Alerta expresidente de SCJN 'captura' del Poder Judicial

Ciudad de México.- El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, criticó la captura del Poder Judicial en México, a través de la reforma judicial impulsada desde el Ejecutivo, y cuestionó el momento político que vive el país a partir de la llegada del actual Gobierno.

En un discurso pronunciado el pasado 10 de marzo en Madrid, España, durante el XII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, el ministro en retiro advirtió sobre los riesgos de que el Poder Judicial pierda autonomía e independencia respecto del Ejecutivo.

"De entrada, con la llegada al poder del nuevo titular del Ejecutivo en 2018, con el Congreso de su lado, comenzaron a multiplicarse toda una diversidad de iniciativas de reforma constitucional para transformar o capturar completamente la estructura del Poder Judicial", acusó.

La reforma al Poder Judicial, propuesta por el actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, e impulsada por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, de mayoría morenista, consideró Silva Meza, ha servido para minar la independencia de jueces y magistrados.

"Se ha evidenciado que esta reforma judicial cuenta con otras disposiciones que presentan el grave riesgo de que el Gobierno termine ejerciendo un control político de la función judicial, afectando gravemente la independencia judicial", señaló.

Esto, explicó, por el control que se hace de los impartidores de justicia a través del Consejo de la Judicatura Federal, el cual se compone por representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y que ha servido de presión para intervenir en las resoluciones que interesan al poder político.

"Las siete personas que conforman la cúpula del Consejo de la Judicatura, (designadas por el Ejecutivo, por el Senado y por la Suprema Corte), hoy controlan, con aparente legitimidad, todos los incentivos de la carrera judicial: 1, la designación; 2, la ratificación; 3, adscripción y los traslados; así como la determinación de las responsabilidades administrativas de todos, todos juzgadores en el País", abundó.

"Ni qué decir de la eventual eliminación de los medios de impugnación (recurso efectivo) oponibles a resoluciones disciplinarias, también eventualmente ilegítimas del Consejo, supresiones que se dieron en ciertos casos en la reforma judicial aprobada".

Además, añadió, la reforma creó juzgados "especializados" o "jueces ad hoc" a los que se les pueden enviar los asuntos sobre los que hay un interés especial.

"Así es, el Consejo está facultado para elegir a los jueces que deberán encargarse de resolver aquellos asuntos que puedan implicar violaciones graves a derechos humanos y aquellos casos que tengan "un impacto social relevante"; lo que conlleva lógicamente el riesgo de que la política controle el Estado de Derecho en asuntos de interés gubernamental, bajo el argumento de la seguridad nacional, el interés general, la razón de Estado", señaló.

Silva Meza dijo que la reforma también contiene algunos aspectos innovadores: por ejemplo, en materia de igualdad de género, o bien, en un reforzamiento de la defensoría pública, el Instituto de la Judicatura, así como también una serie de medidas administrativas tendentes a corregir y aligerar la gestión y despacho de los asuntos.

"Las formas de intromisión a la independencia judicial, hoy han cambiado y pretenden justificarse bajo fines públicos con una legitimidad aparente", subrayó.

Silva Meza, quien presidió la Suprema Corte de 2011 a 2014, fue Ministro de 1995 a 2015 y formó parte de la primera generación de ministros emanada de la reforma judicial impulsada durante el sexenio de Ernesto Zedillo