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Ciudad de México- El plan de paz y seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador es semejante al que presentaron Gobiernos anteriores, aseguró Luz Marcela Villalobos Andrade, vocal del Comité Directivo de Amnistía Internacional en México.
En las audiencias sobre la Guardia Nacional, consideró que se sigue el mismo plan de militarización, aunque en la iniciativa presentada se afirme que hay otras formas.
"La realidad es que la Guardia Nacional es una amenaza para la seguridad y los derechos humanos de las personas en México", aseveró.
Villalobos Andrade presentó cinco "realidades" sobre la seguridad y la actuación de las Fuerzas Armadas en el plan de crear ese cuerpo de seguridad.
"Realidad número 1. El modelo de la Guardia Nacional y Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 es muy semejante a sexenios anteriores, sólo con otro nombre", expuso.
"La Guardia Nacional estará dotada de disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas. Estas disposiciones indican que la Guardia Nacional tendrá un carácter claramente militar".
El plan de seguridad, dijo, anuncia que es necesario abandonar el uso de la fuerza como estrategia para intentar respaldar la idea de que el nuevo Gobierno no seguirá con el esquema militarizado de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Además, explicó que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha argumentado que la Policía Militar tiene otro chip, porque no son soldados, sino policías, sin embargo, los agentes que se integrarían a la Guardia son los mismos mandos que el resto de la tropa militar.
Agregó que la Sedena ha reconocido que la Policía Militar está disponible para responder en temas de seguridad pública, de la misma manera que hace el resto del Ejército.
La segunda realidad, explicó, es que hay amplia evidencia de que el despliegue de las Fuerzas Armadas ha sido acompañado con un aumento de violaciones de derechos humanos y tasas de violencia.
"Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, el despliegue del Ejército y la Marina ha sido acompañado de un aumento de quejas por graves violaciones a derechos humanos como tortura, desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias, entre otras", resaltó.
"Asimismo, la información recolectada por académicos ha identificado la presencia de las Fuerzas Armadas como un detonante que causa de forma directa el aumento de la violencia en los municipios donde están desplegados".
Detalló que aparte de detener a personas de manera arbitraria, el Ejército y la Marina son más propensos a hacer uso de la fuerza letal.
Una tercera realidad, expuso, es que son diversas las denuncias y las quejas por violaciones de derechos humanos en contra de la Policía Militar, además de haberse comprobado su responsabilidad directa en casos "infames".
En septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos responsabilizó a elementos de la Policía Militar adscritos al 17 batallón en Puebla por los hechos que resultaron en la ejecución de dos personas en Palmarito.
La realidad número cuatro, continuó, es que aunque el plan de López Obrador dice que la Guardia Nacional tendrá una formación distinta, no hay certeza de que el entrenamiento será diferente a la militar.
"La realidad es que las Fuerzas Armadas ya han tenido mucha capacitación sobre derechos humanos, de hecho, en el sexenio de Enrique Peña Nieto más de un millón de elementos de la Sedena fueron capacitados en derechos humanos", refirió.
"Esto no ha frenado que militares cometan graves violaciones de derechos humanos, ya que lo que realmente se quiere son mecanismos apropiados de evaluación y una reformulación del enfoque de seguridad que apueste por el fortalecimiento de policías".
Como realidad número cinco, citó que, de acuerdo a una Encuesta Nacional, el Ejército y la Marina cometen más actos de tortura y otros malos tratos durante arrestos que la Policía Federal y, en general, las Fuerzas Armadas no son entrenadas para proteger a la población.
Villalobos Andrade advirtió que si la idea de la Guardia es un mando civil o una Guardia civil, realmente no habría necesidad de hacer una reforma constitucional.
"Y si, sí, entonces, y si es jerárquicamente y operativamente a cargo de la Sedena, se tendría que hacer mediante análisis y evidencia comprobada", subrayó.