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Nacional

Apuntalan acusación a Robles

La Fiscalía General de la República busca llevarla a juicio con un total de 288 datos de prueba

Abel Barajas
Agencia Reforma

viernes, 28 agosto 2020 | 06:00

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Ciudad de México— La Fiscalía General de la República busca llevar a juicio a Rosario Robles con un total de 288 datos de prueba. 

De acuerdo con informes judiciales, se trata de 232 documentos de distinta índole y 56 testimonios, una buena parte de ellos de integrantes de los equipos de la Auditoría Superior de la Federación (FGR) que practicaron las revisiones de las cuentas públicas de 2013 a 2018. 

Entre los testigos que ofreció la FGR están Juan Manuel Portal, extitular de la ASF, y Muna Dora Buchain Abulhosn, extitular de la Dirección General de Asuntos Forenses del organismo auditor. 

También ofreció la declaración de tres exsubordinados de Robles, quienes negociaron un criterio de oportunidad, a fin de colaborar en las investigaciones de la FGR a cambio de que sea cancelada la acción penal en su contra. 

Uno de ellos es Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, quien actualmente está procesado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. 

Los otros son José Antolino Orozco, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, y Marcos Salvador Ibarra, exdirector general de Coordinación de Delegaciones, ambos en la Sedatu y la Sedesol, a quienes desde hace meses les cancelaron sus audiencias de imputación. 

Todas las pruebas de la Fiscalía están asentadas en el escrito de acusación que presentó la FGR el 25 de agosto ante el juez de control Ganther Alejandro Villar, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. 

En su escrito, pide que le sea impuesta una condena de 21 años de prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público y el pago de una multa de 3 millones 561 mil pesos. 

La acusación señala que Robles fue omisa en el sexenio pasado ante los desvíos que realizaron sus subordinados en la Sedatu y en la Sedesol por una suma de 5 mil 73.3 millones de pesos, cantidad por la que también se le exige la reparación del daño. 

Las pruebas documentales, en su mayoría, están relacionadas con los testigos que la FGR pide que sean citados en el juicio.

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