Diario
Nacional
jueves, 07 noviembre 2019 | 13:18
Ciudad de México— El Gobierno federal falló en su último intento para revertir los fallos que han declarado ilegales los informes bancarios con los que se pretende juzgar a Javier Nava Soria, contador implicado en los desvíos de Javier Duarte.
El Décimo Tribunal Colegiado Penal resolvió en última instancia desechar un amparo que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la decisión de invalidar estas pruebas por obtenerse sin una orden judicial.
El 7 y 8 de noviembre de 2018, en el proceso contra Nava, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia invalidó 10 estados de cuenta bancarios, el testimonio de 10 funcionarios de los bancos y un dictamen de contabilidad.
El fundamento de esa resolución es un criterio aislado del 22 de noviembre de 2017 por la Suprema Corte, que califica de inconstitucional el acceso a informes bancarios sin la autorización de un juez.
Si bien la Fiscalía General de la República (FGR) apeló el fallo de Fuerte Tapia, el 15 de abril pasado el Magistrado Enrique Escobar Ángeles, del Sexto Tribunal Unitario, confirmó el resolutivo con base en el mismo criterio.
Es contra esta última decisión que Javier Humberto Domínguez Aguilar, Director General de Procesos Legales de la UIF, presentó un amparo ante el Quinto Tribunal Unitario Penal, que preside el magistrado Ricardo Paredes Calderón.
Sin embargo, su demanda fue desechada bajo la consideración de que la misma SCJN ya ha establecido que la Secretaría de Hacienda y sus órganos dependientes no cuentan con legitimación para promover el juicio de garantías.
La UIF presentó una queja ante el Décimo Tribunal Colegiado, con el propósito de que su amparo fuera aceptado, pero el recurso acaba de ser declarado infundado.
"Contrariamente a lo aducido por la parte recurrente, (el fallo en favor de Nava) no afecta los intereses patrimoniales de la persona moral oficial quejosa, al no incidir sobre sus derechos o bienes", resolvió por unanimidad el tribunal colegiado.
"Por tanto, debe estimarse que carece de legitimación para acudir a la instancia constitucional en calidad de ente público; pues el hecho de que sea parte dentro de un procedimiento penal, no elimina su potestad o imperio como órgano del Estado".
Por lo anterior, en breve Nava Soria será llevado a juicio y no serán tomadas en cuenta las pruebas bancarias en la acusación de lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos que no ameritan la prisión preventiva oficiosa.
Preso desde el 20 de febrero de 2018 en el Reclusorio Norte, tras su deportación de España, Nava Soria está acusado de haber sido apoderado legal de Consorcio Brades, una empresa facturera que pagó 223 millones 800 mil 963 pesos por unos terrenos en Campeche que valían 18 mil veces menos.
Esta operación, según la FGR, se habría hecho con dinero desviado desde el gobierno de Javier Duarte.