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Nacional
lunes, 17 junio 2019 | 06:21
Ciudad Juárez— A casi dos años de la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los brazos estatales de este mecanismo se encuentran paralizados por la intervención de gobernadores y legisladores que han obstaculizado la correcta implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA).
Una investigación desarrollada por la organización ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas en 10 entidades muestra, además, que en todos los casos hubo acciones para bloquear la participación de la sociedad civil en esos sistemas, independientemente del origen partidista del Gobernador respectivo.
También encontró que han complicado la conformación de las estructuras, el presupuesto y el marco legal para garantizar la operación de los Consejos de Participación Ciudadana (CPC).
Los estados revisados fueron Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.
Por ejemplo, en Baja California "el PAN en el Congreso y en el Gobierno del Estado, con dolo, alevosía y ventaja, está congelando nombramientos para afectar este esfuerzo ciudadano", señala el diputado Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California (PBC).
Esta entidad, que a partir de noviembre será gobernada por Morena, tras 30 años de dominio panista, es una de las tres que todavía no tienen fiscal anticorrupción. Las otras son Baja California Sur y Ciudad de México.
A Juan Manuel Carreras, Mandatario de San Luis Potosí (PRI), lo señalan de propiciar un letargo que alcanza tintes surrealistas, pues el Periódico Oficial estatal tardó ocho meses en publicar la toma de protesta de los miembros del CPC, y, cuando lo hizo, nombró como presidenta a una integrante que ya había renunciado al cargo e inclusive que ya había fallecido.
San Luis Potosí es además uno de los seis estados que no cuentan con Secretaría Ejecutiva del SEA. Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala tampoco han nombrado al brazo directivo que por ley debería velar por la rendición de cuentas.
ETHOS documentó además que los procesos se alejan de las mejores prácticas en aspectos como la armonización de leyes con respecto al modelo nacional, lo cual indica la falta de voluntad política en los Congresos locales.
En Nuevo León, Daniel Butruille, integrante de Ciudadanos Contra la Corrupción, dice que los coordinadores de las bancadas de diputados de Nuevo León "son los que definen los rumbos; ellos son realmente los portavoces de la partidocracia".
Javier Garza y Garza, Fiscal Anticorrupción de la entidad, reconoce que tiene en su escritorio 177 expedientes sin resolver, por trabas de funcionarios poco acostumbrados a la rendición de cuentas.
La Ciudad de México, por ejemplo, tiene un rezago que se remonta a la Administración de Miguel Ángel Mancera (PRD), quien dejó el cargo en marzo de 2018 sin impulsar el nombramiento del fiscal anticorrupción. A la fecha, dicha silla sigue vacía, al igual que los asientos del Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva.
En Chihuahua, René Moreno, miembro del Comité de Participación Ciudadana, acusa al Gobierno de Javier Corral (PAN) de irresponsabilidad administrativa, pues la Secretaría de Hacienda escatima fondos que ya están autorizados. "Lo que han querido que avance, avanza, y lo que no han querido, lo frenan a como dé lugar", dice.
En Veracruz, Sergio Vázquez, presidente del CPC, lamenta la decisión del Gobernador Cuitláhuac García (Morena) de recortar a la mitad el presupuesto solicitado: pasó de 40 a 20 millones de pesos.
Además, en esta entidad estigmatizada con uno de los casos más insultantes de corrupción, el del ex Gobernador Javier Duarte, el Comité Coordinador del SEA, desde su instalación en agosto de 2018, no ha incidido la investigación y seguimiento a los casos de desvío de recursos públicos que marcaron esa administración.
También ha sido omiso ante las acusaciones de presunto tráfico de influencias y la asignación de contratos de servicios y obra pública otorgados al primer círculo de Miguel Ángel Yunes Linares.
Mimetismo Ethos encontró resistencias a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y sus réplicas estatales, que plantean requisitos de honorabilidad para quienes aspiren a ser secretario técnico o miembros del CPC, pues la idea es que sean probos y apartidistas, además de capacitados en el combate a la corrupción.
En Guerrero, uno de los integrantes del CPC, Ignacio Rendón Romero, pasó ocho años como auditor general del Gobierno del estado, desde 2002, con el priista René Juárez Cisneros, hasta 2010, con el perredista Zeferino Torreblanca.
En Tabasco, el pasado 6 de mayo fueron nombrados Fernando Vázquez Rosas y Mileyli María Wilson Arias como reemplazos de miembros del CPC que renunciaron. El primero ocupó dos cargos en el sexenio de Arturo Núñez: como vocero especializado en seguridad pública y, en la recta final, ocupó la titularidad de la Comisión de Radio y Televisión.
En tanto, Wilson Arias fue secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y asesora del ex fiscal del estado, Fernando Valenzuela Pernas, cuando fue diputado local
Resistencias Nuevo León tiene completa su estructura del SEA, pero ha sido exhibido por su inoperancia en el tratamiento de casos de presunta malversación de fondos.
Javier Garza y Garza reconoce que tiene en su escritorio casi 200 expedientes sin resolver por trabas de funcionarios.
"Tengo más de mil 900 oficios girados solicitando información a todas las instancias, se las pido de una forma y de otra, porque la dan mocha o no la dan; es un batallar", dice.
El actual Gobernador, Jaime Rodríguez, no simpatiza con el SEA y pidió su anulación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que debería ser la ciudadanía y no la Comisión de Selección elegida por el Congreso quien propusiera las ternas para nombrar a los fiscales general, anticorrupción y electoral. Su controversia fue rechazada.
Los legisladores retomaron el control y el Mandatario respondió aferrándose a un encargado de la Contraloría para evitar una ratificación que tendría que atravesar por el Congreso
Lentitud Al tomar protesta como Gobernador de Chihuahua, el 4 de octubre de 2016, Javier Corral prometió que esta entidad sería ejemplo nacional en la implementación del SEA.
Pero su maquinaria es de las más lentas a nivel nacional. La Ley Estatal del Sistema Anticorrupción se publicó el 21 de octubre de 2017, un año después de la toma de posesión del Mandatario panista, para colocarse, junto a Veracruz, como los últimos estados en promulgarla.
A la fecha aún no se ha integrado el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ni se ha aprobado la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado, que lleva un proceso contra los desvíos del ex Gobernador César Duarte.
Para René Moreno, miembro del CPC, la falta del TJA es responsabilidad directa del Gobierno actual, pues a pesar de que ya se había aprobado la ley correspondiente, se tardó nueve meses en publicarla en el Periódico Oficial, lo cual ocurrió apenas en marzo pasado.
Burocracia En Baja California llevaron al paroxismo la participación ciudadana, pues la intervención de los 15 integrantes del CPC -un número tres veces mayor que en los sistemas del resto del País-, así como de los 22 miembros del Comité Coordinador (11 autoridades y 11 ciudadanos) hace más difícil llegar a acuerdos.
En palabras del titular del Instituto de Transparencia del Estado, Octavio Sandoval, el proceso se ha vuelto lento y tortuoso.
"Es un modelo muy burocratizado, con demasiadas instituciones públicas involucradas y, al tomar decisiones, las discusiones se tornan complejas y eso hace que no haya avances importantes".
En Quintana Roo, el SEA no ha sesionado formalmente desde su instalación en julio de 2018, no registra resultados o acciones contundentes, y su trabajo es inexistente para el común de la población, familiarizada con la corrupción.
"Al sistema le hace falta una victoria concreta, visible. No necesariamente que alguien vaya a la cárcel, pero sí un éxito pronto, concreto", afirma el presidente de la Coparmex Cancún, Adrián López.
Limitan gasto
La Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, San Luis Potosí, Chiapas y Campeche no tienen asignado presupuesto este año para sus sistemas estatales anticorrupción, de acuerdo con una revisión de la organización Ethos.
Además, solo siete entidades asignaron más de 20 millones de pesos para ese proyecto.
Encabeza Estado de México con 93.5 millones de pesos, seguido de Jalisco con 50.1, Puebla con 32.5, Coahuila con 28.3, Nuevo León con 22.3, Tabasco con 22.1, y Veracruz con 20 millones de pesos para 2019.
De los 18 estados con presupuestos inferiores a los 20 millones de pesos, el más bajo es Baja California Sur con 2.5 millones de pesos para su sistema anticorrupción.