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Dan revés a Odebrecht; ratifica tribunal inhabilitación

Tribunal federal confirmó a la constructora una inhabilitación por 3 años para contratar con el Gobierno por cobrar en exceso 22 mdp a Pemex

Reforma

Abel Barajas
Agencia Reforma

miércoles, 17 febrero 2021 | 14:18

Ciudad de México.- Un tribunal federal confirmó hoy a la Constructora Norberto Odebrecht una inhabilitación de tres años para participar en procedimientos de contratación del Gobierno federal, por cobrar en exceso más de 22 millones de pesos a Pemex en los trabajos de la Refinería de Tula.

 Por 10 votos contra uno, la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la sanción administrativa impuesta el 12 de abril de 2019 por la Unidad de Responsabilidades en Pemex Transformación Industrial.

 El fallo puede ser impugnado por la constructora a través de un amparo directo, recurso que eventualmente deberá resolver un tribunal colegiado de circuito.

 La irregularidad sancionada se registró en el contrato para el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, suscrito por Pemex Refinación con la empresa brasileña el 15 de febrero de 2014, por poco más de 2 mil 315 millones de pesos.

 De acuerdo con el organismo sancionador, Odebrecht actuó con dolo al realizar cobros en exceso por 8 millones 595 mil 598 pesos por costos de financiamientos en 14 estimaciones y 13 millones 900 mil 283 pesos por utilidades. En total, el cobro indebido fue de 22 millones 495 mil 882 pesos.

 Una parte de la inhabilitación precisa que la utilidad cobrada en exceso fue computada utilizando el 10.823 por ciento a la suma de los costos indirectos, directos y costos de financiamiento.

 "Al estar excedida la base sobre la que fue calculado el cargo por utilidades específicamente en la parte relativa a costos indirectos y costos de financiamiento, ese cargo por utilidad también fue cobrado por Constructora Norberto Odebrecht en exceso", dice. 

En el juicio de nulidad que presentó el consorcio sudamericano, argumentó que la inhabilitación carecía de fundamento y motivación, ya que no se acreditan todos los elementos de la anomalía administrativa ni un error de cálculo en los costos por financiamiento, costos indirectos ni el cargo por utilidad.

 También expuso que se desconocieron las pruebas en su descargo, que el contrato se apegó a la buena fe y honradez, y que no existen elementos para acusar un dolo, ya que la cotización no puede ser un elemento para demostrar un supuesto pago indebido a su favor.

 Pero Manuel Hallivis Pelayo, magistrado ponente, enumeró una serie de oficios, facturas, dictámenes contables, convenios modificatorios, estimaciones y análisis de precios unitarios, para estimar que la sanción fue debidamente fincada.

 Estableció que la determinación del costo y financiamiento fue erróneo, al no haberse considerado que de febrero a julio de 2014 Odebrecht tuvo ingresos y flujos positivos que, lejos de causarle costos, generaron productos financieros que debieron computarse para calcular el costo de financiamiento.

 "Odebrecht no desvirtúa el hecho de haber cobrado en exceso al realizar el cálculo por concepto de costos de financiamiento... sin que ofreciera evidencias la parte actora que probaran que lo determinado por la autoridad es erróneo", dijo el magistrado durante la sesión de este miércoles.

 Hallivis también desestimó en su proyecto de sentencia concederle a los brasileños la reposición del procedimiento, con el argumento de que el 25 de marzo de 2019 la Secretaría de la Función Pública desechó como prueba de descargo el testimonio del residente de obra de Pemex Refinación, Marco Antonio Sierra Martínez.

 El magistrado expuso que la SFP giró oficios para obtener el domicilio del ex funcionario y que, una vez obtenido, se le giraron citatorios. Si bien nunca compareció, el magistrado dijo que eso no es una ilegalidad porque se hizo todo lo posible por comparecerlo pero "nadie está obligado a lo imposible".

 Esta no es la única sanción administrativa contra Odebrecht y sus filiales, ya que en otros tres procedimientos la SFP les impuso dos inhabilitaciones, una por 3 años y otra por 2 años con 6 meses, así como una multa de 543 millones 488 mil 615 pesos.