'Desecha' Insabi a personal médico que atendió Covid

Ciudad de México.- Luego de enfrentar durante dos años la pandemia de Covid-19, trabajadores médicos de todo el país fueron dados de baja por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y obligados a firmar su renuncia con el pretexto de que laboran también en otra dependencia gubernamental, una situación que no está impedida por la ley. 

A pesar de que el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en artículo 138, faculta tener más de un empleo en el sector público siempre que demuestren tener compatibilidad de horarios, el Coordinador de Recursos Humanos, Candelario Pérez Alvarado, firmó en abril el comunicado CRHRP 02/04-2022 que condiciona la recontratación de mayo a agosto a que los trabajadores declaren "no desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración pública".

"Hemos demostrado tener compatibilidad de horarios y a pesar de todo se nos solicita que llevemos las cartas de renuncia (de los otros trabajos) para que el Insabi nos renueve el contrato o de lo contrario nos dará de baja", acusó la doctora Mercy Sánchez, quien trabaja en el Hospital General Agustín O'horán, de Mérida, Yucatán, y es profesora en la Universidad del Bienestar Benito Juárez en Ticul.

Incluso, las autoridades del Insabi les advierten que si no renuncian voluntariamente y les dan de baja, ya no serán considerados para volver a trabajar en la dependencia.

"Como ya no nos necesitan, nos desechan", lamentó Elizabeth López Jaramillo, enfermera del Hospital General Miguel Hidalgo de Tejupilco, Estado de México, madre de tres niños y que el 3 de febrero fue obligada a firmar su renuncia en una carta dirigida al director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, "por así convenir a mis intereses".

Pero en la queja que ingresó a la Secretaría de la Función Publica asegura que en el hospital redactaron esa carta y la obligaron a firmarla ya que desde hace 15 años ella trabajaba en el IMSS sábados y domingos y días festivos y también en el Hospital Regional del Instituto de Seguridad Social del Estado de México (Issemym).

Elizabeth López asegura que nunca ocultó sus trabajos, y cuando se abrió la convocatoria del Insabi, las autoridades del Issemym la animaron a que se anotara porque urgía personal contra el Covid-19. Sólo ella y su marido se arriesgaron. Los dos fueron obligados a renunciar por lo mismo, aunque en su caso fue por estar registrada en la bosa de trabajo del IMSS donde no ha laborado desde abril de 2021.

En el Issemym le han dicho que ya no existe su puesto.

"Lo que se dice es que ya no hay dinero y esperan que nosotros renunciemos", dijo Karem Patricia Chavarría, una enfermera de Coahuila de 32 años, madre de dos niñas, que suplía vacaciones y días feriados en el IMSS.

A ella le hicieron firmar desde el 17 de febrero su renuncia al Hospital General de Torreón, con el pretexto de que está registrada en la bolsa de trabajo del IMSS, aunque hace más de un año que no la llamaban.

También trabajaba por 5 mil 100 pesos mensuales en la Secretaría de Salud estatal, un sueldo 25 veces menor al que percibe el coordinador de recursos humanos del Insabi, autor del nuevo requisito.

En entrevista, el domingo pasado, el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, primero dijo no estar enterado de la situación, después, negó que la dependencia a su cargo estuviera obligando a firmar las renuncias y posteriormente pidió que si había alguna irregularidad fuera denunciada.

Dos días después, su oficina de prensa envió una tarjeta informativa asegurando que las contrataciones se ajustan al numeral 40 de las Disposiciones en Materia de Planeación, Organización y Administración de los recursos humanos, publicadas el 12 de julio de 2010 el cual faculta desempeñar dos empleos siempre que entregue un "dictamen de compatibilidad de empleos".

Al mismo tiempo, el Instituto negó que haya despidos o solicitudes de renuncia, aunque Grupo REFORMA confirmó y consiguió testimonios en Durango, Coahuila, Yucatán, Puebla, Estado de México y Sinaloa que coincidieron que, ante la falta de seguridad laboral y los bajos salarios, es muy común que los profesionistas tengan dos y hasta tres trabajos.

Todos dijeron que habían confiado en la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que no serían despedidos sino basificados, pues hay un déficit de 103 mil médicos, 250 mil enfermeras y 70 mil especialistas.

"En Puebla ya están dando de baja, sin darles la oportunidad de elegir qué empleo quieren. A los compañeros les dijeron que si se quedan en el Insabi deben demostrar una carta de renuncia a otro empleo, si no los dan de baja automáticamente", afirmó un médico del Hospital General de Huejotzingo, Puebla, donde cuatro de seis médicos del Insabi fueron dados de baja.

La tarde del miércoles, la dirección general de ese hospital les mandó un mensaje para presentarse para firmar la renuncia a más tardar el viernes, ya que "el Insabi, ya no tendrá opción de doble empleo".

"Siempre hemos tenido que trabajar en más de un empleo, y ahora nos quieren condicionar para que el Insabi nos contrate por cuatro meses. Ni siquiera hay garantía de que nos vayan a dar la base, pero quieren que renunciemos a otros contratos donde tampoco tenemos la base", dijo la enfermera Alejandra O., de Sinaloa.

El 2 de mayo, Alejandra y otros compañeros entregaron en Palacio Nacional una denuncia del atropello de sus derechos dirigida al Presidente. Ahí asegura también que el 26 de abril les informaron que los médicos especialistas sí podrán tener dos empleos, "porque ellos son difíciles de conseguir".

Los trabajadores también ejemplifican lo ilegal de la diposición del Insabi pues a los empleados de base del IMSS y del ISSSTE no los han obligado a renunciar a otros empleos.

"Simplemente porque no es ilegal tener dos empleos. Es más, yo creo que si tuvieran un empleo con prestaciones y un buen salario, cualquiera se conformaría con uno solo", opinó el abogado laboral Manuel Fuentes Muñiz.

Para el doctor en derecho, es ilegal la solicitud del Insabi y viola el derecho al trabajo y podría dar lugar a quejas antes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).