Ven omisión de FGE en muerte de detenida

Ciudad Juárez.- El abogado de la familia Félix Isidro exigirá a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva contra los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que irrumpieron en una vivienda sin orden de cateo, donde arrestaron a una madre de familia y siete días después les informaron que estaba muerta.

“Es un caso de total omisión”, consideró Saúl Trejo, abogado que ya ha formulado acusaciones contra personal de esta corporación por robo y homicidio.

Dijo que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) es un ente que representa una amenaza para la sociedad al operar sus elementos al margen de la ley y en total impunidad.

Exigió que la misma diligencia puesta por el fiscal general César Augusto Peniche Espejel en contra de actores políticos previo a un proceso electoral, la ejerza en el caso de María de Jesús Félix Isidro, una mujer que tenía un problema de salud y era usuaria de una droga altamente adictiva.

“Hay que saber qué dice la necropsia y tener los elementos para acreditar el homicidio, es responsabilidad de ellos tenerla bajo resguardo, ellos tienen responsabilidad de su muerte, ella estaba sana, quién le provocó el infarto… ellos se lo causaron”, sostuvo.

“El grito de las feministas en México lo retomamos. Porque viva se la llevaron, viva la queremos, sólo que en este caso fue la autoridad la que la sacó de su casa, le ‘sembró’ droga, la mató y por siete días nadie le informó a la familia de su muerte”, consideró Trejo.

El litigante dijo que el lunes solicitará la copia de la necropsia de ley practicada. Explicó que si bien la autoridad investigadora ha referido que la muerte fue infarto, también la tortura puede provocarlo, por lo que es prioritario saber qué ocasionó el deceso.

“Si te ponen una bolsa de plástico en la cabeza mientras te torturan, claro que te vas a infartar. Tenemos que saber qué pasó, qué le causó el infarto porque a ella se la llevaron viva”, dijo.

Agregó que además pedirá copia de los videos de la Fiscalía estatal para conocer la hora de ingreso, la estancia en celdas y el trato que le dio el personal durante el tiempo que duró detenida, antes de que supuestamente la consignaran ante el Ministerio Público Federal y falleciera cuando la sacaron del área de arrestados.

Tras reprobar el proceder de los oficiales que, según la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), irrumpieron la vivienda ubicada en el fraccionamiento Almeras, el abogado aseguró que casi 10 días después del proceder ilegal de los agentes de la unidad 0025, éstos continúan laborando y agredieron a más personas.

“Ninguna autoridad ha separado a esos oficiales de su cargo. Ellos siguen libres y hasta matando gente, mientras la familia apenas logró reunir los 7 mil pesos para poder sepultar a la mujer que estaba en su recámara rodeada de sus dos hijas y sus nietos cuando los agentes irrumpieron en la casa. Algo que le puede pasar a cualquiera”, advirtió.

Trejo agregó que buscará una entrevista con Ricardo Realivázquez, director operativo de la SSPE en la Zona Norte, para pedirle un control total de los elementos porque definitivamente hacen lo que quieren sin ningún temor y respeto a la sociedad que deben servir.

En entrevista, el jefe policiaco dijo que el procedimiento realizado por los elementos quedó asentado en el parte informativo.

“En el parte informativo, lectura de derechos, la firma de los detenidos, que seguramente la Fiscalía podrá emitir esta documentación, todo está en regla, según el parte informativo y la documentación que siguieron”, dijo Realivázquez, que agregó que la detención se realizó en flagrancia.

“Eso no fue así y lamento esas declaraciones porque no es mal policía. Pero alguien les debe poner un alto a esos elementos; la sociedad debemos hacer algo, cuál es la diferencia de ellos con los malandros, cómo los vamos a reconocer si andan encapuchados y actúan como ellos, deben ponerles un alto porque sobrepasaron su autoridad, yo también estoy en peligro, pero ni modo de detenerme, esos elementos deben pagar por lo que hicieron”, sostuvo.

Para César Díaz Gutiérrez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pudiera acreditarse responsabilidad civil del Estado en el caso.

Dijo que solicitó por oficio a la Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública Estatal aclarar las circunstancias de la muerte de María de Jesús.

A su vez el fiscal general del Estado informó que se abrió una carpeta de investigación para conocer si hay delito al respecto.

Comentó que se estaba a la espera de una denuncia formal por los familiares de la fallecida, quien perdió la vida por causas naturales.

“El dictamen del Servicio Médico Forense no establece ninguna acción externa o violenta que le hubiese generado el deceso”, apuntó.

“Estamos en espera de la denuncia formal de la familia para investigar sobre la mecánica de la detención, ya que ahí es donde aparece discrepancia”, agregó Peniche.

Dijo que una vez que se establezca cómo fue la detención se podrá determinar si hay un acto que implique un delito.