Diario
Juárez
domingo, 13 octubre 2019 | 06:00
La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno del Estado tiene abiertos 942 expedientes contra servidores públicos por quejas y denuncias de presunta responsabilidad administrativa; la mayoría de ellos –665– fueron generados en la presente administración, muestra un documento obtenido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
De acuerdo con el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados consultado, la actual administración estatal durante los primeros tres años ha inhabilitado a 24 funcionarios por períodos que varían de uno a 10 años.
Los archivos periodísticos establecen que la SFP ha tenido al frente a dos titulares: Rocío Stefany Olmos Loya, quien desde su nombramiento fue cuestionada por haber sido suspendida como servidora pública por la SFP por incumplimiento en declaraciones de situación patrimonial en tres ocasiones.
Posteriormente y por designación del gobernador Javier Corral Jurado, fue impuesta en el cargo Mónica Vargas Ruiz.
En una entrevista radiofónica el viernes de la semana anterior, el jefe del Ejecutivo estatal destacó que tres años atrás ofreció concretar el principal compromiso de campaña: el combate la corrupción política y atajar la impunidad en el estado de Chihuahua, por lo que inició la llamada Operación Justicia para Chihuahua.
Sin embargo, la información oficial emitida por la SFP muestra que permanecen sin resolver 655 denuncias contra servidores públicos del actual Gobierno estatal, interpuestas en el período del 4 de octubre de 2016 al 4 de octubre de 2019.
Según la respuesta obtenida por la PNT son 277 casos denunciados contra servidores públicos en hechos que corresponden al período de octubre del 2010 hasta septiembre del 2016; en tanto el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados sólo refiere dos inhabilitaciones a funcionarios por períodos de 3 a 5 años.
El documento menciona que del total general 639 casos son quejas y o denuncias de presunta responsabilidad que pudieran derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa sancionados por la Ley General de Responsabilidad Administrativas.
Es decir, en el 67 por ciento de las 942 denuncias se determinó que existen violaciones a la Ley General de observancia general en toda la república.
En su artículo primero la normatividad federal menciona que tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos,
Menciona además que la SFP mantiene abiertos 277 casos derivados de quejas caen en procedimientos de responsabilidad administrativa que se manejarían con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.
En 26 casos no se ha determinado qué ley sancionará al servidor público.
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