Nacional

Buscan fianza para detenidos en redada

Cónsules que atienden a mexicanos pretenden que lleven su proceso en libertad porque las cortes en EU están saturadas

Reforma / Associated Press

sábado, 10 agosto 2019 | 06:00

Associated Press

Ciudad de México— Los cónsules que están atendiendo a los 88 mexicanos que permanecen detenidos tras redada en Mississippi buscan que lleven su proceso en libertad.

 La estrategia, de acuerdo con Alicia Kerber, cónsul en Houston, es que las autoridades les permitan pagar fianza y llevar su proceso en libertad porque las cortes migratorias en Estados Unidos están muy saturadas actualmente.

 Además de que los centros de detención, dijo, tardan entre 2 y 3 semanas en enviar los expedientes de los detenidos a los jueces migratorios.

 “Desde ayer que nos instruyó la Cancillería, hacemos entrevistas muy detalladas a cada uno de los detenidos para saber cómo fueron detenidos, si tienen la custodia de sus hijos, cuánto tiempo llevan viviendo en Estados Unidos, etc., porque esto nos da elementos para saber si podemos tener un caso de éxito”, explicó en entrevista con Reforma.

 La ministra fue enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a Basile, Louisiana, luego que 18 mujeres fueron enviadas ahí tras ser detenidas en distintos operativos en empresas procesadoras de alimentos en Mississippi el pasado miércoles.

 Así como ella, el cónsul en Little Rock, Rodolfo Quilantán, fue comisionado a Jena, Louisiana, donde otras 12 mujeres se encuentran detenidas y la encargada de negocios del Consulado en Nueva Orleans, Juana Deluera, en Natchez, Mississippi, donde hay 57 hombres mexicanos detenidos.

 “La información de las entrevistas se la hacemos llegar a los abogados y ellos nos dan una opción más sustentada en cada caso”, señaló Kerber. 

 Aseguró que en el caso de las 18 mujeres que se encuentran en Basile, ya fueron entrevistadas 17 y que la mayoría tiene un caso que podría ser exitoso y ser procesado en libertad.

 “Muchas de ellas podrían acceder a fianza, y más adelante una suspensión de la deportación, que a la larga se traduce en conseguir derechos para acceder a una residencia en Estados Unidos”, aseguró.

 “Sobre todo porque no sólo se trata de mujeres migrantes, sino de madres de familia”, agregó. 

 La última mujer no pudo ser entrevistada porque estaba siendo atendida por doctores en el centro de detención porque sufre de depresión por lo acontecido y volverán a intentar entrevistarla el lunes, dijo la cónsul.

Plantas sabían que contrataban indocumentados

Seis de las siete plantas donde las autoridades de inmigración realizaron redadas el pasado miércoles empleaban “intencional e ilegalmente” a personas que carecían de autorización para trabajar en Estados Unidos, incluso trabajadores que llevaban brazaletes de monitoreo electrónico al trabajo por violaciones inmigratorias previas, según documentos oficiales.

Los investigadores federales tras la mayor redada inmigratoria en una década usaron informantes confidenciales en el interior de las plantas, además de los datos de los brazaletes de monitoreo para poder sustentar su operación, según los documentos.

Las declaraciones juradas fueron la base de las órdenes de registro que llevaron al juez a autorizar las redadas del miércoles y, aunque no son cargos oficiales, permiten dar un primer vistazo detallado a la evidencia involucrada en lo que funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han descrito como una investigación de un año de duración.

Las autoridades arrestaron a 680 personas durante el operativo del pasado miércoles en siete plantas procesadoras de carne de pollo en Mississippi.

Las declaraciones afirman que los gerentes en dos de las plantas propiedad del mismo hombre chino parecían participar activamente en el fraude. También muestran que supervisores en otras plantas se hicieron de la vista gorda ante evidencia que parecía indicar que los solicitantes de empleo utilizaban documentos falsos y números de Seguridad Social robados o inventados.

Los documentos indican que las autoridades federales tienen evidencia tomada de los brazaletes de monitoreo electrónico de que en las siete plantas cateadas trabajaban personas que ya habían sido arrestadas por violaciones inmigratorias y no podían trabajar en Estados Unidos.

El número de condenas criminales por contratar a personas sin documentos está en su nivel más bajo en la historia porque los fiscales deben demostrar que los empleadores contrataron a sabiendas a personas que están en el país sin autorización. Los empleadores con frecuencia afirman que fueron engañados con documentos fraudulentos.

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