Diputados aprueban reforma judicial

Ciudad de México— Con 319 votos en favor y 88 en contra --del PAN y de MC--, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde la polémica reforma judicial, denominada "Ley Zaldívar", que concentra más poder en la figura del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

La bancada panista consideró que se trata de una reforma "con ribetes autoritarios", como lo planteó Marcos Aguilar.

La también panista Pilar Ortega estimó que implicará "un riesgo por sus consecuencias en lo que toca a la autoridad del Poder Judicial y al control de los Poderes de la Unión.

"Tenemos un poder fundado de que un Poder se sobreponga a los demás", advirtió. "La reforma que hoy discutimos llega en el peor momento, en medio de la embestida más autoritaria de los últimos tiempos", observó.

En medio de cuestionamientos por la concentración de poder en la figura del Presidente de la Corte, Ortega afirmó que "el proyecto es de un grupo compacto, pero no de la Suprema Corte en su conjunto y mucho menos del Poder Judicial de la Federación".

La bancada del PRI, por voz de Mariana Rodríguez, dijo que confiaba en las bondades de la reforma impulsada por el Ministro Arturo Zaldívar.

"Quien nos propone esta reforma considera que se cumplirá de mejor manera con la procuración de justicia. El grupo del PRI confía en que esto será así y apoyará este dictamen", anunció

Por Morena, la diputada Lidia García Anaya afirmó que la reforma representaba "un gran avance" pero que debía ser complementada con la instalación de plenos regionales.

"Las reformas plasmadas en el dictamen hacen más por la justicia, pero son incompletas si no se cuenta con un mecanismo legal que las haga posibles", resumió.

Entre otros puntos, la reforma aprobada considera el fortalecimiento de la opción de los concursos para optar a cargos, el impulso a una Escuela Judicial, la facultad de la Corte para decidir adscripciones, remociones o ratificaciones de jueces y magistrados, amén de que se faculta al Consejo de la Judicatura para resolver sobre violaciones graves a derechos humanos.