Visita de Biden fue una oportunidad perdida: activistas pro migrantes

Ciudad Juárez.- La visita de presidente Joe Biden a México fue una oportunidad perdida para colaborar en las políticas migratorias, señaló este miércoles Alianza Américas, una red conformada por 56 organizaciones que luchan por políticas equitativas a favor de las personas en movilidad.

“Como esperábamos, esta visita fue una oportunidad perdida para que los gobiernos de Estados Unidos y México colaboren de una manera más audaz para desarrollar políticas migratorias humanitarias”, dijo Rita Robles, coordinadora en México de Alianza Américas.

“Especialmente con el anuncio de la semana pasada sobre la expansión de las deportaciones a México bajo el Título 42, está claro que la administración Biden quiere seguir eludiendo sus obligaciones en materia de asilo trasladando la responsabilidad a México, país que el año pasado registró su segundo mayor número de solicitudes de asilo, y el mayor número de personas privadas de libertad por razones migratorias y de personas extranjeras devueltas a sus países de origen”, senaló la activista a través de un comunicado de prensa, luego del anuncio del pasado 5 de enero sobre la extensión de la aplicación del Título 42 a las personas de Nicaragua, Cuba y Haití.

En una carta pública, un grupo de 94 grupos de la sociedad civil pidió a los líderes estatales que adoptaran políticas migratorias humanitarias, pero la cumbre no vio muchos avances en estas áreas, lamentó la activista.

La carta firmada por Alianza Américas, Instituto para las Mujeres en la Migración, Al Otro Lado, Encuentros Servicio Jesuita a Migrantes, el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM, Hope Border Institute, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) México  y Sin Fronteras IAP, entre otras, pidió a los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, así como al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, crear y ampliar vías complementarias de movilidad humana para reducir los riesgos de muerte, de violencia de género y otros abusos contra los derechos humanos.

“Cualquier vía complementaria debe ser fácilmente accesible para las personas desplazadas y no debe estar vinculada a políticas que restrinjan el acceso al asilo”, señalaron.

También les pidieron que trabajen juntos para cumplir el compromiso asumido en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección de “proteger la seguridad y la dignidad de todas las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su estatus migratorio, y respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

Que trabajen con los gobiernos y las autoridades locales, a lo largo de la ruta migratoria, para aplicar medidas de apoyo a los sistemas de entrada, sensibles a la protección, que identifiquen las necesidades de protección internacional y remitan a las personas a vías de movilidad humana adecuadas. El Plan de Acción de 10 Puntos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ofrece una hoja de ruta para este tipo de medidas, fue una de las solicitudes.

Además, en el caso de las personas migrantes y solicitantes de asilo en el mar, como en la cuenca del Caribe, los gobiernos deben dar prioridad a la salvaguarda de vidas reforzando las operaciones de búsqueda y rescate; examinando las necesidades de protección; creando vías suplementarias para las personas migrantes y solicitantes de asilo en el mar y evitando la devolución, permitiendo el acceso al territorio, apuntaron.

Instaron a los tres gobiernos a seguir ampliando la financiación y la provisión de asistencia humanitaria a lo largo de la ruta migratoria, incluida la planificación para abordar la violencia sexual y de género contra las personas en toda su diversidad y la violencia contra la niñez, con especial atención a la raza, el género y al acceso lingüístico; y colaborar con los organismos de las Naciones Unidas para garantizar que las personas migrantes y solicitantes de asilo, incluidas las niñas y los niños, no sean devueltos a situaciones inseguras o en violación al principio de no devolución.

Sin embargo, “reclutar a México para que actúe como otro tipo de muro ‘fronterizo’, centrado en la detención y deportación de personas migrantes y solicitantes de asilo, no es un enfoque que permita avanzar en la búsqueda de soluciones eficaces y respetuosa de los derechos humanos”, agregó Robles. 

“México no cuenta con un plan o política pública que busque atender a todas las personas que serán enviadas a sus ciudades fronterizas, tampoco contempla una estrategia para garantizar su seguridad, ni para garantizar el acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la vivienda, salud y educación, en tanto se resuelve la situación migratoria de cada persona o núcleo familiar. Hasta el momento, el gobierno de López Obrador tampoco ha dado luces de querer implementar un programa de regularización migratoria, lo cual sería una alivio para cientos de personas que actualmente viven de manera irregular en México”, denunció.