puede ser imputado el jefe del Ejecutivo. No obstante, se trata de un esfuerzo que no llegó hasta la sociedad esperada.

"No estamos eliminando el fuero, lo que estamos haciendo es reformular los supuestos poco probables en los que podrían abrirse procesos en contra del Ejecutivo federal", sostuvo.

En su turno, la diputada de Morena Aleida Alavez afirmó que con la reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales se acabará con el Presidente intocable.

La legisladora dijo que se trata de una modificación que hace historia, porque amplía a todos los delitos, los supuestos, por los cuales el jefe del Ejecutivo federal puede ser procesado durante su mandato.

Alavez informó que el objetivo es avanzar gradualmente en la eliminación del fuero de todos los servidores públicos a fin de desaparecer la brecha existente entre inmunidad e impunidad.