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Nacional

Alega FGR delitos para obtener predios en Santa Fe

Acusa Fiscalía una maraña de delitos que incluye crimen organizado, lavado de dinero y hasta trata de personas, en contra de propietarios de terrenos e inmuebles del área

Selene Velasco
Agencia Reforma

martes, 22 noviembre 2022 | 06:45

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Ciudad de México.- La voracidad de la Fiscalía General de la República (FGR) por adueñarse de 19 predios en Lomas de Santa Fe surgió de una denuncia anónima de sólo 12 párrafos.

A partir de esta, la dependencia ha alegado una maraña de delitos que incluye crimen organizado, lavado de dinero y hasta trata de personas, en contra de propietarios de predios e inmuebles del área.

El 12 de septiembre, Reforma publicó que la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, busca hacerse de terrenos y construcciones en la zona, sin pagar un solo peso y con base en un decreto expropiatorio de 1907 expedido por Porfirio Díaz.

A través de demandas civiles del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y de carpetas de investigación de su área de terrorismo, la Fiscalía reclama la devolución de 19 propiedades, ubicadas en la zona de más alta plusvalía de Santa Fe y colindantes con la que será su nueva sede.

De acuerdo con especialistas, los lotes en disputa, ubicados en un polígono de 2 mil 800 hectáreas, estarían valuados, de forma conservadora, en por lo menos mil 500 millones de pesos.

El 7 de junio de 2021, personal de la FGR recibió la denuncia anónima en la que se informaba a la dependencia sobre "delitos que afectan al patrimonio y los bienes de este País".

La querella refería al decreto de 1907. Exhortaba a la FGR a abrir una investigación.

"Quiero hacer del conocimiento delitos que afectan el patrimonio y los bienes de este País, se trata de terrenos de los que se han apoderado gente con dinero y que han dispuesto de estos para sacarle provecho a México", se lee en una copia de la denuncia anónima.

"Busquen, investiguen y sabrán que existe un terreno que se encuentra en prolongación Paseo de la Reforma () se trata de 2 mil hectáreas que fueron reservadas para uso público y bosques. Esas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, no obstante a lo anterior, los ricos en el poder se aprovecharon de esas tierras e hicieron compra-ventas y otros actos jurídicos sin que esas hectáreas hayan sido desincorporadas mediante un decreto, acuerdo o resolución".

La Fiscalía incorporó esta denuncia a las investigaciones abiertas para reclamar los terrenos y soslayó que el mandato judicial era de 1907, por lo que una serie de legislaciones posteriores la dejó sin efectos.

Con base en esta, armó un laberinto de acusaciones penales en contra de dueños y habitantes de la zona.

Tras el aseguramiento de uno de los predios ubicados en Paseo de la Reforma, la FGR señaló ante un juez que contaba con una indagatoria por delincuencia organizada, la cual estaría relacionada con un grupo delincuencial "innominado".

El oficio, firmado por Rodolfo Guillermo Pérez Torres, agente del Ministerio Público, y dirigido a un juzgador que pidió devolver la propiedad, no precisa ningún número de carpeta de investigación, aunque se señala que el inmueble es "producto e instrumento del delito".

"Por un lado es producto de este delito, ya que, derivado de la posesión ilegal de dicho inmueble, se obtiene una ganancia pecuniaria y así configurarse la hipótesis de que es producto del ilícito mencionado. De igual manera, es instrumento de ese delito, toda vez que se presume que el mismo era utilizado por miembros de la delincuencia organizada, para sacar un provecho monetario", acusó la FGR.

"Se presume fue adquirido con dinero de actividades ilícitas por un grupo delincuencial innominado hasta la fecha en que se actúa y en el que se aprecia y se puede deducir que se pueden organizar para realizar en forma permanente o reiterada la desposesión de bienes que pertenecen a la Nación y las cuales las ocupan sin el derecho ni consentimiento del Estado".

El propietario, quien pidió resguardar su identidad por temor a represalias, indicó al juez que posee el terreno desde hace más de 20 años, además de que presentó permisos y escrituras emitidas por el Gobierno capitalino.

Rechazó también que hayan existido investigaciones en su contra o en relación con el predio que defiende.

Otro oficio, firmado por el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía, Miguel Leyva Medina, refiere que el Indaabin detectó invasiones ilegales en los linderos del terreno que reclama el Gobierno federal, por lo que se avisó a la propia FGR para que indague cualquier delito en contra del patrimonio nacional.

El documento asegura que se solicitó a los ocupantes del área que acreditaran su derecho sobre los bienes. Además, insiste en señalar que algunos de los ocupantes estarían relacionados con delitos. El documento refiere a trata de personas y a lavado de dinero, pero, otra vez, sin precisar una carpeta de investigación.

"Es necesario informar también que ya se ha logrado reivindicar algunos de los bienes en forma absolutamente apegada a derecho; también expresar que existen casos en los que las personas involucradas estarían relacionadas con procedimientos penales federales anteriores, relativos con la trata de personas y el lavado de dinero, lo cual no implica que dichas circunstancias ya probadas tengan algún vínculo, hasta el momento, con las investigaciones que actualmente se realizan", indica.

En documentos firmados por Pérez Torres y Leyva Medina se refiere a la denuncia anónima.

Ven decreto obsoleto

Decenas de propietarios afectados han buscado ayuda legal y conformado grupos de defensa que son respaldados por la Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y el Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava.

De acuerdo con los equipos legales de los vecinos, el decreto de 1907 quedó sin efectos por la emisión de legislaciones posteriores, como la Ley de Terrenos Baldíos y la Ley Agraria, que reconocieron la propiedad de poseedores.

"Estamos ante una Fiscalía que está investigando temas de propiedad cuando su naturaleza es investigar temas de acopio de armas y terrorismo", reprochó Rubalcava en entrevista.

En tanto, Limón señaló que, en 1974, el Gobierno federal reconoció que el polígono de Santa Fe pertenecía a propietarios privados cuando expropió, bajo indemnización, los terrenos en donde actualmente se ubican las instalaciones de la Comisión Nacional de Fruticultura (Conafrut).

"Es delincuencia organizada desde la Fiscalía General de la República y es increíble que al Fiscal le permitan hacer estas cosas", lamentó Limón.

El daño que ocasiona la situación a colonos, empresarios e inversionistas, abundó, es tanto emocional como económico.

Decenas de habitantes han recibido la misma copia del citatorio, el cual está dirigido, de forma general, a propietarios y ocupantes, para pedirles que se presenten ante la FGR con la documentación que acredite la posesión del inmueble.

Se les advierte que, de no hacerlo, podrían enfrentar una multa de casi 30 mil pesos.

Aquellos que han buscado ayuda legal, subrayan que cuentan con las escrituras, además de que el Gobierno local dio permisos, durante décadas, para realizar las construcciones.

Sheinbaum evade disputa

En dos momentos, la jefa de Gobierno ha hablado sobre el tema de Santa Fe.

Septiembre 20

"Hay que ver bajo qué circunstancias, por supuesto que está la Defensoría de Oficio que siempre está dispuesta a revisar, pero hay que ver en particular de qué estamos hablando, no tenemos, hasta ahora, mayor información".

Octubre 12

"Hay una comunicación ahí con el Fiscal General y el Consejero Jurídico, no se va a afectar a las familias y, en todo caso, hay algunos predios que tienen irregularidades y eso es lo que está viendo el Fiscal".

Claudia Sheinabaum, jefa de Gobierno.

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