Ven desinterés por proteger a mujeres

A 10 años de la emisión de la sentencia del Campo Algodonero, asociaciones civiles, académicos y madres de mujeres desaparecidas coincidieron en que todavía existe un desinterés por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno en la aplicación de temas de seguridad relacionada a las mujeres.

“No vemos avances significativos en materia de seguridad para las mujeres; todavía hay un desin-terés por falta de la autoridad, lo vemos en los presupuestos asignados en los temas y programas hacia las mujeres”, señaló Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres, durante la realización del Foro de Análisis del Cumplimiento de la Sentencia del Campo Algodonero.

La activista concluyó en que no existe una estrategia para generar acciones de prevención de violencia hacia la mujer en la ciudad, “avientan los programas que se generan al vapor y al final no sucede nada con su aplicación”, resaltó.

La sentencia del Campo Algodonero reconoce los hechos como un crimen contra la humanidad, sin embargo no todos los puntos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han cumplido, “veo obstáculos que tienen que ver con la falta de voluntad política. El principal obstáculo con la sentencia es que no se quiere cumplir, muchos la entienden pero no la quieren hacer cumplir”, afirmó Imelda Marrufo Nava, integrante también de la Red Mesa de Mujeres.

Para Julia Monárrez Fragoso, académica del Colegio de la Frontera Norte, la sentencia fue la posibilidad de que en Juárez se pudiera articular un sistema integral de justicia, sin embargo, lo que la sentencia deja fuera “son esas violencias estructurales contra la mujer de larga temporalidad. Por ejemplo, el memorial no es un memorial, la infraestructura es deficiente, no hay ni luz para llevar a cabo una conmemoración”, dijo.

Aún son amenazadas

En el mismo sentido se pronunció Benita Monárrez, madre de Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyo cuerpo fue encontrado el 6 de noviembre del 2001 en un campo algodonero donde se localizaron los cuerpos de cinco mujeres más, y que en el evento acusó que a 18 años de la tragedia todavía es víctima de amenazas aunque ella vive en Estados Unidos bajo la protección del mecanismo de asilo político.

“Las autoridades nos acosan, nos dicen que nosotros tenemos la culpa. Reconocer los restos de mi hija fue un desastre. Me exigían reconocer el cuerpo y me obligaron a hacerlo. Al final me entregaron un cuerpo que ni siquiera correspondía a la altura de mi hija”, relató.

La madre, quien sobrevivió a dos atentados contra su vida, aseguró que la investigación del homicidio de su hija estuvo “amañada” y criticó a las asociaciones civiles que apoyaron al grupo de madres, “las organizaciones civiles lo único que hicieron fue sepáranos como madres para que no estuviéramos unidas y nos minimizaron cuando solicitamos el asilo político”, acusó.

Dijo que, en su caso, luego de las investigaciones que se realizaron por parte de madres y familiares de mujeres desaparecidas, “la autoridad sólo nos decía: ‘vaya por unas heladas, relájese, ¿Qué está haciendo?’ Nos seguían a todos lados y el resto de mi familia tuvo que salir exiliada del país. Hace un mes nos volvieron a amenazar. Después de 18 años están todavía amenazando, ¿pues qué les debo?”.

“Iban a indemnizarnos conforme al dolor de nosotros. Sólo logramos que nos clasificaran con la indemnización. No pagaron ni una sola lágrima de ninguna madre”, agregó.

El 16 de noviembre de 2009 la CIDH responsabilizó al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición…; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos…, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”.

Además de las reparaciones a las partes lesionadas, la CIDH demandó al Estado mexicano garantías de no repetición.