Nacional

Caso San Fernando

Convierte el Gobierno a activistas en sospechosas

Abogada que luchó por la justicia después de la masacre en Tamaulipas fue investigada al igual que los Zetas

The Washington Post

miércoles, 24 noviembre 2021 | 06:00

Archivo | Huellas de sangre y restos de ropa de las víctimas

Ciudad de México.— Durante una década, Ana Lorena Delgadillo buscó justicia en una de las atrocidades más notorias de México. La masacre de San Fernando, en Tamaulipas, asombró a la nación con su barbarie: hombres armados sacaron al menos a 193 personas, algunos de ellos migrantes centroamericanos, de los autobuses, los mataron a golpes y arrojaron sus cuerpos en fosas clandestinas. Nadie ha sido condenado nunca.

Delgadillo luchó todo el camino hasta la Corte Suprema para obligar al gobierno a divulgar detalles sobre la masacre de 2011, atribuida ampliamente al cartel de Los Zetas. Finalmente, ganó. Este año, las autoridades entregaron los 271 volúmenes de su investigación a su grupo de derechos humanos. Y allí, en el Volumen 221, el abogado de 48 años encontró algo sorprendente.

Resultó que los Zetas no eran los únicos sospechosos en el caso.

Ella también era una.

Las autoridades mexicanas abrieron en secreto una investigación por crimen organizado sobre Delgadillo y otras dos mujeres que intentaban desentrañar lo que sucedió en San Fernando, según más de 200 páginas de documentos judiciales revisados por The Washington Post.

La apertura de la investigación otorgó a los fiscales poderes especiales para vigilar a las mujeres. Obtuvieron registros de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto. Luego, la policía federal trazó un mapa de sus comunicaciones.

Las tres mujeres se encuentran entre las principales figuras que documentan la crisis de los desaparecidos en México, en la que han contabilizado más de 94 mil personas. Una es una periodista galardonada, Marcela Turati. Otra es una aclamada antropóloga, Mercedes “Mimi” Doretti.

Los registros judiciales, que no han sido revelados previamente, brindan una mirada poco común a cómo el gobierno de México apunta sus considerables capacidades de vigilancia no solo a los criminales sino también a los activistas de derechos humanos, periodistas y otros críticos. Las revelaciones se producen en medio de una protesta por el uso del estatuto especial contra el crimen organizado.

La ley otorga a los fiscales autoridad para monitorear las comunicaciones de los sospechosos, encarcelarlos sin cargos y limitar su acceso a abogados. Fue aprobada en 2008 para luchar contra grupos narcotraficantes tan poderosos que el gobierno mexicano los consideraba una amenaza existencial. Sin embargo, la medida se ha utilizado en los últimos años contra políticos acusados de corrupción, ejecutivos de empresas sospechosos de fraude e incluso 31 científicos de irregularidades presupuestarias.

La investigación de las tres mujeres “es un caso extremadamente revelador de un sistema judicial disfuncional e incompetente que se utiliza habitualmente para el abuso de poder”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El lunes por la noche, Delgadillo presentó una demanda exigiendo que las autoridades cerraran la investigación y examinen los abusos por parte de la Fiscalía Especial para el Crimen Organizado. “Parece que hicieron esto para tratar de encontrar algo y sacarnos del camino”, dijo. “No puedo pensar en ninguna otra explicación”. Señaló que algunos de los miembros del personal que abrieron la investigación todavía estaban trabajando en la unidad.

La Fiscalía General de México niega haber utilizado cargos de crimen organizado para atacar a los críticos. Se negó a comentar el martes sobre el caso contra las mujeres. Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobierno de México, dijo a The Post que la investigación “es una clara muestra de la arbitrariedad que reinaba bajo el antiguo régimen y en la (fiscalía), que criminalizaba a periodistas y defensores de derechos humanos”.

No hay indicios de que la investigación haya revelado alguna evidencia de irregularidades por parte de las tres mujeres. Nunca se archivaron caricaturas.

Delgadillo dijo que la investigación forma parte de un patrón en el que el gobierno ha tratado de desviar la atención de su mal manejo del caso de San Fernando, en el que la policía local presuntamente cooperó con Los Zetas. Las familias de las víctimas se han quejado de confusión en la recepción de los cuerpos y de cremaciones realizadas sin su permiso.

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