Temen nueva crisis de violencia en el Valle

Ciudad Juárez— Tras el asesinato de un hombre frente a una gasolinera en San Isidro y el incendio de un camión de personal en San Agustín, residentes de la región del Valle de Juárez  expresaron su temor ante el reinicio de hechos violentos que sumieron a la región en una crisis económica, de la que aún no pueden recuperarse. 

“Tenemos miedo… escuchar tantos disparos y no poder hacer nada”, dijo una vecina de San Isidro que despertó la madrugada del lunes a causa del estruendo de las armas de fuego empleadas contra la estación de servicio. 

Como se informó la incursión de un grupo armado la madrugada del pasado lunes en la zona rural dejó un saldo fatal de un muerto y daños cuantiosos, reportaron corporaciones policiacas. Estos hechos ocurrieron luego de la desaparición y asesinato de un matrimonio en Guadalupe y otro ejidatario ausente en Bosque Bonito, así como la privación ilegal de 13 migrantes y el “pollero” por la frontera de Ojinaga, colindante a la sierra de Guadalupe. 

La madre de familia sólo atinó a proteger a sus hijos retirándolos de ventanas y puertas.

En el negocio, los daños fueron prácticamente totales para la gasolinera, que ayer operó solo con dos mangueras en las bombas despachadoras, ya que seis quedaron inservibles a causa de los balazos.  

La entrevistada dijo que la víctima mortal no era un empleado de la gasolinera. Otros vecinos dijeron que quien falleció era una persona enferma de sus facultades mentales que acudía a la estación a limpiar vidrios de los automovilistas a cambio de unas monedas; también aseaba los sanitarios y recibió algo de dinero por ese trabajo.

Esta es una de las pocas estaciones de servicio que sobreviven a la violencia, pese a que ha sido víctima de al menos cuatro atentados, directos e indirectos en la última década. 

En ese lapso, la región del Valle de Juárez ha vivido diversas épocas de inseguridad, una de las últimas rachas violentas provocó la desarticulación de la policía preventiva en Guadalupe, Distrito Bravos, cuando fue asesinado el comandante Joaquín Hernández un 7 de julio del 2015, quien junto a su hijo, Jonathan Uriel Hernández, de 24 años, y un civil fueron emboscados en la carretera de entrada a un ejido y el entonces alcalde Gabriel Urteaga decidió eliminar la Policía municipal. 

Desde entonces las desapariciones de migrantes, de pobladores, los hallazgos de restos humanos en fosas clandestinas o cuerpos decapitados y desmembrados continuaron, aunque no de manera tan recurrente como otros años. 

Actualmente y pese a la presencia de militares, con un retén permanente en El Porvenir, la Guardia Nacional apostada en Riberas del Bravo y la Policía Estatal con patrullajes entre Praxedis G. Guerrero a Ciudad Juárez y Seguridad Pública con una nueva estación de policía en Riberas del Bravo, los pobladores aún son víctimas de los hechos violentos ocasionados por grupos delictivos como los registrados el pasado lunes, dijeron los vecinos.