Va Fiscalía por empresa y aseguradora

Chihuahua– La Fiscalía General del Estado (FGE) buscará a la empresa Grupo Transporte y la aseguradora Quálitas, a fin de garantizar la reparación del daño a las diez víctimas mortales y los 16 lesionados del accidente ocurrido en Ahumada el pasado 7 de septiembre.

El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, manifestó que ya están trabajando para poder contactarlas sin necesidad de esperar a que éstas se acerquen al Ministerio Público.

Buscarán que se indemnice también a los locatarios que perdieron sus puestos de comida y a los conductores que presentaron menoscabo en sus vehículos.

El presidente de la Federación de Colegios y Barra de Abogados, Ernesto Avilés Mercado, puntualizó que, dentro de la acusación en contra del chofer de la unidad, Saúl A.D., el MP deberá colocar a la empresa como obligado solidario, pues es materialmente imposible que el conductor pueda cubrir la reparación, que se calcula millonaria. 

“El señor (Saúl) no iba en su vehículo particular, era trabajador de la empresa –Grupo Transporte– que contrató sus servicios y por ello es obligado responsable. El señor difícilmente va a poder trabajar la reparación”, acotó. 

El jurista puntualizó que en este caso también podrían fincarse responsabilidades a las autoridades locales y federales por omisiones que hubieran propiciado el accidente, tal es caso de la Policía Vial que, en Ahumada, está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la cual tiene la obligación de detectar a personas que conducen a exceso de velocidad para detenerlas y sancionarlas. 

“Es lamentable que el responsable de Vialidad del Estado, que tiene injerencia directa, haya dicho que, en el momento del accidente, la persona encargada de vigilar estaba en su turno de comida y que tardó media hora en darse cuenta del percance”, dijo. 

Avilés Mercado abundó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno federal es otra instancia sobre la que podría recaer alguna responsabilidad, pues es la competente para revisar camiones de cargas en pesos, dimensiones y condiciones mecánicas, además de vigilar la aplicación de las normas en materia de pausas y descansos que deben tener los choferes para evitar que la fatiga provoque accidentes en carreteras. 

Refirió que algunas de las personas que resultaron heridas fallecieron en el trayecto a un hospital, pues fueron trasladadas por tierra cuando pudo haberse utilizado un helicóptero, lo que también implicaría una falla u omisión de la autoridad competente. 

Todos estos aspectos deben ser esgrimidos no sólo por el Ministerio Público, sino por los asesores jurídicos de las víctimas e incluso la defensa del imputado para que exista realmente una garantía de que los afectados serán resarcidos en las afectaciones que sufrieron. 

En cuanto al monto que pudiera alcanzar la reparación del daño, el artículo 43 del Código Penal del Estado indica que éste debe cubrir, al menos, el restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito. Además, se deben reponer las cosas destruidas por el delito, incluyendo sus frutos y accesorios y, si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. 

También se debe pagar la reparación del daño físico, psicológico, material y moral; y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, así como el pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión, en los términos de la Ley Federal del Trabajo. 

Avilés Mercado puntualizó que la indemnización constitucional alcanza los 5 mil días de salario, pero si se demuestra que la persona afectada tenía ingresos por una cantidad mayor, se debe pagar el salario que recibía; por ello, la reparación del daño, por cada víctima, podría superar el millón de pesos. 

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