Son concesionarios ricos a costa de choferes

La renta de concesiones de “ruteras” de transporte urbano es uno de los actos ilegales que por años han practicado los concesionarios con anuencia gubernamental.

Esas prácticas les han permitido obtener importantes ingresos a los “renteros”, sin que eso implique que asuman mayor responsabilidad en la modernización de las unidades o, al menos, verificar las óptimas condiciones físicas y mecánicas de los vehículos que prestan el servicio.

Además, con el transcurso de los años estos concesionarios han impuesto una serie de cobros a su libre albedrío que “sangran” al chofer; dichas cuotas o aportaciones están fuera de todo ordenamiento legal, a decir de Luis Manuel Aguirre, subsecretario de Transporte.

“La renta de la concesión es un problema que sí hemos detectado y es totalmente ilegal, incluso es motivo de la cancelación de la concesión. Transporte Público en ningún momento autoriza cobros adicionales que hacen a los choferes como la tarjeta y estamos en total desacuerdo porque los costos en la actividad del transporte deben ser absorbidos por la tarifa y sufragados por los concesionarios”, explica.

A través de una investigación interna, autoridades estatales han encontrado que, mediante este mecanismo de arrendamiento ilegal, que genera ganancias hasta por 312 mil pesos diarios sólo por el cobro de la llamada tarjeta, quienes resultan más afectados son el conductor y el pasajero.

Los conductores tienen que laborar mínimo 15 horas para obtener el ingreso que les permita cubrir los compromisos impuestos por los concesionarios, los despachadores de ruta y los “líderes” de las organizaciones que supuestamente los representan.

Pese a las largas jornadas de trabajo, los conductores, muchos de ellos ya dueños del camión, obtienen un ingreso diario estimado en los mil pesos, situación que se refleja en un mal servicio en perjuicio de los usuarios, explica Aguirre.

Juan Carlos “N”, conductor que pide ser identificado sólo por su nombre, refiere que la tan ansiada modernización del transporte público se ha estancado por los intereses de unos cuantos y así ha sido durante años.

“Cómo mejorar, yo en mi caso, mi camión, cuando lo que me queda es una ganancia mínima, apenas subsistimos”, dice molesto, mientras observa el deterioro de los asientos del camión que presta el servicio en la Ruta Universitaria y que asegura, no puede reparar con lo poco que le queda de lo recaudado al día.

Fueron precisamente los choferes de esta ruta los que semanas atrás pararon el servicio por varias horas en reclamo por el cobro de 600 pesos diarios por la tarjeta, que es el control de viajes por camión, así como las condiciones de la terminal que no es otra cosa que una propiedad para la cual los choferes tienen que aportar una cantidad para su arrendamiento.

“Ni siquiera tiene baño”, expone enfadado otro chofer que mediante las redes sociales denuncia públicamente su molestia por estos cobros.

Un despachador explicó que desde que inició la Ruta Universitaria los concesionarios estuvieron de acuerdo que ahí se estableciera la terminal, cerca de la avenida División del Norte, pero se recorrieron una cuadra más cerca del monumento a Emiliano Zapata, porque el propietario decidió no arrendar más y se buscó otra propiedad. La diferencia económica fue sufragada directamente por los choferes.

“La terminal, el espacio que es ocupado para que el chofer espere su turno de salida, es de una persona física que la arrenda”, explica el despachador sobre la propiedad a la que se reubicó la terminal de la Ruta Universitaria.

“No tenemos ni ganancias, ni garantías, hay empalme en algunas rutas… la pelea es feroz por el pasaje”, asegura el chofer que junto a varios compañeros refiere hartazgo ante estos cobros exagerados de los concesionarios que arrendan las placas.

El entramado de la corrupción

En un lapso de 10 meses las autoridades de Transporte Público han detectado diversas irregularidades en la operación de las concesiones. Al menos 400 fueron canceladas en la pasada administración estatal, sin embargo, debido a las omisiones jurídicas cometidas por diversos motivos, la mayoría de esos camiones siguen operando al recurrir al juicio de amparo.

A este proceso de cancelación se le está dando seguimiento con nuevas estrategias jurídicas y para evitar futuros conflictos los procesos administrativos se están blindando legalmente, explica Aguirre.

“A la par de revisar los procesos no hemos autorizado ninguna concesión porque sería un caos abrir a más concesiones y que en determinado momento las que están en juicios de amparo ganen los concesionarios y sería un gran problema”, plantea.

La actual administración inició también los procesos de cancelación de concesiones al encontrar la renta de placas en un sinnúmero de autobuses de diversas rutas.

Estimaciones realizadas por Transporte Público indican que un concesionario renta la concesión a 14 mil pesos al propietario del camión, éste a su vez le cobra al chofer 36 mil 400 pesos al mes por el uso de la unidad, y recibe 5 mil 200 de ganancia por la tarjeta, por lo que su ganancia es estimada en los 27 mil 600 pesos, restando los 14 mil de la renta.

El chofer deberá pagar diésel, (mil 800 pesos diarios); 600 pesos de la tarjeta diaria y reunir el dinero para el arrendamiento del camión.

De la tarjeta, dice Transporte, se destinan 200 pesos al rentero y 400 pesos son para los líderes, representantes sindicales y despachadores.

Por lo que considerando que de esos 600 pesos de la llamada tarjeta, 200 son para el dueño del camión y 400 para los concesionarios, supuestos líderes y los responsables de las rutas, éstos vienen obteniendo 312 mil pesos diarios considerando que son entre 60 y 70 unidades que prestan el servicio diariamente en las 12 líneas.

Al final de la jornada o cuando el chofer reúne al menos los 5 mil pesos diarios que le permitan cumplir con sus compromisos y obtener un margen de ganancia mínima de mil pesos, simplemente dejan de prestar el servicio, asegura Luis Manuel Aguirre.

Van tras ‘renteros’

Rentar la concesión es causal de cancelación, pero cómo lo comprobamos; se tiene que demostrar jurídicamente, plantea Aguirre.

Dijo que aunque ya se ha intentado este proceso, comprobar la renta de la concesión es complicado y en un proceso legal, cuando llega el juicio de amparo, Transporte es el que debe acreditar la ilegalidad en que incurre el concesionario.

Y una de las formas para acreditarlo es a través de las infracciones impuestas. Por ley, los concesionarios deben registrar el número de serie de los vehículos y cuando éstos no coinciden, deben justificar el motivo.

Cada infracción incluye el número de serie, modelo y marca de la unidad, estos datos se cotejan con los vehículos dados de alta por el concesionario y de no coincidir y si no logran justificar las diferencias, inicia el proceso de cancelación.

“No vamos a disminuir al 100 por ciento estas rentas, pero sí vamos a disminuirlas a un nivel mínimo porque este vicio no es tan evidente, hay complicidades y es complicado demostrarlo jurídicamente, y a raíz de esa renta sabemos que el rentero es el que tiene la relación con el chofer y no el concesionario”, explica.

Lo que se pretende es que una vez realizada la cancelación, sean los choferes con su propio vehículo los que presten el servicio sin intermediarios, porque como operan actualmente es imposible mejorar el servicio de transporte urbano, refiere.

“Es volver a los orígenes de la Ley de Transporte Público, que el chofer sea el concesionario”, plantea. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)