Sin registro, la mitad de empresas de seguridad

Al menos el cincuenta por ciento de las empresas de seguridad privada que ofrecen sus servicios en esta ciudad carecen de registro ante la Dirección de Seguridad Bancaria, Comercial e Industrial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó Refugio Moreno, titular del área especializada.

Precisó que son alrededor de 100 compañías las que operan aquí sin cumplir con la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua y que han sido llamadas a regularizarse.

Aseguró que en la presente administración ya son 100 las empresas que sí obtuvieron su registro oficial y otras seis están en proceso de certificación, mientras que otras 10 compañías optaron por la baja definitiva.

“Estamos en un proceso de reingeniería de la Dirección de Seguridad Bancaria y estas empresas. A todas les estamos ofreciendo el apoyo para que den cumplimiento a la ley”, planteó el servidor público en entrevista.

La “lista blanca” de las empresas regularizadas puede ser consultada en el portal oficial https://sspe.chihuahua.gob.mx/Juarez.html.

‘No es nuestra intención afectar’

Algunas agencias consultadas por El Diario y que solicitaron la omisión de su razón social, expusieron que esta dirección incurre en trámites excesivos y caros que dejan prácticamente fuera de competencia a varias compañías, sin embargo, coincidieron en la necesidad de un control oficial entre los prestadores de este servicio, particularmente cuando se trata de empresas que ofrecen personal armado.  

Mientras que vecinos de diversos fraccionamientos que cuentan con guardias de seguridad privada expusieron su temor a que personas de la tercera edad, empleadas como vigilantes por algunas de las empresas que aún carecen del registro oficial, puedan quedarse sin empleo debido a su edad.

“No es nuestra intención afectar, pero sí regular y que las personas que ofrecen este servicio estén aptas para la prestación del mismo”, apuntó Moreno.

La regulación de las empresas de seguridad privada forma parte del Plan Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 2022-2027 que presentó la gobernadora María Eugenia Campos Galván el pasado mes de mayo.

La estrategia establece la implementación de operativos de proximidad y supervisión de empresas prestadoras de seguridad privada con el fin de que se regulen debidamente ante los lineamientos que establece la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua.

El personal de esta dirección está facultado para realizar visitas de inspección, enviar citatorios para que acudan a regularizarse y a realizar operativos de supervisión con el fin de verificar que los elementos operativos que realicen funciones como guardias de seguridad privada cuenten con la cédula de identificación acorde con la modalidad autorizada y que se encuentren debidamente capacitados para realizar las funciones relacionadas a su área de trabajo.

Además, emitir las resoluciones que se deriven de las visitas de inspección a las empresas, así como del personal operativo que incumpla con los requisitos que establece la ley y remitir –mediante oficio a la Secretaría de Hacienda– sobre las resoluciones que se hayan realizado por parte de esta división para que se proceda a realizar la sanción correspondiente en multas.

Los requisitos

Las empresas interesadas en operar de manera regular deben cumplir con los 28 requisitos de la solicitud para el registro en el Sistema Integral de Empresas de Seguridad Privada en el estado.

La empresa debe llenar y adjuntar la solicitud de permiso, el acta de nacimiento, identificación oficial y cartilla militar de cada empleado, escritura del acta constitutiva de la sociedad y la inspección en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes expedida por Hacienda, la inscripción al Padrón de Contribuyentes del Estado y la última declaración de impuestos. 

También constancia de inscripción del trabajador ante el Seguro Social, cartas de antecedentes penales y policiales de cada trabajador, domicilio de la oficina matriz y sucursal –de contar con ella– acreditar que se cuenta con los recursos humanos para llevar a cabo la prestación del servicio, así como el registro del trabajador y la empresa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

También deberá exhibir planes y programas de capacitación para el personal, datos generales con CURP y RFC del personal administrativo, constancia de capacitación del personal, relación del personal, así como fotos, relación de los bienes muebles o inmuebles que se utilizarán para la prestación del servicio, relación del inventario canino y equino y la acreditación del adiestramiento para ese equipo.

Además permiso para operar frecuencias de radiocomunicación, fotos de los vehículos con razón social de la empresa, relación del equipo de seguridad, muestra física de las insignias o logotipos, la relación de los prestatarios, exhibir constancia del proveedor cuando se cuente con vehículos blindados, la autorización expedida por otro estado cuando se trate de empresas foráneas, la licencia particular colectiva expedida por Sedena y finalmente la póliza de fianza expedida a favor de Hacienda estatal por cinco mil UMA (481 mil 100 pesos, aproximadamente). 

‘Es sólo cumplir la ley’ 

Para el director de la Seguridad Bancaria, Comercial e Industrial de la Secretaría de SSPE, hasta este momento no se ha realizado ningún cambio a lo ya establecido, la única diferencia es que se está dando cumplimiento a la ley. 

Esto no representa un costo para las empresas adicional a lo que ya deberían de tener, incluso, por ser coadyuvantes de la seguridad pública la gobernadora redujo el pago del IVA que era del 16 por ciento y se quedó en seis por ciento, que corresponde a las universidades ese recurso, explicó Moreno. 

“El check list, que es la lista de requisitos, cualquier empresa ya establecida lo tiene que cumplir, pero no es nada extraordinario, lo más importante es cumplir con la póliza de garantía laboral que nos presenta”, dijo.

Esta póliza permite ofrecer garantías al trabajador en aquellos casos en los que, por ejemplo, sean privados de la vida como ha ocurrido en fraccionamientos privados y las empresas no le garantizaron la pensión a la viuda o hijos.

También permite la asistencia legal a los trabajadores para que en caso de que sufran agresiones sexuales, las y los trabajadores puedan contar con un abogado, dijo.

Es necesario que los trabajadores cuenten con todas las garantías de seguridad, su trabajo es de alto riesgo, aseguró el jefe policiaco, que consideró importante el capacitar al personal por parte de la SSPE, ya que han observado que los guardias no tienen conocimientos básicos para prestar primeros auxilios o realizar intervenciones en defensa de mujeres o niños.

“Un guardia en un fraccionamiento o un centro comercial, un banco o una escuela es un aliado nuestro, son más ojos para la prevención del delito, por eso buscamos capacitarlos y que cuenten con garantías para el desempeño de su trabajo y esa es responsabilidad de la empresa”, expuso.

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