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Casos como el de Cienfuegos ya no se enjuiciarán en Estados Unidos

Quienes resultan responsables de acuerdo a nuestras leyes, serán procesados, juzgados y en su caso sentenciados en México, dijo Marcelo Ebrard

Associated Press / Salvador Cienfuegos junto a Enrique Peña Nieto

Associated Press

jueves, 19 noviembre 2020 | 11:37

Ciudad de México— Las autoridades mexicanas dijeron hoy que un acuerdo con Washington para regresar al exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, acusado de ayudar a narcotraficantes, se aplicará a cualquier funcionario acusado de este tipo de actos de corrupción y ya no se les enjuiciará en Estados Unidos.

La explosiva declaración pondría fin a una tradición de décadas en la que la mayoría de los casos notables de narcotráfico y corrupción han sido llevados a tribunales al norte de la frontera.

“Quienes resultan responsables de acuerdo a nuestras leyes, serán procesados, juzgados y en su caso sentenciados en México y no en otros países y esa es la base que se ha alentado este acuerdo”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. “Es lo que se ha convenido, lo que se ha conversado, y lo que se ha sostenido con las autoridades de los Estados Unidos”.

Las autoridades estadounidenses no han dejado entrever que el acuerdo va más allá del caso Cienfuegos.

La declaración de Ebrard no es clara en cuanto a si México continuará extraditando a acusados de narcotráfico para que enfrenten cargos en tribunales de Estados Unidos, como se ha hecho en el pasado, o si solo se refería a funcionarios acusados de colaborar con grupos narcotraficantes.

El martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó el retiro de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el general Cienfuegos, que fue devuelto a México en aras de conservar la cooperación transfronteriza. La decisión tuvo lugar después de que según varios medios, México había amenazado con expulsar al director regional y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el jueves esas versiones: “No amenazamos a nadie, lo único que hicimos fue expresar nuestra inconformidad”.

“No amenazamos nosotros de expulsar a los agentes. Dijimos que queremos que se nos informe y que se respete los acuerdos de cooperación”, agregó.

Sobre el caso, López Obrador dijo que “es una gran injusticia juzgar a inocentes”.

“No se puede permitir que agencias del extranjero juzguen a mexicanos si no hay pruebas”, afirmó el presidente, que describió el caso como un asunto de soberanía nacional. “No porque se trata de agencias o instancias de justicia de otros países que ellos son los poseedores de la rectitud y la justicia”.

Cienfuegos fue regresado el miércoles a México y pronto quedó en libertad.

Ebrard señaló que la investigación sobre Cienfuegos estará “a la altura del prestigio de México y la dignidad de nuestro país”.

Sin embargo, todo el proceso de notificar a Cienfuegos sobre la investigación y el proceso para regresarlo al país duró apenas media hora, mucho menos de lo que tarda un viajero promedio para pasar por aduanas e inmigración.

Al parecer Ebrard está consciente del daño que causaría a la reputación de México si los fiscales mexicanos, como muchos esperan, no presentan sus propios cargos contra Cienfuegos.

“Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación con los Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada”, señaló Ebrard. “Eso sería casi suicida”.

Se desconoce el alcance total de la presión de México y las autoridades respondieron con vaguedades por qué retiraron los cargos en un caso que habían presentado como un gran logro apenas el mes pasado, cuando agentes federales capturaron al general retirado en Los Ángeles.

Dos funcionarios, uno mexicano y otro estadounidense, dijeron que la estrategia de México incluyó amenazar con expulsar al director regional y los agentes de la DEA a menos de que Estados Unidos desestimara el caso. Pero dijeron que eso fue sólo parte de la negociación. No abundaron en detalles.

Los funcionarios solicitaron no ser identificados porque no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas sobre el caso.

Una jueza en la Ciudad de Nueva York aceptó desestimar el miércoles los cargos, en un veloz giro de un caso que suscitó fuertes protestas de altos funcionarios en México y amenazó con dañar la delicada relación que permite a investigadores de ambos países perseguir juntos a jefes del narcotráfico.

México presentó el caso como una victoria de la soberanía del país y su demanda de que Estados Unidos lo trate como un socio igualitario, una postura sorprendente debido a que la mayoría piensa que el sistema judicial en México —y autoridades corruptas— son los eslabones más débiles del país en la lucha contra el narcotráfico.

Cienfuegos, de 72 años, fue acusado formalmente en secreto por un jurado investigador federal en 2019 en Nueva York. Estaba causado de confabulación con el cártel H-2 en México para contrabandear miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana cuando fue secretario de la Defensa de 2012 a 2018.

Según la fiscalía, mensajes interceptados mostraron que Cienfuegos aceptó sobornos a cambio de garantizar que el ejército no combatiera al cártel y que se emprendieran operaciones contra grupos delictivos rivales. También se le acuso de presentar a jefes del cartel a otras autoridades mexicanas corruptas.

Las autoridades mexicanas se quejaron de que Estados Unidos no compartió pruebas contra Cienfuegos y que su arresto causó sorpresa. También suscitó alarma al interior de las fuerzas armadas de México, que han tenido un papel crucial en la lucha contra los cárteles del narcotráfico.