Diario
Juárez
martes, 22 octubre 2019 | 10:34
Ciudad Juárez— Actos de corrupción y probables complicidades implican a funcionarios de la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED) en la Zona Norte en una red que permitió operar por varios años al instituto Sesame Street, el cual carece de validez oficial y cobraba mensualidades de hasta 3 mil 500 pesos por estudiante.
De acuerdo con las denuncias de los padres de familia, afectados por el probable fraude denunciado ante el Ministerio Público el pasado 9 de agosto, los directivos escolares no operaron solos y detrás de ellos se encuentran inspectores de zona, supervisores y hasta funcionarios de la Subsecretaría de Educación.
“Por supuesto que hay complicidad de las autoridades educativas para que la directora procediera como lo hizo y la apoyaran tantas escuelas, porque no fue una o dos las que dieron papelería que registraba a nuestros hijos como sus estudiantes, fueron aproximadamente ocho planteles”, dijo ayer Eunice Salas, madre de uno de los estudiantes que fue registrado en cuatro diferentes escuelas públicas.
Los primeros docentes sancionados son Miguel Ángel Ávila Magallanes, director de la escuela primaria Liberación 2791, ubicada en la colonia Luis Olague; Jaqueline Gaytán Jiménez, directora del kínder Gregorio M. Solís, situado en la calle Del Pinar del fraccionamiento Mallorca, y quien fue sustituida por Minerva Nevárez.
Ésta última declinó ayer dar declaración alguna en torno a este caso por instrucciones de “Almita”, la inspectora de la zona escolar, quien vía telefónica le ordenó que dijera que “no sabía nada”.
Otro plantel involucrado fue el Centro Escolar Revolución 2288, ubicado en la zona Centro. En la escuela fue entrevistado el director Mario Sánchez, quien pidió que la conversación no fuera grabada.
El docente dijo no recordar cuántos menores del instituto Sesame Street fueron inscritos en esta escuela. “Fueron dos o tres, creo”, aseguró.
Afirmó que su error fue no haber dado de baja a los estudiantes que aparecían en las listas pero que jamás se presentaron a clase.
Dijo que el plantel cuenta con mucha población flotante y por encontrarse en una zona marginada no se obliga a que los padres paguen inscripción, por lo que aseguró que ni él ni la escuela fueron favorecidos económicamente al registrar a estudiantes de la escuela particular.
“Yo ignoraba la situación y recibí una llamada de atención por estos hechos, pero apenas tengo dos años en el cargo”, declaró el docente.
La primarias Liberación 2791, situada en la colonia Luis Olague; la Alfonso García Robles, ubicada en la colonia Palo Chino, y la Maclovio Herrera, localizada en la colonia San Antonio, también tuvieron en sus registros a estudiantes del Sesame Street.
Así como el kínder Nicolás Bravo y Gabriela Mistral, cuya directora Raquel Adriana Ramírez Madrigal –quien también llegó a fungir como delegada sindical– ocupaba un cargo como coordinadora de Preescolar del que fue removida recientemente, informó personal de la SED a condición del anonimato.
Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el vínculo entre el instituto Sesame Street y las escuelas oficiales era un profesor jubilado identificado como Jesús Manuel Flores.
Estos hechos, a decir de los padres entrevistados, eran del conocimiento de Bernardo Ernesto Valdez Talamantes, quien asumió la Coordinación de Educación Zona Norte en sustitución de Claudia Silva desde el 20 de febrero 2017, y el cual propuso dentro de su plan de trabajo inmediato “solicitar el acceso al SIE para apoyar a los supervisores en la verificación de la captura y modificación de calificaciones bimestrales”.
El SIE (Sistema de Información Educativa) es una herramienta desarrollada por la Dirección de Planeación que ayuda a la toma de decisiones, permitiendo analizar los diferentes escenarios de cobertura en el sector educativo y concentra los procesos de la planeación como Infraestructura Educativa, Información Georeferenciada, Áreas de Influencia, Control Escolar e Inversión Realizada, según el manual de referencia consultado.
Otro servidor público mencionado es Pablo Armendáriz Morales, coordinador administrativo, así como el inspector escolar de Zona 32, Juan Enrique Galindo Sinecio, quienes a decir de los padres quejosos, con la inacción favorecieron el probable fraude cometido por Denisse Hortencia Rosales Duarte, directora de la escuela particular ubicada en la avenida Francisco Villarreal Torres.
Cuestionada al respecto, la subsecretaria de Educación en la Zona Norte, Judith Marcela Soto Moreno, descartó que sus colaboradores estuvieran implicados en el caso del probable fraude.
“Mis colaboradores Bernardo Valdez y Pablo Armendáriz han jugado un papel preponderante en la investigación, porque estas prácticas eran comunes en anteriores gestiones, nunca se había tomado acción. Ellos al tener conocimiento de esta situación no se quedaron atrás del escritorio, acudieron a la escuela, verificaron la información y luego denunciaron los hechos a mi oficina”, aseguró.
Dijo que en el caso de la maestra Raquel apoyó como coordinadora del área académica de Preescolar, sin tener responsabilidad administrativa y de Manuel Flores dijo desconocer a qué se dedique.
“Cuando ingresé a esta subsecretaría él se asumía como asesor de alguna persona (Evangelina Mercado, exregidora panista) pero desconozco de quién, nunca me fue presentado como parte del equipo, lo que sé que es maestro estatal jubilado”, precisó Soto Moreno.
—¿Cómo pasó esto, quién no hizo su trabajo de supervisión?, se le preguntó a la subsecretaria que está por cumplir tres años en el cargo.
“Yo pienso que fueron usos y costumbres muy negativos, que a lo mejor se pudieran aducir a que al inflar el número de alumnos que en realidad se tiene, se puede ser sujeto de tener mayor personal. La normatividad es clara que con cierto número de alumnos una escuela va a tener más personal, director, docentes, intendentes”, explicó.
Dijo que al inicio de su gestión tuvo varias reuniones con directivos escolares y les hizo hincapié en que eliminaran estas prácticas, porque eso es un gasto mayor para el Estado.
“Recordarán que al inicio había más de 400 maestros sin pago e interinos sin pago, eran por estas mentiras que generan circunstancias dañinas para el mismo magisterio”, expuso.
Soto Moreno indicó que según los datos oficiales que ella tiene el instituto Sesame Street tenía una población de 50 menores en preescolar y 70 niños en primaria.
Por cada niño se les cobraba entre 2 mil 500 a 3 mil 500 pesos mensuales, dijeron los padres de familia denunciantes.
Esto implica una entrada de unos 4 millones de pesos por ciclo escolar, ya que cobraban además las vacaciones y otros gastos adicionales como el servicio de estancia infantil en aquellos casos en los que los padres solicitaban el cuidado de sus hijos al concluir la escuela, expusieron.
PARA SABER
• El instituto Sesame Street trabaja y cobra por sus servicios sin tener validez oficial
• Los padres pagan hasta 3 mil 500 pesos al mes por colegiatura por alumno
• Para poder operar, el instituto pasaba a un listado de sus estudiantes a escuelas públicas que se encargarían se llevar la papelería de la SEP
• Entre los planteles implicados en el fraude están:
- Escuela primaria Liberación 2791, ubicada en la colonia Luis Olague
- Kínder Gregorio M. Solís, en el fraccionamiento Mayorca
- Centro Escolar Revolución 2288, ubicado en la zona Centro