Sufrieron migrantes golpes, robos y hasta secuestro: ONG

Ciudad Juárez.— Golpes, robos e incluso un caso de secuestro y violación sexual por parte de los guardias de seguridad de un albergue en contra de un migrante de la comunidad LGBT+, fueron documentados por la organización estadounidense Human Rights First entre los migrantes que Estados Unidos retornó a Ciudad Juárez bajo el programa “Permanecer en México” de los Protocolos de Protección a Migrantes (MMP, por sus siglas en inglés). 

Desde el 8 de diciembre hasta el 10 de agosto fueron retornados a México 7 mil 688 solicitantes de asilo, mil 874 de ellos a Ciudad Juárez. La organización entrevistó a casi 2 mil 700 personas retornadas al país durante su reimplementación ordenada por la Corte de Estados Unidos al Gobierno de Joe Biden. 

Encontró que el 41 por ciento dijo haber sido víctimas de ataques violentos en México, 36 por ciento de secuestro, 36 por ciento de ellos fue víctima de un delito en el que los funcionarios mexicanos fueron responsables o cómplices y más de 60 personas denunciaron cacheos al desnudo, manoseos y otras conductas inapropiadas altamente invasivas por parte de funcionarios mexicanos durante las paradas.

El reporte “Fallo Fatal. La política de Permanecer en México no debe nunca ser revivida” señala que en enero de 2022, un solicitante de asilo venezolano fue golpeado y robado en Ciudad Juárez tras ser devuelto a México a través del programa MPP 2.0 o RMX.

El solicitante de asilo dijo a Human Rights First que fue atacado mientras regresaba al refugio designado, después de obtener una prueba de Covid-19 para poder asistir a su audiencia en el tribunal de inmigración de los Estados Unidos.

“Las autoridades mexicanas golpearon repetidamente a un hombre afrocubano tras bajarlo de un autobús en las afueras de Ciudad Juárez, hiriéndole en las manos, mientras intentaba protegerse. El hombre dijo al personal legal pro bono en enero de 2022 que los funcionarios se refirieron repetidamente a su raza mientras lo interrogaban”, denunció la organización. 

En febrero, “un solicitante de asilo centroamericano en el albergue gubernamental Leona Vicario, administrado por el gobierno, que alberga a personas devueltas a Ciudad Juárez en el marco de la RMX describió las condiciones similares a las de una prisión como ‘una pesadilla’ con baños sucios y comidas malas e insuficientes. Según el entrevistado, las reglas del albergue restringen severamente la libertad de los residentes, controlando el uso de teléfonos móviles y permitiendo que los residentes salgan del refugio durante dos horas a la semana por razones limitadas”, señala el reporte. 

Otro migrante MPP narró a los abogados estadounidenses haber experimentado lo que creía que era un ataque de pánico en el Centro de Atención Integral para el Migrante Leona Vicario debido a que antes había sufrido un secuestro en su tránsito por México, pero el personal del refugio ignoró sus peticiones de atención médica para su fuerte dolor “hasta que se defecó en sí mismo”. 

En marzo de 2022, la Policía mexicana no intervino para ayudar a un indígena del pueblo puruhá de Ecuador, al observar que era agredido y robado por un grupo de seis hombres en Ciudad Juárez. 

El hombre, que en ese momento llevaba la ropa tradicional de su pueblo y hablaba poco español, narró a los abogados pro bono. 

Human Rights First también reporta en su informe que los guardias de seguridad de un albergue de Ciudad Juárez secuestraron y agredieron sexualmente a un nicaragüense gay enviado al albergue después de que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) lo devolviera a México bajo RMX o MPP, en marzo de 2022. 

“En una entrevista de abril de 2022, el hombre informó que los guardias del albergue lo secuestraron en un supermercado donde había ido a recibir un giro postal de su madre, lo llevaron a otro lugar y lo agredieron sexualmente”, señala el informe. 

Agrega que en otras ocasiones, los guardias del centro de acogida se negaron a permitir que el hombre saliera del centro para trabajar, burlándose de él y diciéndole que el trabajo que tenía era “para un hombre y no para una mujer”, y le habían robado repetidamente el dinero que había recibido de sus familiares.

Human Rights First denunció que el DHS retornó inicialmente al hombre a México bajo MPP al determinar que no tenía miedo de volver, tras una entrevista de no devolución. Sin embargo, fue devuelto a una de las ciudades más peligrosas del mundo, en donde fue privado de la libertad y violentado sexualmente, aseguró. 

Aunque el informe no menciona el nombre, en esta frontera sólo un albergue cuenta con guardias de seguridad. 

Otro caso denunciado ocurrió a finales de marzo de 2022, cuando un nicaragüense fue robado a punta de pistola en Ciudad Juárez después de que el DHS lo devolviera con una cita ante una Corte de Inmigración. 

“Un entrevistador legal documentó en notas revisadas por Human Rights First que fue atacado mientras salía de una tienda de comestibles donde estaba recogiendo un giro postal”, se dio a conocer. 

En mayo, dos hombres armados robaron y apuñalaron a un hombre afrocolombiano en un albergue de Ciudad Juárez. El hermano del hombre, quien presenció el ataque, consiguió huir del albergue. En el momento de su entrevista con el personal jurídico pro bono, días después de lo ocurrido, dijo desconocer el paradero o el estado de su hermano.

La organización señaló además que algunos de los refugios que albergaban a personas bajo MPP carecían de computadoras y Wi-Fi, lo que suponía un importante obstáculo para preparar las solicitudes de asilo en inglés, reunir y traducir las pruebas, redactar las declaraciones y acceder a información jurídica para preparar las audiencias del tribunal de inmigración. 

“Por ejemplo, Leona Vicario, un albergue gestionado por el gobierno que alberga a personas devueltas a través de MPP a Ciudad Juárez, sólo tiene un ordenador. El personal del albergue controlaba el acceso de los residentes al ordenador supuestamente en función de su comportamiento”, señala el informe. 

Y al menos un albergue no permitía a los residentes el acceso a una impresora para imprimir pruebas para sus casos.

“Estos ataques violentos son la consecuencia previsible de enviar a las personas sometidas a la RMX a algunas de las ciudades fronterizas más peligrosas del mundo, como Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Tijuana. Los estados de Baja California, donde se encuentra Tijuana, y Chihuahua, que incluye Ciudad Juárez, siguen siendo designados como amenazas de nivel tres de ‘Reconsideración de Viaje’ por el Departamento de Estado de Estados Unidos debido a la delincuencia y el secuestro, ya que los delitos violentos y la actividad de las pandillas son comunes”, indica. 

“La política de Permanecer en México fue, y sigue siendo, un desastre total de derechos humanos y protección de refugiados. Las políticas estadounidenses que devuelven a los solicitantes de asilo a México no pueden implementarse de manera legal, segura o humana”, dijo Kennji Kizuka, director asociado de investigación sobre protección de refugiados en Human Rights First y coautor del informe.

41% de retornados dijeron haber sido víctimas de ataques violentos en México 

36% de secuestro

36% fueron víctimas de un delito en el que los funcionarios mexicanos fueron responsables o cómplices

60 denunciaron cacheos al desnudo, manoseos y otras conductas inapropiadas

Algunos casos

•En enero de 2022, un solicitante de asilo venezolano fue golpeado y robado en Ciudad Juárez tras ser devuelto a México

• Autoridades mexicanas golpearon repetidamente a un hombre afrocubano tras bajarlo de un autobús en las afueras de Ciudad Juárez

• En febrero de este año, un solicitante de asilo centroamericano en el albergue Leona Vicario describió condiciones similares a las de una prisión