Anula SCJN capítulos de educación indígena e incluyente

Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia anuló hoy los capítulos de educación indígena y educación incluyente de la reforma a la Ley General de Educación (LGE) aprobada en este sexenio, porque el Congreso no hizo consultas previas con los grupos afectados.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte declaró la invalidez de diez artículos de la LGE de septiembre de 2019, pero dio al Congreso de la Unión un plazo de 18 meses para que convoque a consultas con los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, periodo durante el cual las normas anuladas seguirán vigentes.

Los Ministros determinaron que los foros previos a la aprobación de esta ley, derivada a su vez de la reforma Constitucional que impulsó el actual Gobierno para revertir la del sexenio pasado, no califican como una consulta que respete los parámetros que la Corte ha fijado en esta materia.

"Las actuaciones aquí referidas de ninguna manera pueden considerarse como una consulta a grupos indígenas y afromexicanos porque no se aprecia que la convocatoria a los foros y audiencias en comento se haya dirigido a esas comunidades o, siquiera, que se haya difundido o que se les haya hecho llegar de manera alguna; y, desde luego, tampoco se aprecia su participación", afirmó la Corte que detectó el mismo problema en cuanto a la educación inclusiva para personas con discapacidad.

También hoy, la Corte avaló por 8 votos contra 3 la regla por la que sólo alumnos de cuarto grado o superior pueden votar en la asamblea para elegir a los integrantes de los nuevos Comités Escolares de Administración Participativa, en los que también participan padres, directivos y maestros.

Algunos ministros consideraron discriminatorio que se hubiera excluido a los niños más pequeños de estas asambleas, lo que rechazó la mayoría.

La acción que discutió hoy la Corte fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, con ella, prácticamente ha revisado ya todas las impugnaciones a las reformas de 2019 a la LGE.

Previamente, las dos Salas de la Corte negaron amparos promovidos por escuelas privadas y por la asociación civil Aprender Primero, que cuestionaron algunos aspectos de esta ley y en los cuales se aclaró que las instalaciones de los colegios particulares no forman parte del Sistema Educativo Nacional (SEN) y por tanto el Gobierno no puede disponer de ellas.

Sin embargo, la Corte tiene pendiente el aspecto más polémico de la reforma educativa del Presidente López Obrador, es decir, la eliminación de requisitos que en el sexenio pasado se impusieron para acceder a la carrera magisterial en el sector público, y la asignación automática de plazas laborales a egresados de escuelas normales del Gobierno.

Este tema fue regulado en la nueva Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, también impugnada por la CNDH.