Vagarán por la ciudad venezolanos desalojados

Durante un operativo en el que participaron los tres niveles de Gobierno, policías municipales y estatales desalojaron ayer a cerca de 800 migrantes venezolanos que permanecían en el campamento instalado sobre el bordo del río Bravo. 

Con ayuda de elementos antimotines, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y personal de Servicios Públicos Municipales recogieron las cobijas y más de 300 carpas que se encontraban en el bordo mexicano, frente al Puesto Temporal de Operaciones de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, a lo que algunos migrantes respondieron con piedras y palos, además de incendiar seis de las carpas. 

Por la tarde se apreciaban deambulando por calles de la colonia Bellavista y unos más permanecían en la acera de enfrente del bulevar Bernardo Norzagaray; otros tantos comenzaron a cruzar el río Bravo para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza que hacen guardia en el puesto de control instalado justo frente a donde estaba el campamento.

José Gregoriano, de 21 años de edad, narró que aproximadamente a las 7:00 de la mañana él y su mamá estaban dormidos, cuando llegó el personal de Servicios Públicos, los levantó y removió su carpa, al igual que otras cuatro carpas más, las cuales lograron recuperar al principio los migrantes. 

“Llegaron con un megáfono diciendo que teníamos que desalojar, que hoy era desalojo aquí, que nos teníamos que ir. Y más adelante patearon las carpas”, narró Michael, otro migrante venezolano. 

Mientras autoridades estatales trataban de convencerlos de trasladarse a un albergue, personal de Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos de la Guardia Nacional atestiguaban el operativo, sin intervenir. 

Aunque algunos migrantes buscaban llegar a un acuerdo, en el que pedían que se les retirara hasta el próximo 21 de diciembre, finalmente se sumaron los antimotines para que los trabajadores municipales comenzaran a retirar las carpas y echarlas a un camión de Servicios Públicos Municipales. 

“Queremos paz, queremos paz”, y “derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos”, fueron los gritos de algunos de los sudamericanos cuando vieron llegar a los agentes policiacos con cascos, macanas y escudos de protección; mientras que otros tomaron piedras y palos que después aventaron a los policías. 

“Papá, papá, mi papá no”, gritaba un niño pequeño sobre los hombros de un hombre, mientras los agentes municipales avanzaban en el desalojo sobre el bordo de concreto. 

Otra señora lloraba y se negaba a abandonar su carpa, mientras era convencida por otro migrante y por personal del Consejo Estatal de Población (Coespo) de acudir a un albergue. Y otro venezolano rociaba de gasolina una carpa con un galón que después aventó, por lo que fue alcanzado por los municipales y detenido. 

“Lo que se hizo hoy fue una reubicación de las personas que se encontraban asentadas en este campamento, basada en un dictamen de Protección Civil, el cual determinó que había un alto riesgo de incendio por la inflamabilidad de las carpas por el material con el que están hechas, así como por los braseros y fogatas que se estaban realizando en el espacio”, informó Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos del Municipio de Juárez. 

Dijo que el mismo dictamen estableció un riesgo de hipotermia, debido a las bajas temperaturas que se viven en la ciudad, además de un riesgo de ahogamiento para las niñas y niños en el río Bravo, aunque desde que se instaló el campamento el cauce de la frontera natural entre México y Estados Unidos ha sido apenas de unos centímetros.

Mauricio Rodríguez Padilla, titular en esta frontera de Protección Civil del Estado, dijo que el objetivo no era desalojarlos, sino reubicarlos para que acudieran a un lugar seguro, debido a que se habían registrado casos de hipotermia y problemas respiratorios a causa de las bajas temperaturas. 

Explicó que las fogatas dentro o a un lado de las carpas representaban un gran riesgo, así como el caso de una estufa y un tanque que retiraron hace días de una de las casas de campaña.

“No esperábamos esto, hay niños, no esperábamos que llegara así la Policía; ahora dicen que todo está en calma, pero sacaron a todo mundo a la fuerza, eso no es nada de calma”, reclamó Luis Piñeiro, de 33 año de edad, sobre el uso de la fuerza pública, mientras que trabajadores locales recogían las carpas y cobijas. 

Incendian carpas y agreden a policías

De acuerdo con los elementos de Bomberos, fueron seis las carpas incendiadas por los propios migrantes, cuyos restos echaron al río todavía en llamas o cubrieron sus cenizas con tierra para evitar que volvieran a encenderse. 

Mientras que dos de los agentes municipales fueron atendidos por paramédicos de Rescate tras ser agredidos, otros pedían a gritos a los migrantes que se retiraran del área federal, como el caso de una agente que le gritaba a una mujer que si no se retiraba rápido “sería peor”, mientras ésta pedía tiempo para recoger sus cosas.

“Se detuvo a dos personas, una por agredir a un policía con una piedra, el cual resultó herido. Y otra por lanzar piedras y querer quemar una carpa”, informó el director de Derechos Humanos del Municipio. 

Sólo 70 van a un albergue

Aunque, a través de un comunicado de prensa, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, dijo que fueron cerca de 500 migrantes que aceptaron ser trasladados a los diferentes albergues de la ciudad, de acuerdo con el Consejo Estatal de Población (Coespo) fueron 70 las personas del campamento que aceptaron acudir a un espacio humanitario, por lo que 58 fueron trasladadas por Grupo Beta al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario y 12 más al albergue cristiano Oasis del Migrante. 

En el operativo participaron además elementos de Protección Civil municipal y estatal, la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría de Bienestar, informó el Municipio. 

Mandato estadounidense

Después de recibir a miles de venezolanos durante los últimos meses, el 12 de octubre, la administración de Joe Biden devolvió a Ciudad Juárez al primer grupo de decenas de venezolanos a través del Título 42, una orden de salud pública que argumenta que los migrantes representan un grave riesgo para la propagación del Covid-19 entre su población. 

Ese mismo día, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro N. Mayorkas, informó, por medio de un comunicado de prensa, que Estados Unidos comenzaría un nuevo programa para dicha nacionalidad. 

El programa consiste en la recepción de 24 mil venezolanos en Estados Unidos, pero sólo será vía aérea, y tras un registro previo, mientras que quienes ingresan a través de las fronteras mexicanas son devueltos.

Desde el 12 de octubre, grupos de sudamericanos comenzaron a dormir a la intemperie; desde el 14 de octubre comenzaron a acampar a los alrededores de Coespo y el 25 de octubre se instalaron sobre el bordo del río, frente a Estados Unidos, en espera del fin del Título 42. (Hérika Martínez Prado / Con información de Josué Serna / El Diario de Juárez)