Diario
Nacional
miércoles, 23 enero 2019 | 07:52
Ciudad de México— Ex directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) señalaron que en el caso de Odebercht actuaron conforme a derecho.
Aseguraron que no fueron partícipes de actos de corrupción que impidieran el avance de la investigación de uno de los casos más controversiales en el que se vio involucrada la petrolera.
Lo anterior después de que la firma brasileña acusara que fue víctima de una red de corrupción en el País por parte de ex funcionarios de Pemex, que inhibieron la investigación del caso.
"En Pemex siempre actuamos en estricto apego a derecho y en contra de la corrupción, en este y todos los asuntos que fueron de nuestra competencia", indicaron.
En una carta firmada por los ex directores generales de Pemex José Antonio González Anaya y Carlos Treviño, así como por el ex director jurídico, Jorge Eduardo Kim, se afirma que desde diciembre de 2016, fecha en que se dio a conocer que Odebrecht había declarado ante autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza que sobornó a funcionarios de distintos gobiernos en el mundo -incluido México- llevaron a cabo las acciones legales y jurídicas para esclarecer los hechos, fortalecer los controles internos y coadyuvar con las autoridades responsables de las investigaciones.
"Rechazamos tajantemente ser parte de una red de corrupción o de cualquier señalamiento similar. Nuestra labor al frente de Pemex fue estrictamente apegada a derecho y en contra de la corrupción".
"Como funcionarios siempre respetamos el marco de responsabilidades al cual estuvimos sujetos en nuestra actuación, por lo que, en este, como en todos los casos actuamos buscando salvaguardar los intereses de Pemex", afirmaron los directivos en el escrito.
En diciembre de 2018, Odebrecht presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversos ex funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública y Petróleos Mexicanos, donde se quejó de las acciones de la empresa estatal para afectar la capacidad de operar de las denunciantes.