Avalado pero no garantizado: un calvario el aborto en México

Ciudad de México.- Tatiana dice que no se considera feminista y no tenía una opinión firme sobre el aborto, hasta que atravesó por un embarazo no deseado.

Vive en Sinaloa, donde el aborto ya es legal, pero, por trabas en su aplicación, tuvo que continuar con su embarazo. Historias similares se escuchan en las otras 9 entidades que lo han aprobado. 

Tatiana no es menor de edad, su hijo no fue producto de una violación, pero iba a la mitad de la carrera de Administración en Sinaloa y deseaba titularse.

En esa entidad, el aborto se avaló el 8 de marzo de este año, y entró en vigor el viernes 11. Para ese entonces, ella tenía dos meses de embarazo. Acudió a un centro de salud de jurisdicción federal y al hospital de competencia estatal en Los Mochis.

"Yo pensé que sería de las primeras en recibirlo, pero pues no es una noticia que quieran difundir, nadie lo quiere practicar. En el centro me dijeron que no tenían todavía instrucciones y que ellos no lo practicaban, pues que sería en un hospital, fui al hospital y me pidieron que esperara porque pues no había médicos que lo practicaran", relata quien pidió modificar su nombre.

Tatiana cuenta que fue una experiencia negativa porque, además, personal administrativo intentó hacerla desistir e infundirle miedo.

"Yo les pregunté que cuánto tiempo (tenía que esperar) y sólo movieron la cabeza. Yo no lo quería tener, me cuidé, pero no sé pues qué fue y pues yo quería estudiar, seguir estudiando, (ahora) ya ni sé.

"Salí y se hablaban las enfermeras y no me dejaron de ver hasta que me fui. Sentí que iba a pedir como prestado, me sentí tan mal, mucho, porque hasta una señora me dijo que si no fui violada me podían hasta meter a la cárcel, me dio miedo y ya no insistí, supe ya después que caí en engaño", agrega.

En Sinaloa, el Congreso estatal aprobó esta práctica para permitir de manera libre la interrupción legal del embarazo hasta la semana número 13 de gestación, y sólo lo penaliza después de este periodo.

El 22 de marzo, el Secretario de Salud de la entidad, Héctor Melesio Cuen, informó que no se había practicado ningún aborto hasta ese día. Indicó que se esperaban solicitudes o interesadas y que los hospitales estaban preparados para proporcionar el servicio.

El proceso de adaptación en la entidad fue lento. En el estado, el ojo estaba sobre el Hospital de la Mujer en Culiacán, señalado por negar un aborto en 2018 a una adolescente que fue violada.

En ese nosocomio, el 8 de abril (un mes después de su aprobación), se practicó el primer aborto. Al 6 de mayo, se habían practicado tres en Sinaloa según el titular de salud estatal.

En esa entidad, la Iglesia católica amagó con excomulgar a diputados que votaron a favor de esta práctica.

Según datos de medios locales, hasta el 8 de junio, al menos 100 mujeres habían accedido a este derecho.

'Obligada' a pagar

Mónica cuenta que es maestra, que en sus planes de vida no está tener hijos, que ya tenía problemas con su pareja, y de repente interrumpe: "¿pero realmente importa el motivo por el que quería abortar?".

El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que penalizaba el aborto hasta con tres años de prisión.

Con ello, se permitió practicarlo en la entidad en la que Mónica nació, pero a ella, el sistema de salud estatal se lo negó.

Relata que en enero de 2022 acudió al Hospital General de Saltillo, donde le dijeron que no tenían aún autorizado ese procedimiento.

"Fui dos veces y una vez hasta les llevé un periódico donde decía que ya era legal, me dijeron que 'sí, pero no'", comenta.

Cuenta que también se enfrentó al estigma y a la falta de información.

"La discriminación de la sociedad es lo más difícil, pienso. Casi te gritaban en la cara que ahí no hacían abortos, y las señoras ni te cuento (la juzgaron)", añade.

Segura de ejercer su derecho, viajó a la Ciudad de México, donde la saturación de servicios gratuitos, dice, la obligó a pagar el procedimiento en una clínica privada.

Se lo practicó a las 9 semanas de gestación, pagó 11 mil pesos. Explicó que por cada semana de gestación se le cobró mil pesos, más los honorarios del personal que apoyó en este servicio.

Le realizaron una Aspiración Manual Endouterina (AMEU), o sea, la succión del contenido uterino.

La Red de Aborto Seguro de Saltillo (RASS) denunció que en 2021 fue negado el servicio en el Hospital General de Saltillo.

De acuerdo con datos de la organización, ese año, el colectivo ayudó a 284 mujeres a abortar y, en la entidad, actualmente se enfrentan incluso a las negativas de las farmacias de vender fármacos como la píldora del día después.

"A una miembra de la RASS le dijeron que ahí no vendían pastillas del día siguiente porque eran pecado. La capacitación que les dan en esa cadena de farmacias incluye adoctrinamiento religioso", sostienen en esta red.

Por la 'amiga de una amiga'

Lily tiene 19 años, llamó a la línea de Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), donde reprochó que no le supieron explicar en dónde y cómo podría abortar, inclusive, dice, le colgaron.

Ella aún no trabaja, y no sabía cómo justificar un gasto de 800 pesos que le pedía "la amiga de una amiga" para pagar las pastillas con las que podía abortar.

Tardó dos semanas en juntarlos, pero, para ese entonces, el gasto subió a mil pesos porque la vendedora le dijo que, debido al tiempo transcurrido y a que tenía seis semanas de embarazo, debería ahora usar no uno, sino dos medicamentos.

Para un fármaco le dieron tres opciones, por la boca, debajo de la lengua o por la vagina. Eligió la tercera por considerar que actuaría mejor, sangró, pero días después la prueba salió positiva.

Tuvo que realizar nuevamente el proceso. Tardó otras dos semanas en juntar el dinero y a las ocho semanas de embarazo consiguió abortar.

"Sentí que me iba a morir. No paraba de sangrar, me dolía el vientre, me dolía la cabeza y estaba muy mareada", recuerda.

Su amiga, otra joven de 19 años fue su confidente y su acompañante.

El 25 de septiembre de 2019, el Congreso de Oaxaca avaló el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En mayo de este año 2022, organizaciones lanzaron la campaña informativa "En Oaxaca tienes derecho al aborto seguro".

Activistas aseveran que las mujeres oaxaqueñas no cuentan con información suficiente, pues desconocen cómo acceder a este servicio.

De acuerdo con datos de los SSO, citados por el Centro de Estudios de las Mujeres y Paridad de Género del Congreso local, en la entidad se registra anualmente un promedio de 2 mil 300 abortos clandestinos.

Sin embargo, se estima que por cada aborto registrado existen cuatro que no son reportados, lo que equivale a una cifra aproximada de 9 mil 200.

Víctimas de la falta de información

La falta de información y de personal capacitado son deficiencias detectadas en entidades donde se ha despenalizado el aborto.

El pasado 13 de abril, sin acompañamiento, Yazmín falleció tras practicarse un aborto en Veracruz. Ella era enfermera en el Hospital Regional de Río Blanco.

Decidió que a sus 27 años no quería ser madre y se suministró un medicamento por vía intravenosa. Ya débil, llamó al número de emergencias, pero al llegar los cuerpos de ayuda la encontraron desangrada e inconsciente. Falleció en el traslado al hospital.

Apenas unas semanas después de que en Hidalgo se despenalizara el aborto, el 20 de julio de 2021 el Congreso de Veracruz votó a favor de avalarlo hasta las 12 semanas de gestación.

De acuerdo con información oficial del estado, el primero se practicó el 2 de agosto de 2021 en el Centro de Alta Especialidad, y para abril de 2022 se tenían registrados 108, de los cuales, 5 se realizaron por la técnica de aspiración manual y el resto con pastillas.

En Oaxaca, Coahuila, Baja California, Colima, Guerrero y Baja California Sur la historia se repite.

También se han registrado quejas por falta de personal o empleados capacitados, la oposición de objetores de conciencia que no direccionan al paciente con otro médico que pueda garantizar el aborto, por falta de información o negación del servicio, e incluso criminalización para quien lo solicita.

En la Ciudad de México, durante la pandemia por Covid-19 los servicios gratuitos de ILE cayeron alrededor de 42 por ciento.

Contagios entre personal y la reducción de aforos, saturaron las clínicas en la capital del País, donde per se se tiene una alta demanda, puesto que reciben a mujeres de diversas partes de la República.

Especialistas no están capacitados

En Hidalgo ha pasado más de un año desde que se despenalizó el aborto. Organizaciones civiles acusan que en instituciones de salud faltan medicamentos, personal capacitado e información que garantice el acceso a este servicio gratuito.

De acuerdo con Seiin A.C., organización pro derechos humanos, ante deficiencias, son las organizaciones quienes asumen la tarea que le corresponde al Gobierno.

El 30 de junio de 2021 se despenalizó el aborto hasta las 12.6 semanas de gestación en el estado de Hidalgo. Fue el tercer estado del País en hacerlo.

Según la asociación, durante el periodo julio-diciembre de 2021 se practicaron 189 abortos en instituciones que forman parte de la Secretaría de Salud de Hidalgo.

No obstante, de julio de 2021 a mayo de 2022, tan sólo la organización Di Ramona ha acompañado 917 abortos, sin contar los que realizan otras organizaciones, colectivas o acompañantes de manera independiente.

"Mismos (servicios) que evidencian el reto al que se enfrentan las instituciones para que las mujeres acudan a recibir el servicio, mismos que representan más de cuatro veces los realizados en los espacios de SSH (Secretaría de Salud de Hidalgo)", indica.

"Hacemos un llamado al Ejecutivo electo a garantizar el acceso al aborto en Hidalgo con presupuesto y atención adecuada", añade.

Asociaciones han documentado que adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar han manifestado que presentan dificultades para acceder a un aborto seguro y gratuito.

Algunas de éstas son que el personal médico se niega a realizarlo o bien, estigmatizan a las personas que reciben el servicio, principalmente porque desconocen las reformas legales y protocolos vigentes.

Señalaron que otro pendiente es la apertura de las Clínicas de Salud Sexual y Reproductiva en los municipios de mayor población como lo indicó el Secretario de Salud en Hidalgo en diciembre de 2021.

La ONG identificó 16 clínicas que garantizan este derecho, de las que tres se encuentran en la capital.

Debido a la falta de información, feministas han abierto una plataforma en redes sociales llamada ILE Hidalgo, desde donde se ofrece información y orientación sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros seis meses de 2020 se registraron 11 denuncias en Hidalgo cuyo delito especificado era el aborto.

Pasos dados, pero obstáculos no superados

 Fernanda Díaz de León, subdirectora de incidencia de Ipas Latinoamérica y el Caribe (LAC), refiere que la despenalización del aborto es apenas el primer paso y no genera de inmediato la prestación de los servicios.

Refiere que entre los obstáculos se encuentra que esta práctica todavía está altamente estigmatizada en la sociedad, los profesionales de la salud no cuentan con los conocimientos técnicos necesarios para prestar los servicios, y existe un desconocimiento de la ley por parte del personal y de los alcances de la despenalización.

"Desconocen sus obligaciones, entonces todos esos son retos que hay que trabajar y que hay que eliminar esas barreras a partir de que se da la despenalización", apunta en entrevista.

Explica que entre el personal de salud se suele utilizar la figura de la objeción de conciencia para no otorgar el servicio.

Sin embargo, dice que si bien ésta es una prerrogativa que la ley otorga, también la misma legislación confiere obligaciones a los funcionarios para que las mujeres puedan acceder al aborto.

Díaz de León comenta que, además, algunos empleados de salud no están capacitados sobre las técnicas seguras para otorgarlo, dosis de medicamentos, e incluso realizan procedimientos como el legrado sobre el que la Organización Mundial de Salud (OMS) ha alertado por los riesgos que conlleva.

"Esto también genera que los profesionales de la salud piensen en el proceso de aborto como algo complicado, peligroso para la salud de las mujeres, cuando esto, en realidad no es así", añade.

Indica que algunas mujeres presentan amparos para acceder a los servicios, pero en éstos se tiene como limitante el factor tiempo porque la gestación continúa su curso.

Otro reto, comenta, es que no se registra correctamente el número de servicios otorgados, solicitados y a cuántas personas se les niega, lo que, advierte, dificulta que se haga una programación y planeación de los insumos necesarios para dar la atención.

En tanto, Melissa Ayala, coordinadora del área de Documentación y Litigio de GIRE, refirió que en los distintos estados donde se ha despenalizado el aborto, las colectivas suelen reportar quejas por negativas de autoridades a solicitantes.

Comenta que una inconformidad frecuente es la falta de insumos y médicos, puesto que además de que existe carencia de personal, algunos no aceptan practicarlo por la objeción de conciencia.

Recuerda que el aborto por violación es legal en todo el País, por lo que en todos los estados se tendría que prestar el servicio.

"Nos tenemos que enfocar en garantizar el acceso y, para poder garantizar el acceso, necesitamos autoridades con voluntad política para realizarlo. La falta de coordinación desafortunadamente es un tema que nos aqueja en todos los rubros, pero de manera muy específica en este tema que nos convoca hoy por supuesto que también es crucial", considera.

Ayala lamenta que, pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de septiembre de 2021 que prohíbe criminalizar a quienes se practican un aborto, las mujeres siguen siendo tratadas como delincuentes.

"Hemos acompañado casos aún después de la sentencia de la Suprema Corte en donde a las mujeres se les criminaliza, se les inician carpetas de investigación por interrumpir", lamenta.

¿Qué estados ya legislaron?

Hasta el momento son 10 las entidades del País que ya despenalizaron o legalizaron el aborto.

-Ciudad de México

Desde abril de 2007

-Oaxaca

Desde septiembre de 2019

-Hidalgo

Desde junio de 2021

-Veracruz

Desde julio de 2021

-Coahuila

Desde septiembre de 2021

-Baja California

Desde octubre de 2021

-Colima

Desde diciembre de 2021

-Sinaloa

Desde marzo de 2022

-Guerrero

Desde mayo de 2022

-Baja California Sur

Desde junio de 2022