Diario
Nacional
lunes, 09 septiembre 2019 | 13:23
Ciudad de México— El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tuvo que detener la construcción de cinco nuevos Centros de Justicia Penal en ciudades con saturación de nuevas causas por delitos federales, debido a que se detectaron intentos de transas de las constructoras que participaban en la licitación.
Las empresas intentaron acreditar su experiencia con obras inexistentes, suspendidas o que fueron ejecutadas por constructoras distintas, además de presentar documentos en los que se falsificaron firmas, como la del ex delegado del IMSS en Nayarit.
Ingeniería Quattro incluso propuso como superintendente de obra a un supuesto ingeniero civil cuyo número de cédula profesional correspondía al de una arquitecta.
Por ello, los nuevos Centros de Justicia Penal que se quedaron sin contrato son los de Reynosa, Ciudad Victoria, Salina Cruz, Los Mochis y Culiacán, así como una remodelación de un edificio en la Ciudad de México.
En agosto, la Judicatura declaró desierta la licitación de las obras valuadas en más de 740 millones de pesos.
En Sinaloa, todas las nuevas causas por delitos federales se concentran en el Centro de Justicia Penal que opera en una sede provisional de Culiacán; en los últimos 12 meses ha recibido 453 nuevas causas, por lo que se plantea la segunda sede en Los Mochis, por ahora cancelada.
Lo mismo sucede en Oaxaca, cuya sede provisional en la capital del Estado ha concentrado 513 nuevas causas el último año, incluyendo las del Istmo, donde se canceló el centro previsto para Salina Cruz.
Las anomalías
El órgano judicial declaró desiertas en agosto las seis licitaciones más importantes convocadas este año para obras valuadas en más de 740 millones de pesos, luego de que ninguna oferta -algunas de empresas grandes como Prodemex y Caabsa- cumplió con los requisitos técnicos y financieros.
Entre las 83 ofertas para todos los concursos, en 22 se pretendió probar la experiencia con contratos imposibles de verificar, por obras inexistentes o que fueron ejecutados por corporaciones distintas, entre otras declaraciones falsas.
En 2018, el CJF ya había inhabilitado a las empresas Constructora Jonap y Consorcio Edificador Núñez, que ganaron contratos por más de mil millones de pesos entre 2015 y 2017, por incluir en su curricula obras inexistentes.
En el concurso para Ciudad Victoria, Grupo Copris y Factor Urbano acreditaron su experiencia con cuatro contratos supuestamente terminados, incluidos dos para el nuevo sistema penal en Michoacán.
La Dirección de Presupuestos y Concursos del CJF no pudo encontrar dos de los proyectos, mientras que otros dos no estaban terminados.
"Dicha obra no está concluida y se encuentra suspendida por lo menos desde hace tres años", afirmó el Consejo de la Judicatura Federal en relación al contrato para la sede estatal del nuevo sistema penal en Zamora.
En el caso de Reynosa, L&MR Arrendadora presentó tres contratos para levantar hospitales estatales en Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, que al ser verificados se detectó que fueron ejecutados por otras empresas.
Itisa, que cotizó para varias obras, presentó un contrato para el Hospital Infantil de Tlaxcala, pero cuando el CJF investigó el gerente jurídico de la misma empresa aclaró que las dos firmas que aparecían en ese documento no eran del personal que llevó el proyecto.
Al concursar para Culiacán, Ingeniería Quattro propuso como superintendente de obra a un supuesto ingeniero civil, pero el número de su cédula profesional corresponde a una arquitecta.
RR Construcción, que ofertó para Salina Cruz, presentó un contrato en Nayarit con el IMSS, cuyo ex delegado estatal aclaró al CJF que él ya no ocupaba el puesto cuando se firmó ese documento y desconoció la rúbrica.
Construcciones y Obras Pasea cotizó para Los Mochis con el aval de dos contratos de la Policía Federal, de 2016 y 2017, "de los que no se obtuvo información de su autenticidad y se encontraron varias alteraciones al documento presentado", se informó
El CJF ya convocó de nuevo a concursos para Ciudad Victoria y Reynosa.
El órgano judicial tiene un fideicomiso con 3 mil 962 millones de pesos estas obras, es decir, no son recursos del presupuesto anual que se tienen que devolver si no se ejercen.