Juárez

‘Siguen omisiones ante alza de feminicidios’

Red Nacional de Refugios señala que, a 11 años de la sentencia del Campo Algodonero, no ha cambiado la justicia

Tomada de internet / Entrada del memorial de las víctimas de 2001

Hérika Martínez Prado
El Diario de Juárez

martes, 17 noviembre 2020 | 14:52

“Se cumplen 11 años de la sentencia de Campo Algodonero y el Estado mexicano sigue siendo omiso ante el incremento de los feminicidios y violencias machistas perpetuando la impunidad”, señaló ayer la Red Nacional de Refugios.

El 16 de noviembre de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la sentencia contra el Estado mexicano por los feminicidios de Claudia González, Esmeralda Monreal y Laura Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados en noviembre de 2001 junto a los de cinco mujeres más, en el llamado Campo Algodonero.

El caso ocurrido en Ciudad Juárez se convirtió en un parteaguas para la atención e investigación de las desapariciones de mujeres y la violencia feminicida en México, sin embargo, ambos delitos siguen ocurriendo. Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta ayer sumaban 168 mujeres asesinadas durante 2020 en Ciudad Juárez.

Laura Berenice Ramos tenía 17 años, era estudiante y desapareció el 22 de setiembre de 2001; Claudia Ivette Gonzáles, de 20 años, trabajaba en una maquiladora y desapareció el 10 de octubre de 2001; Esmeralda Herrera Monreal era una empleada doméstica de 15 años, hasta que desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. 

Sus familiares denunciaron sus desapariciones ante las autoridades, sin embargo, no hubo investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición, las hojas de búsqueda, la toma de declaraciones y el envío del oficio a la Policía Judicial.

Se concluyó que las tres jóvenes estuvieron privadas de su libertad antes de ser asesinadas, pero no se les buscó. 

El 16 de noviembre de 2009, la CIDH responsabilizó al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”.

En la sentencia del caso “González y otras (Campo Algodonero) contra México”, la CIDH determinó que en las investigaciones existieron irregularidades por parte de las autoridades mexicanas que culminaron en la impunidad, violando los derechos de las mujeres y sus familias.

La sentencia estableció las responsabilidades del Estado por primera vez, así como las directrices que debían seguir para prevenir, investigar y castigar la violencia de género. Este fallo representa un hito en el acceso de las mujeres a la justicia y un referente para la defensa de sus derechos, gracias a la sociedad civil se crearon instituciones encargadas de hacer justicia, se estableció el Protocolo Alba y se tipificó el feminicidio, señaló la Red Nacional de Refugios

A 11 años de la sentencia, el feminicidio y las violaciones machistas amenazan las mujeres, niñas y adolescentes en todo el país, pues el Estado mexicano minimiza las violencias de género e ignora los factores que las perpetúan favoreciendo la impunidad.

Actualmente, la CIDH tiene los casos de Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010 en las puertas de Palacio de Gobierno de Chihuahua, cuando exigía justicia por el asesinato de su hija; además del de Lilia Alejandra García Andrade, desaparecida el 14 de febrero de 2001 y encontrada muerta siete días después en esta frontera. 

Para apuntar

El 16 de noviembre de 2001, la CIDH responsabilizó al Estado mexicano por:

•    Ausencia de medidas de protección a las víctimas

•    Falta de prevención de estos crímenes

•    Insuficiente respuesta de las autoridades frente a la desaparición 

•    No hubo una debida diligencia en la investigación de los asesinatos

•    Denegación de justicia y falta de reparación adecuada