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Advierten en Jalisco de un 'Chernobyl'

Río Santiago en Jalisco muestra que México no cuida medio ambiente, afirmó NYT; 'este pueblo es un Chernobyl en cámara lenta', dijo vecino

Reforma
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martes, 31 diciembre 2019 | 13:18

Ciudad de México.Para cuando el contaminado Río Santiago estalla en una cascada en las afueras de Guadalajara, su hedor parece estar por doquier: suspendido sobre los cultivos, filtrándose a los hogares y apestando el agua de la llave.

"Este pueblo es un Chernobyl en cámara lenta", aseguró Enrique Enciso, cuya casa en El Salto, Jalisco, se ubica a sólo unas cuadras del río, y cuya familia tiene más de una década de luchar por limpiarlo.

El río es un poderoso ejemplo de la incapacidad de México para proteger su medio ambiente: un análisis de The New York Times de 15 años sobre esfuerzos por limpiar el Río Santiago arrojó que los intentos fracasaron ante lagunas legales, financiamiento deficiente y una falta de voluntad política.

Ahora, México ha firmado un extenso pacto comercial con Estados Unidos y Canadá en el que hizo una promesa explícita de conservar su medio ambiente -una cláusula que fue crucial para obtener la aprobación de los demócratas en el Congreso estadounidense-.

No obstante, entrevistas de The New York Times con autoridades federales, estatales y locales y con familias a lo largo del río mostraron que, sin una reestructuración del marco legal y un cambio en las condiciones políticas que permitieron que Santiago se convirtiera en poco más que un canal para escurrimientos industriales, es improbable que México pueda cumplir las condiciones del acuerdo comercial.

Menos de una tercera parte de las aguas residuales de la industria es tratada, señaló recientemente la directora de la dependencia gubernamental a cargo de los ríos de México, la Comisión Nacional del Agua, en un evento público, citando cifras de 2017.

Hay compañías que sí tratan sus aguas residuales, precisó Blanca Jiménez, directora de la Conagua.

"Pero hay compañías que no, aun cuando tienen los medios económicos. Y allí debe intervenir el Estado".

Sin embargo, el Estado raras veces toma acción.

En un ejemplo, de acuerdo con documentos obtenidos por The New York Times, Celanese Corp., con sede en Texas, admitió a la Conagua que había vertido cantidades ilegales de desechos químicos 13 veces durante el verano del 2015, incluyendo casi media tonelada de ácido clorhídrico, un compuesto corrosivo.

La compañía achacó el desbordamiento a las fuertes lluvias, pero la Conagua impuso una multa de 4 mil 300 dólares.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales también tiene la autoridad de inspeccionar las aguas residuales industriales, pero raras veces lo hace.

En el estado de Jalisco, inspectores visitaron 73 compañías en los cinco años que concluyeron en el 2018 para revisar emisiones de agua.

Se calcula que hay 10 mil compañías, desde talleres familiares hasta paraestatales energéticas y grandes multinacionales, operando en la cuenca del Río Santiago en Jalisco.

Cuando el Gobernador Enrique Alfaro pidió ayuda a los funcionarios federales, le dijeron que no había ni un solo peso disponible.

El presupuesto federal para medio ambiente ha caído más de la mitad comparado con hace cinco años.

Sin ayuda del Gobierno federal, Alfaro firmó un acuerdo con fábricas locales en agosto en el que las compañías hicieron una promesa voluntaria de apegarse a las reglas.

El Gobierno "no tiene la capacidad de garantizar que todos cumplamos la ley", aseveró Rubén Masayi González, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco en ese entonces.

José Chedid Abraham, ex director de la Conagua para la cuenca del Río Santiago, dijo que las leyes para combatir la contaminación tienen fallas.

Eso podría cambiar bajo el nuevo pacto comercial, declaró Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una de las principales organizaciones ambientales de México.

Dentro de las letras chiquitas de la ley que el Congreso de Estados Unidos redactó para aprobar el acuerdo está una medida que requeriría que México corrija fallas en la aplicación de las leyes o enfrente posibles sanciones.