Cancelan amparo de Zerón contra captura en Caso Iguala

Ciudad de México.- Un tribunal federal canceló el trámite de un amparo promovido por Tomás Zerón de Lucio, contra la orden de aprehensión que pesa en su contra por las supuestas torturas a un presunto narcotraficante implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Décimo Tribunal Colegiado Penal en esta capital sobreseyó o dejó de tramitar el amparo en revisión del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el argumento de que existe otro amparo en curso contra el mismo mandamiento de captura.

Los magistrados del colegiado confirmaron el fallo de primera instancia dictado por Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México, quien resolvió en octubre pasado que esta demanda de garantías era improcedente porque Zerón lo presentó contra los mismos actos que ya combatía en otro amparo.

Los hechos que le atribuyen en este asunto son las torturas a Felipe Rodríguez Salgado "El Cepillo", operador del grupo criminal "Guerreros Unidos", tras su detención en 2015.

En julio del 2020 circuló en redes sociales un video en el que aparece el ex mando policiaco al frente de un interrogatorio en el que "El Cepillo" se encuentra sometido y rodeado por otros elementos de la corporación.

En las imágenes, el presunto sicario aparece sentado, esposado y encapuchado; a Zerón le imputan amenazarlo y amedrentarlo para que cooperara con las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Por esta imputación, el 23 de abril de 2021 un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur ordenó la aprehensión del ex jefe de la AIC por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos.

Contra Zerón se han girado 5 mandamientos de captura, dos de ellas relacionadas con el Caso Iguala, por tortura y desaparición forzada, y 3 por los delitos de peculado, asociación delictuosa, uso indebido de atribuciones y facultades y fraude equiparado.

En estas últimas le imputan compras supuestamente ilegales por 850 millones de pesos de 24 camionetas y equipos de espionaje para el Programa Tayopa; también un contrato de plataformas digitales por 250 millones de pesos; y pagos de más de 99 millones a distintas empresas contratistas, entre ellas la que hizo el proyecto arquitectónico del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la PGR en Querétaro.