Sin pruebas de vinculación de incendios con el Cereso

A pesar de que el discurso de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la quema de 16 vehículos fue que se trató de una acción coordinada por internos del Cereso estatal 3, ni el Ministerio Público (MP) del estado ni el federal han presentado datos que vinculen a los detenidos por los incendios con el interior del penal, tampoco se han presentado cargos por delincuencia organizada, prevista en las dos instancias. 

La FGE tampoco ha ejecutado las órdenes de aprehensión que anunció estaba preparando contra los “autores intelectuales” de los incendios, presos en el Cereso.

A dos de los arrestados por los incendios se les formularon acusaciones por ataques a la paz pública, y a cuatro que fueron consignados al MP de la Federación por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como de una granada de mano de fabricación casera.

El Código Penal del Estado de Chihuahua sí contempla los delitos de asociación delictuosa y delincuencia organizada en el título décimo sexto.

“Esa figura jurídica se refiere a que tres o más personas se organicen de manera permanente para delinquir y el bien jurídico que se busca proteger es la seguridad colectiva”, explicó el juez de Control Lorenzo Villar Chavarría, quien dijo que la quema de vehículos pueden entrar si existe un grupo de más de tres personas que se estén organizadas de forma permanente para cometer algún delito, por ejemplo, la comercialización de droga, y que en determinado momento decidan causar incendios.

“Se impondrá prisión de seis meses a seis años y multa de 70 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien de manera permanente forme parte de una asociación o banda de tres o más personas, destinada a delinquir”, establece el artículo 246.

Además el 247 indica que se entenderá que hay delincuencia organizada cuando el grupo delictivo opere mediante estructuras funcionales y en ese caso las penas se duplican.

El juez explicó que también la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en el artículo II prevé el ilícito de delincuencia organizada y lo describe igual que la legislación estatal, “cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”. 

El vocero de la FGE, Alejandro Ruvalcaba, informó que actualmente el MP del fuero común todavía está trabajando para reunir elementos que permitan acusar por asociación delictuosa y declinar la carpeta a la Fiscalía General de la República (FGR). Además reconoció que hasta el momento no tienen nada. 

“Se está trabajando para determinar si hay suficientes elementos y se pueda trabajar por asociación delictuosa y sería en FGR; primero se abre la carpeta y luego se declina. Se está trabajando, realmente se tienen que tener los elementos para que el juez determine que sí hay elementos de prueba y sea posible trabajar en la investigación con esos delitos asociación delictuosa o la otra figura”, declaró el portavoz. 

El viernes pasado el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava, dijo que las carpetas de investigación se integraron de forma separada contra los presuntos responsables de haber incendiado vehículos, esperan los informes periciales así como los resultados de las indagatorias de la Agencia Estatal de Investigación y sobre todo que ya queden firmes las vinculaciones a proceso de presuntos responsables para avanzar al análisis de otros tipos penales. 

“Hay que recordar que a algunas de las personas no se les ha formulado imputación por este delito (ataques a la paz pública), sin embargo, están en prisión preventiva por delitos federales. Una vez que ya tengamos el análisis en conjunto vamos a acumular una sola carpeta investigación y ya esteremos en posibilidades de dar vista a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada para que ellos a su vez ejerciten acción penal ya sea por terrorismo o delincuencia organizada”, declaró Nava el viernes pasado para luego referir que están pendientes de cumplimentar seis órdenes de aprehensión por el ilícito de ataque a la paz pública.

El pasado 9 de noviembre Dámaris Castañón Álvarez, Ángel Jesús Durán García, Brayan Alexis Arciniega Ledezma y Alán Raúl Hernández Martínez fueron consignados a un juzgado federal acusados de la portación de cuatro armas de fuego calibre .223, cartuchos, todo de uso exclusivo del Ejército, así como de una granada de mano de fabricación casera. 

Inicialmente ellos habían señalado como involucrados en la quema de vehículos, pero en la diligencia presidida por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Gustavo Aquiles Villaseñor, no se dijo nada respecto a la quema de vehículos ni a la posibilidad de que se configurara el ilícito de delincuencia organizada. 

Ellos fueron detenidos el 6 de noviembre las calles Cruz Rey y Porfirio Parra en el poblado Porfirio Parra, municipio de Guadalupe, Distrito Bravos.

Otros detenidos como sospechosos de quemas vehículos y a quienes se les formularon cargos por el ilícito de ataque a la paz pública son Enrique Ramírez Sánchez y José Elías Robles Rentería, alias “El Piter”.

Por separado, cada uno de los sospechosos fue vinculado a proceso penal. Ramírez Sánchez como presunto responsable de haber quemado un tráiler el pasado 7 de noviembre y Robles Rentería fue señalado como uno de los que participaron en prenderle fuego a dos camiones; uno trasladaba a 18 trabajadores de la maquiladora Termocontroles y nueve de ellos sufrieron quemaduras así como de haber incendiado tres vehículos que estaban estacionados y de prenderle fuego a un edificio de Gobierno del Estado.