Advierten que falta diagnóstico en PND

Ciudad de México— El Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador carece del diagnóstico que "dé pauta" a las prioridades nacionales planteadas en el documento, advirtió la directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Laura Gurza.

Durante su participación en el primer foro de análisis del PND en la Cámara de Diputados, la especialista reconoció que si bien es clara la decisión del Gobierno federal de resolver los asuntos de justicia

social que afectan sobre todo a la población vulnerable y empobrecida, el documento tampoco contiene indicadores que permitan medir los logros de la actual administración.

"Sí consideramos que el Plan Nacional de Desarrollo carece de un integral, robusto diagnóstico que dé pauta al diseño de las estrategias y los objetivos específicos que se plantean dentro de los objetivos del plan, es decir, basado en información cualitativa y cuantitativa tal como lo señala el propio anteproyecto, utilizando indicadores del Sistema de Información, Estadística y Geografía", señaló.

La funcionaria de la CNDH advirtió que lo que no se mide adecuadamente no mejora, por lo que consideró necesario que al documento sean incorporados indicadores de desempeño, así como aquellos que permitan identificar la progresividad de los derechos humanos.

"El plan sí considera incluir indicadores de desempeño, así como metas a logro de los objetivos; sin embargo, sí consideramos que es necesario incluir indicadores vinculantes para el Estado mexicano en las diversas materias, así como incluir indicadores desde los que se pueda identificar la progresividad de los derechos humanos", reiteró.

Gurza recordó que en cada administración federal se presenta un PND que pareciera que pretende reinventar al País, por lo que recomendó incluir como parte del plan de este sexenio mecanismos para medir la progresividad de los derechos humanos.

Lamentó que el PND no considere el Programa Nacional de Derechos Humanos y que no proporcione información sobre cómo se aterrizarán los derechos humanos y con qué recursos.

"Tengo que señalar que hay una ausencia de considerar el Programa Nacional de Derechos Humanos. No basta hablar de los derechos humanos, hay que señalar cómo se aterrizan esos derechos humanos, cómo se cumplen, con qué recursos y cómo se va a transversalizar esa estructura de los derechos humanos con un enfoque adecuado", agregó.

En su turno, Florian Hoepfner, Oficial de Soluciones Duraderas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), llamó a aprovechar el análisis del PND para diseñar una política integral de refugio, toda vez que el marco legal del País es favorable para ello.

El funcionario de Naciones Unidas informó que el número de solicitudes de refugio en el País aumentó considerablemente, al pasar de 2 mil en 2014 a casi 30 mil personas en 2018. La proyección para 2019 es de 50 mil personas.

Dijo que en una nación como México, con 124 millones de habitantes, 50 mil personas podrían integrarse fácilmente. El reto, abundó, es aterrizar la política pública.

Hoepfner llamó a cambiar la visión con la que se plantean las políticas públicas en esta materia.

Agregó que la incorporación al mercado laboral de las personas refugiadas podría significar ingresos para los estados del sur por alrededor de 130 millones de pesos.

"Estamos haciendo estudios y estimamos que en los estados del sur del País hay unos 27 mil solicitantes de la condición de refugiados que están esperando su resolución, y creemos que si esas 27 mil personas el día de mañana se incorporarán al mercado laboral formal, en seis meses de trabajo formal estarían generando un ingreso de 130 millones de pesos a través de la cotización del IMSS, a través de lo que estarían contribuyendo al IVA y con el impuesto sobre la vivienda", explicó.

El especialista recomendó a las autoridades mexicanas agilizar la emisión de la documentación para los solicitantes de refugiados a fin de que puedan acceder a servicios públicos y al empleo formal, modificar el esquema según el cual las personas deben permanecer durante seis meses en la entidad a la que arriban, así como repensar el sistema de firmas mensuales para los solicitantes, ya que les impide acceder al empleo formal.