Diario
Nacional
viernes, 30 agosto 2019 | 08:09
Ciudad de México— Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la PGR (hoy Fiscalía) mandó a la congeladora casi la totalidad de las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación interpuso por desvío o mal uso de los recursos públicos.
De acuerdo con cifras de la ASF, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018 fueron presentadas 793 denuncias, de las cuales, en 763, que representan el 96.2 por ciento, la PGR o FGR no ha ejercitado la acción penal o judicializado los expedientes.
La mayoría de las denuncias están atoradas en la etapa de integración de la averiguación previa o carpeta de investigación. En esta fase se encuentran 524 de ellas, que representan el 66 por ciento del total.
Los datos proporcionados por la ASF en respuesta a una solicitud de información, indican que en 122 casos el Ministerio Público determinó No Ejercer la Acción Penal (NEAP) al considerar que no había elementos suficientes.
En otros 115 casos se determinó la Reserva del expediente, que equivale a enviar al archivo el asunto a la espera de que eventualmente puedan surgir elementos de prueba que permitan la consignación del caso.
De los últimos tres sexenios, el de Peña ha sido en el que más denuncias ha formulado la ASF.
Durante el mandato de Vicente Fox (2000-2006) la Auditoría presentó 21 denuncias, con Felipe Calderón sumaron 157 y, de diciembre de 2018 a la fecha, en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, van 10 denuncias.
Debido a los tiempos que tiene establecidos la Auditoría para llevar a cabo la revisión de la Cuenta Pública, los hechos denunciados en todos los casos no coinciden con el sexenio en el que fueron formalizadas las denuncias.
De las 30 querellas que en el sexenio pasado superaron la etapa del Ministerio Público, 12 están reportadas como consignadas, 12 como judicializadas y en seis ya se ha emitido sentencia.
Los casos sentenciados corresponden a ilícitos cometidos en 2011, 2012 y 2013 en la extinta Reforma Agraria, en Agricultura, el Gobierno de Sinaloa y en los municipios de Tlaola y Coronango, Puebla.
Entre las denuncias que a la fecha están a la espera de que proceda el Ministerio Público, están 30 que corresponden al desvío de recursos a empresas fantasma a través de la firma de convenios con universidades y que representa hasta el momento uno de los mayores desfalcos cometidos contra la hacienda pública.