Buscan que Ejecutivo controle donativos

Ciudad de México— La Cámara de Diputados aprobó la expedición de la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, la cual plantea que el Ejecutivo federal concentrará el control, administración y distribución de los donativos para el auxilio de la población otorgados por personas físicas y morales nacionales o extranjeras, Gobiernos y organismos internacionales.

El dictamen aprobado por el pleno con 348 votos a favor, 66 en contra y 45 abstenciones luego de rechazar una a una las reservas presentadas, pone a consideración del Gobierno federal la aportación de recursos para atender los desastres que ocurran en los estados, sustituye el extinto Fonden con programas de gestión de riesgos y crea la Agencia de Gestión Financiera de Riesgos Públicos para determinar, proponer y contratar instrumentos de administración y transferencia de riesgos.

El proyecto establece la obligación de contar con programas de gestión del riesgo de desastres y protección civil, los cuales, en el caso de los locales, se integrarán a través de los recursos aportados por las respectivas entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, así como por donaciones.

El documento plantea que el Gobierno federal "podrá" otorgar subsidios a los estados, pero éstos quedarán sujetos a los recursos aprobados para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

"Dichos programas de gestión de riesgo de desastres y protección civil se integrarán a través de los recursos aportados por la respectiva entidad federativa, en su caso por los municipios, demarcaciones territoriales y por donaciones de personas físicas y morales nacionales o extranjeras.

"El Gobierno federal podrá otorgar subsidios a las entidades federativas conforme a los recursos que, en su caso, sean aprobados para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin rebasar las aportaciones que hubiesen realizado en el ejercicio fiscal correspondientes las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales", señala.

El proyecto que fue enviado al Senado de la República sostiene que con la finalidad de atender situaciones de emergencia, desastres o procesos de reconstrucción, el Gobierno federal a través de sus dependencias y entidades podrán recibir donativos que realicen personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, así como Gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

Estos, agrega, se concentrarán en la Tesofe, y serán las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público las encargadas de su administración, control y distribución.

"Los donativos recibidos se concentrarán en la Tesorería de la Federación en términos de las disposiciones previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

"Las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público establecerán las disposiciones con apego a lo que determine el reglamento de la presente ley y en el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional, para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de donativos que se aporten con fines altruistas para la atención de emergencias, desastres o programas de reconstrucción", agrega.

La diputada del PAN, Sara Rocha, advirtió que el proyecto plantea el desmantelamiento de la protección civil tal y como se conocía hasta este momento, ya que uno de sus problemas fundamentales es que no establece atribuciones básicas por orden de Gobierno, ni mecanismos institucionales de colaboración que permitan delimitar correctamente los tramos de control y responsabilidad.

Recordó que hasta ahora, las declaratorias de emergencia son mecanismos a través de las cuales el Gobierno federal se compromete a ayudar a la población afectada y a hacerlo de manera coordinada con las instancias locales.

La legisladora lamentó que el proyecto de nueva ley sustituya esta obligación con las palabras "podrá otorgar".

"La declaratoria de emergencia establece el compromiso del Gobierno de ayudar a la población afectada, de hacerlo de manera coordinada, con las instancias locales, brindando apoyo logístico y financiero. La Federación tenía la obligación de otorgar recursos, en la nueva ley se sustituye por un 'podrá otorgar' que deja a la población afectada a merced de lo que el Gobierno federal, es decir, el Presidente, decida que merece el apoyo", indicó.

Verónica Sobrado, también del PAN, criticó que el Gobierno federal pretenda renunciar a su responsabilidad de otorgar recursos para la atención de desastres, pero busque quedarse con el control, manejo y distribución de los donativos.

La legisladora se pronunció a favor de que los gobiernos locales puedan seguir recibiendo donativos, como sucede hasta ahora, y porque el control de éstos no se centralice, ya que se corre el riesgo de que sean manejados con discrecionalidad.

"En conclusión, esta ley traslada la atención de emergencias y reducción de riesgos a los estados, pero se queda con los recursos a nivel central, privilegiando la opacidad y la discrecionalidad", dijo.

En su turno, el diputado de Movimiento Ciudadano, Jacobo David Cheja, advirtió que la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó para 2021 sólo 200 millones de pesos para prevención, lo que calificó como una burla.