Diario
Nacional
martes, 10 septiembre 2019 | 20:36
Ciudad de México— Con críticas del PAN, PRI, PRD y legisladores sin partido, el Senado aprobó en lo general y lo particular un paquete de reformas que endurecen las penas contra empresas y personas que expidan o usen facturas falsas para defraudar al fisco.
La reforma, impulsada por Morena, fue respaldada por las bancadas de Movimiento Ciudadano, PVEM, PES y PT.
Acción Nacional y el PRI calificaron la reforma como un instrumento de "terrorismo fiscal" y de "extorsión institucional", al señalar que criminaliza a contribuyentes que, sin dolo, cometan errores en su declaración fiscal.
La principal crítica de la Oposición, que secundó el independiente Emilio Álvarez Icaza, fue que el uso de facturas falsas se considere un delito contra la seguridad nacional y de delincuencia organizada.
El delito ameritaría la prisión preventiva de oficio y elevaría la pena de 5 a 8 años.
El senador panista Julen Rementería acusó que las nuevas disposiciones permitirían al Gobierno federal perseguir a la iniciativa privada.
Señaló que Morena ha traicionado a los empresarios que le confiaron su voto.
"Con esta reforma, ¿saben a quiénes están beneficiando? Y seguramente estarán viendo esta sesión por la televisión, a todos los delincuentes, a esos organizados que tanto han fustigado aquí, que han defraudado al País, que han vendido facturas falsas, que han prestado servicios de outsourcing durante toda su vida, pues con esta reforma quedan todos exonerados.
"¡Ah! Pero el empresario común ese sí que se atenga a las consecuencias, el que se dedica a trabajar en un taller, incluso el médico, algún profesionista que se dedica a producir, a darle ingresos a su negocio personal o familiar, ese sí se tiene que preocupar", indicó.
Su correligionario Gustavo Madero sostuvo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya tiene identificados a los defraudadores fiscales y cuenta con las herramientas para perseguirlos sin necesidad de una reforma que calificó como desproporcionada.
"Estamos en contra de los evasores, pero también estamos en contra de los gobiernos que no saben recaudar y no saben utilizar la ley. Estamos en contra de esos Presidentes de la República que aluden a amenazas de la seguridad nacional, como Donald Trump.
"Aquí en México nuestro Presidente alude a amenazas a la seguridad nacional a quienes emitan una factura. ¡Qué desproporción! ¿Con quién se equipara? Estamos en contra de esos Presidentes de la República que a los verdaderos delincuentes les dicen 'fuchi' y a los empresarios les dicen 'cárcel'", objetó.
La priista Nuvia Mayorga advirtió que se podría ahuyentar las inversiones y se criminaliza al empresariado.
"¿Dónde quedó el principio garantista de la presunción de inocencia? La prisión preventiva oficiosa no debe ser utilizada por los supuestos de defraudación fiscal y hoy el partido que gobierna la utiliza como una herramienta para hacer una cacería de brujas", alertó.
"Todos conocemos cómo el SAT o la Procuraduría Fiscal no tienen las herramientas de inteligencia financiera para buscar perfectamente a las empresas fantasmas que se dedican a vender facturas, si todos los días lo vemos, hay veces en los periódicos o en internet en las cuales se están vendiendo facturas fantasmas. Es ahí en donde deben voltear los ojos a la autoridad investigadora, no al buen empresario, no a la persona física que, sin actuar con dolo, no lleva una contabilidad precisa".
El senador del PRD Miguel Ángel Mancera pidió acotar en la reforma que solo se perseguirá a las empresas dedicadas a la fabricación de facturas falsas, no a los contribuyentes ordinarios.
"¿Para qué mandamos este mensaje a los contribuyentes?, ¿por qué no vamos, como lo planteó la Secretaría de Hacienda, por quienes alteran las facturas?, ¿por qué no vamos por quienes alteran los contratos, por esas conductas específicas?, ¿por qué no cerramos en la ley a qué se está dirigiendo?", cuestionó.
En defensa del proyecto, el senador morenista Alejandro Armenta aseguró que la ley no será utilizada para extorsionar y advirtió que el funcionario que lo intente será severamente castigado.
Germán Martínez, ex director del IMSS, reconoció que la reforma es dura, pero indicó que es necesaria para fortalecer al Estado y garantizar que se encuentre por encima de intereses empresariales.
Tras la discusión de la reservas, entre ellas varias que fueron aceptadas, la reforma fue turnada a la Cámara de Diputados.