Dará AMLO Segundo Informe entre virus y fracasos

Ciudad de México.- En diciembre de 2019, desde el Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un año más para sentar las bases de la Cuarta Transformación.

Han pasado apenas ocho meses y el país registra más de 60 mil muertos por la pandemia de Covid-19, una economía en declive, aumento de la violencia y la peor polarización política en lo que va de la Administración.

En este escenario, el mandatario presentará al Congreso y a los ciudadanos su Segundo Informe de Gobierno, justo una semana antes de que inicie el proceso para las primeras elecciones federales que deberá enfrentar desde el poder.

La pandemia

El segundo año de gestión de la 4T está marcado por la pandemia, pero no sólo por los efectos sanitarios, sino por la cuestionada estrategia que ha seguido el Gobierno para hacerle frente.

Con el argumento de que las decisiones serían tomadas solo por científicos, el presidente dejó en manos de Hugo López-Gatell, un subsecretario de Salud cada vez más poderoso, la conducción de la estrategia para atender la emergencia, con criterios no siempre apegados a las recomendaciones internacionales.

El 4 de junio, el propio funcionario pronosticó que, en un escenario "muy catastrófico", México podría rebasar los 60 mil muertos por Covid.

Ese momento llegó el pasado sábado 22 de agosto, y de las 10 entidades federativas que encabezan la lista de fallecimientos, cinco son gobernadas por Morena: Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Baja California y Tabasco.

Las principales críticas por el mal manejo de la pandemia han versado en torno a la negativa para incrementar el número de pruebas y la aplicación de medidas preventivas frente a los contagios, como el uso de cubrebocas.

De hecho, la Secretaría de Salud tardó cuatro meses en recomendar el uso de mascarillas en las conferencias oficiales de Palacio Nacional.

El presidente se ha resistido abiertamente a utilizar ese insumo, al advertir que no existe evidencia científica sobre sus efectos preventivos.

La aversión del mandatario incluso lo llevó a descalificar públicamente a su Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien sostuvo ante empresarios que el cubrebocas sería clave para la recuperación del país.

A la crisis sanitaria se ha sumado la económica, con la inconformidad del sector productivo por la falta de apoyos y la rebeldía de un grupo de gobernadores que ha acusado un manejo ineficiente y politizado de la pandemia.

Los mandatarios locales se han inconformado, en varias ocasiones, contra los criterios de operación del semáforo de riesgo epidemiológico e incluso han pedido la renuncia de López-Gatell.

En cuanto al sector privado, ninguna de sus sugerencias, como la contratación de deuda o la puesta en marcha de un salario solidario, fueron tomadas en cuenta.

La respuesta del Gobierno federal consistió en adelantar la entrega de apoyos de Bienestar, como las pensiones para adultos mayores y los pagos a menores con discapacidad.

También se repartieron créditos de 25 mil pesos a pequeñas empresas que no despidieron empleados y a particulares registrados en los padrones de beneficiarios de la 4T.

A pesar de las cifras, en lo sanitario y en económico, el Presidente anuncio que no modificaría la estrategia y respaldó la ruta diseñada por López-Gatell. 

Videoescándalos

En septiembre de 2019, en el marco de su Primer Informe de Gobierno, el presidente aseguró que sus opositores estaban moralmente derrotados.

Hoy, un nuevo capítulo de "videoescándalos" pareciera empatar los marcadores.

Las revelaciones en el juicio contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, dieron inicio al "espectáculo".

La penúltima semana de agosto, tras una petición presidencial, se difundió un video de empleados del PAN en el Senado recibiendo bolsas llenas de billetes, presuntamente relacionadas con el pago de sobornos a legisladores para avalar la Reforma Energética.

El presidente consideró que era una muestra de la inmundicia del régimen de corrupción, volvió a exhibir las imágenes en su conferencia -al argumentar que deberían conocerse tanto como las de René Bejarano- y pidió revelar aún más.

Fue entonces que se difundió el contenido de la denuncia de Lozoya contra 17 políticos, exfuncionarios, una columnista y tres de los cuatro expresidentes más criticados por el mandatario federal: Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Cuando se mostraba satisfecho con la difusión y el juicio mediático contra sus adversarios, el tabasqueño recibió un revés con la publicación de otro video en el que los protagonistas pertenecen a su familia y a su equipo más cercano.

En las imágenes, grabadas en Chiapas, en el 2015, se aprecia a su hermano Pío recibiendo dinero del exfuncionario federal David León. El escándalo alcanzó a López Obrador.

Así, el presidente llega ahora a su informe tras reconocer implícitamente que Morena, el partido que fundó, recibía "aportaciones" en efectivo que no eran reportados ante el INE, como ocurrió con las "contribuciones del pueblo" para financiar la Revolución.

La polémica llevó al presidente a pedir a su propio hermano y a uno de sus funcionarios que se presenten a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) y sin ampararse.

Empresas y gabinete

A diferencia del año pasado, el presidente llega a su Informe de Gobierno sin el respaldo de la iniciativa privada.

Aunque tiene una buena relación con algunos de los hombres más ricos de México, como Carlos Slim, el sector empresarial se mantiene a distancia y sin el diálogo directo y fluido que se registró en el 2019.

El acuerdo con el sector privado para sacar adelante proyectos de infraestructura, incluido el sector energético, no ha podido concretarse.

La representación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) regresó al recinto presidencial sólo para firmar el acuerdo que permitirá reformar el sistema de pensiones, cuya iniciativa no ha sido formalizada ante el Congreso.

A este ambiente se sumó el cambio de reglas en el sector energético, por lo menos en materia de renovables, y la aplicación de consultas públicas para frenar proyectos de inversión privada.

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia y coordinador del Gabinete Económico, dejó ver las discrepancias que existen en el gabinete federal, al admitir discusiones internas sobre los compromisos del T-MEC y señalar que si el Gobierno tuviera una mística de creatividad e innovación, sería otro.

Pero no fue el único, el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, confirmó las pugnas internas, sostuvo que el Gobierno de la 4T no tiene como tal un objetivo claro, está lleno de contradicciones y existe una lucha de poder al interior del gabinete.

En este segundo año de trabajo, el presidente recibió las renuncias de varios colaboradores.

En marzo, Javier May, responsable del programa prioritario Sembrando Vida, dimitió a su cargo, tras confrontarse con la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores. El mandatario rechazó la renuncia, reprendió a los involucrados y los mantuvo en sus cargos.

En mayo, el titular de Aduanas, Ricardo Ahued, salió de la Administración, luego de algunas diferencias con la titular del SAT, Raquel Buenrostro. Es el segundo que no logró permanecer en el puesto, luego del ahora subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.

En julio pasado, el jefe del Ejecutivo tardó cuatro días en aceptar la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien dejó el gabinete tras rechazar que las fuerzas armadas tomen el control operativo y administrativo de los puertos.

Y mientras unos salen del Gobierno, otros escalan posiciones.

Por lo menos dos integrantes de la Ayudantía del presidente fueron incorporados a puestos de primer nivel en el Servicio de Administración Tributaria, a pesar de no contar con experiencia para esos cargos. Se trata de Paloma Rachel Aguilar Correa y Ángel Javier Portugal Dorantes, quienes llegaron a la institución acompañados de parientes y amigos.

La violencia

En el balance del segundo año de Gobierno, el problema de la inseguridad sigue siendo un tema pendiente, a pesar de que la Guardia Nacional, creada por esta Administración, es la corporación con más efectivos desplegados en todo el país, con un total de 81 mil.

El último informe presentado por la SSP ante el presidente refiere que el homicidio doloso en el país registró un aumento de 0.1 por ciento durante el mes de julio como consecuencia de la violencia generada en Guanajuato, tras la detención del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Yépez, "El Marro".

Y pese a que el Gobierno federal sostiene que logró una "línea de contención", este delito ha aumentado 1.6 por ciento en lo que va de este 2020.

El 17 de octubre de 2019, tras el fracaso de un operativo, considerado por las fuerzas federales como una acción precipitada y mal planeada, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue liberado en medio de una ofensiva del Cártel de Sinaloa en Culiacán.

Aunque en su momento se aseguró que la liberación fue una decisión colegiada del gabinete de seguridad, en junio de este año, López Obrador reconoció que él mismo dio la orden para ello.

El 29 de marzo, día en que cumplió años Guzmán López, el Presidente realizó una gira por Sinaloa.

Mientras transitaba por un camino del Municipio de Badiraguato, detuvo su paso y descendió de la camioneta que lo transportaba para saludar de mano a la madre de "El Chapo" Guzmán.

El 4 de noviembre del año pasado, un grupo de sicarios masacró a 12 integrantes de las familias LeBarón y Langford, de los cuales tres eran mujeres y nueve niños. Los hechos se registraron en el estado de Chihuahua, en la zona limítrofe con Sonora. Hasta la fecha, el caso no se ha esclarecido y sólo existe un detenido por homicidio.

El pasado 26 de junio, la violencia de los cárteles llegó a la sede de los poderes federales.

Presuntos sicarios contratados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atentaron contra el Jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

El presidente reconoció que el equipo de inteligencia de su Gobierno había detectado diversas amenazas de organizaciones delincuenciales contra funcionarios federales y locales, como el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

En pronunciamientos públicos, el político tabasqueño ha asegurado que el escalamiento de la violencia no obligará a su Gobierno a negociar con los narcotraficantes.