Juárez

Van contra estatales también por homicidio

Familia considera que agentes lo mataron por presentar denuncia

Tomada del video

Staff
El Diario de Juárez

sábado, 06 junio 2020 | 10:33

Ciudad Juárez— El abogado de las supuestas víctimas de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza presuntamente por parte de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) compareció ayer ante el Ministerio Público para solicitar que también se inicie una investigación contra los elementos por el delito de homicidio, al presumir que ellos mataron a quien los denunció penalmente.

El litigante Saúl Trejo dijo que a los oficiales se les aseguraron las armas de cargo y él se presentó ante la representación social para pedir que éstas se cotejen con la evidencia recuperada en el cadáver de la víctima, José Ángel Magaña Monge.

Trejo –quien representa a la familia afectada y autorizó que la víctima mortal sea identificada públicamente, pues los agentes acusados conocen su identidad– narró que Magaña presentó la denuncia contra los elementos de la CES el pasado 31 de enero y fue asesinado el 22 de marzo. Durante ese tiempo, afirmó el abogado, el dueño de la casa recibió varias llamadas de los agentes exigiéndole que retirara la querella o, “si no iba, se lo iba a llevar la chingada”.

“Sí hay amenazas de una parte, claro que tenemos una línea de investigación muy fuerte de que fueron ellos porque sabían que iba a salir la orden de aprehensión por los delitos estos y que era grave porque el robo a casahabitación es un delito que merece prisión preventiva de oficio”, señaló Trejo.

A Magaña Monge se les ofrecieron medidas de seguridad para él y para su hijo menor de edad, quien fue la persona detenida por los elementos de la CES el pasado 30 de enero, pero el adulto no aceptó la protección porque pensó que los elementos no se iban a atrever a matarlo, dijo el abogado.

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal del estado, César Peniche Espejel, el jueves pasado en conferencia de prensa, ese día 11 elementos adscritos a la CES detuvieron a un menor de edad y luego lo llevaron a su domicilio, presuntamente para cometer un robo.

Los policías al parecer robaron diversas cantidades de dinero tanto en moneda nacional como en dólares, joyería valuada en unos 100 mil pesos, una caja fuerte y diversos objetos personales. Todo lo subieron a un vehículo particular que se hallaba estacionado en la casa de la víctima y se retiraron del sitio llevándose también al adolescente, a quien posteriormente presentaron en calidad de detenido pero reportando datos falsos en el parte informativo correspondiente al arresto, dijo el titular de la FGE.

Nueve de los 11 policías presuntamente involucrados fueron detenidos e identificados como Francisco Javier H. L.; José Luis C. C.; José S. L.; José Antonio R. G.; Julián Antonio G. A.; Manuel G. C.; Ricardo G. C.; Cristóbal Isaac A. V., y Luis Alfredo A.

El jueves pasado todos los oficiales fueron puestos a disposición del juez de Control Lorenzo del Villar para formularles cargos por los delitos de robo a casa-habitación agravado –la calificativa por ser servidores públicos– y abuso de autoridad.

Uno de los abogados que representa a los policías consideró que la investigación no está sólida porque –hasta la primera audiencia– el Ministerio Público no había acreditado con facturas la existencia de los objetos robados y en el video que se presentó al Tribunal de Control se observa que la persona menor de edad llegó a la casa, abrió la reja y detrás de él ingresaron tres agentes. Pero, indicó el litigante, en el material gráfico el adolescente no se observa que vaya forzado ni esposado.

En las imágenes tampoco se ve que los ministeriales salieran con objetos ni que hubieran causado destrucción en el inmueble.

El defensor refirió que el menor de edad fue detenido el 30 de enero por los elementos de la CES cuando observaron que patinaba una camioneta y al someterlo a una revisión le localizaron 70 dosis de cocaína en la bolsa del lado derecho del pantalón.

Finalmente refirió que el adolescente salió libre sin ser presentado ante un tribunal porque la representación social aprobó un acuerdo de libertad.