Violentan libertad judicial con cargos provisionales

Ciudad Juárez— Mantener jueces provisionales afecta la independencia judicial y va en perjuicio de la sociedad, determinaron cuatro resolutores de Distrito al ordenar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua que ratifique a siete jueces que llevan más de tres años como temporales. 

A la fecha, 11 jueces provisionales de diversos municipios han interpuesto 20 juicios de amparo tanto para inconformarse con el concurso de oposición que implementó el TSJ con el propósito de entregar 56 plazas, así como para exigir la “ratificación tácita”.

Hasta el momento los jueces de Distrito han ordenado al Tribunal proceder a estas “ratificaciones tácitas” en favor de siete jueces provisionales, sin que sean objeto de una evaluación y sólo por el tiempo que llevan en el encargo.

Esto debido a que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua establece que después de tres años el TSJ está obligado a evaluarlos para determinar si los ratifica o separa y el hecho de que no haya procedido es atribuible al Tribunal, no a los juzgadores. 

La vocera del TSJ, Rosalba Salcido, informó que 19 de los 39 jueces provisionales tienen más de tres años despachando bajo la figura de temporales y su trabajo no ha sido revisado para proceder a ratificarlos o no. 

De la totalidad de juzgadores, 15 están adscritos al Distrito Judicial Morelos, con sede en la ciudad de Chihuahua; 14 en el Distrito Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez; cuatro en el Distrito Hidalgo del Parral; tres en Benito Juárez con sede en Cuauhtémoc y tres más en Abraham González, correspondiente a la ciudad de Delicias. 

Los titulares de los juzgados Primero, Tercero, Décimo y Décimo Primero de Distrito han ordenado la ratificación tácita básicamente al ponderar que los jueces de primera instancia no debe estar sujetos a una remoción discrecional o un acto emanado del Estado, pues ello merma el principio de independencia judicial en perjuicio de la sociedad.

“Al quedar a merced del órgano que tiene la facultad de decidir sobre su permanencia o no, llámese Consejo de la Judicatura o Pleno del Tribunal Superior, cuál es la condición resolutora (juez provisional que interpuso el juicio de amparo) y cuándo se llega a cumplir ésta, ello significa, necesariamente, otorgarle discrecionalidad a la autoridad responsable para la remoción de jueces, lo que de ninguna manera llega a ser una justificación constitucional o convencionalmente válida”, se indica en el amparo número 1803/2018, resuelto el pasado 5 de abril por la titular del Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Chihuahua, Matilde del Carmen González Barbosa.

Ese amparo fue otorgado a la jueza Laura Velia Mendoza Luján.

En el análisis González Barbosa señala que mantener en calidad de provisional a la jueza Mendoza es una forma de obstruir la garantía de independencia judicial que es necesaria para la impartición de justicia, además de una forma de mantener facultad discrecional para mover a los operadores judiciales a gusto.

Laura Velia Mendoza fue nombrada jueza provisional el 5 de diciembre de 2014, cuando estaba vigente una Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua expedida en octubre de 2014 en la que se contemplaban las figuras de jueces permanente e interinos, pero no provisionales.  

“Luego, si los provisionales no son designados mediante concurso de oposición para ocupar una vacante definitiva, ni tampoco para cubrir las ausencias temporales de los jueces definitivos, ante dicha laguna, debe considerarse a aquéllos como jueces permanentes una vez transcurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua (actualmente Artículo 201, de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua)”, se indica en el amparo. 

De acuerdo con datos difundidos en la página del Tribunal Superior de Justicia, el 24 de marzo de 2018 se publicó tanto en el Periódico Oficial del Estado como en la página Oficial del Poder Judicial del Estado la convocatoria número CJE/002/2018 para el concurso de oposición que tenía como objetivo elegir a 56 jueces de primera instancia con carácter de definitivos.

El proceso de selección –que ha sido muy cuestionado y sobre el cual se ha otorgado la protección de la justicia federal a múltiples inconformes– duró unos cinco meses y costó al erario al menos un millón 745 mil 036 pesos.

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