Nacional

Recomiendan desistir en Guardia Nacional

Amnistía Internacional asegura que con elementos militares la Guardia contradice al derecho internacional de los derechos humanos

Reforma

jueves, 17 enero 2019 | 23:41

Ciudad de México- Amnistía Internacional recomendó al Gobierno mexicano desistir en la creación de la Guardia Nacional conformada total o parcialmente por elementos militares.

El organismo entregó este jueves al Congreso de la Unión el estudio "México: Guardia Nacional. Obligaciones de derechos humanos", el cual analiza el uso de fuerzas armadas en la seguridad pública.

El documento detalla que la creación de la Guardia Nacional con elementos militares contradice al derecho internacional de los derechos humanos, pues el uso de fuerzas armadas para tareas de seguridad debe ser excepcional y estar sujeto a varias limitaciones.

Recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México forma parte, debe limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas.

La participación debe ser excepcional y justificada; temporal y restringida a las circunstancias del caso; subordinada y complementaria a corporaciones civiles; regulada con mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza; y fiscalizada por órganos civiles competentes e independientes.

Urgió al Congreso, que en caso de decidir crear la Guardia, se asegure que se tomen medidas para garantizar que la institución se encuentre de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

Las medidas que recomiendan son distinguir y separar con claridad las funciones de elementos civiles y de los militares, y únicamente permitir la acción militar de forma excepcional después de ser valorada.

Que la Guardia no participe en la investigación de los delitos ni actúen como auxiliares del Ministerio Público; que rindan cuentas a través de órganos civiles e independientes.

Asimismo, recomiendan fortalecer a las policías civiles y otorgar recursos presupuestales para que el procedimiento sea nacional, transparente y con participación de especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

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