Diario
Nacional
viernes, 27 septiembre 2019 | 12:36
Ciudad de México— Organizaciones de la sociedad civil acusaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno mexicano de recrudecer su política migratoria en los últimos meses.
Alrededor de 10 colectivos, que a su vez congregan a más asociaciones, aseveraron que la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha privilegiado el enfoque de seguridad en materia migratoria sobre los derechos humanos.
"En pocos meses, el Estado transitó de una política enfocada en derechos humanos a una política de contención, detención y deportación", dijo María Corina Muskus, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Durante la exposición de su postura, en una audiencia en el marco del 173 periodo de sesiones ordinarias de la CIDH, las activistas señalaron el despliegue de 25 mil elementos de la Guardia Nacional.
Así como las condiciones de hacinamiento en las estaciones migratorias y la implementación del Protocolo de Protección para Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) con el que Estados Unidos regresa a solicitantes de asilo a territorio mexicano para que esperen su proceso.
Soraya Vázquez, de Families Belongs Together, afirmó que la administración del asilo hacia Estados Unidos se lleva a cabo a través de listas discrecionales hechas por los propios migrantes en colaboración con el Instituto Nacional de Migración.
"Toda persona que quiera solicitar asilo en Estados Unidos debe anotarse en las listas que operan en las ciudades fronterizas de Tijuana, Piedras Negras, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros", expuso.
Las activistas detallaron que hoy en día permanecen 40 mil personas en espera de su turno y se suman 42 mil solicitantes de asilo que han sido retornados a México bajo el MPP.
"La discrecionalidad en el manejo de la lista en el manejo de la lista ha permitido actos de discriminación, así como corrupción, venta de lugares, y pago de soborno a funcionarios públicos de hasta 800 dólares por adelantar su turno", manifestó Vázquez.
Aseguraron que el Estado no ha adoptado medidas para garantizar las condiciones mínimas de estancia digna y segura para los solicitantes que son regresados por Estados Unidos.
Advirtieron que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE ) coordina operativos en los que cada semana dos autobuses trasladan a alrededor de 80 personas que están dentro del MPP desde la frontera norte a la frontera sur.
"Ahí son abandonados sin certeza alguna", dijo.
Las organizaciones llamaron a la CIDH a solicitar al Gobierno mexicano el retiro de la Guardia Nacional en labores migratorias, así como llevar a cabo una visita a las fronteras norte y sur para que el organismo pueda constatar la situación de los migrantes en México.