Sigue INM con modelo carcelario

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha mantenido un modelo carcelario en el que las personas son encerradas bajo llave y tratadas de manera similar a las personas privadas de la libertad por haber cometido un delito, señala el Informe Especial sobre las Condiciones de las Estancias y Estaciones Migratorias: Hacia un nuevo modelo para la atención de la migración irregular 2024, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

T ras el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas migrantes que se encontraban detenidas en la Estación Provisional tipo B del puerto fronterizo Lerdo, el informe de la CNDH tiene como objetivo demostrar la pertinencia de modificar el esquema de estaciones migratorias y establecer criterios para uno nuevo, integral, que responda a la dinámica migratoria actual, señala el documento.

Se busca un modelo migratorio basado en que “la migración irregular no es un delito y establezca, para toda la gobernanza migratoria, el principio de no criminalización, el respeto al debido proceso y a la seguridad jurídica, la garantía de los derechos a la salud, a la justicia, al trato digno, a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho a solicitar asilo político, considerando el principio de no devolución, el derecho a la vida y a la paz”. 

Lo ocurrido en Juárez fue por una “irreversible política disfuncional” de un Gobierno mexicano que ha privilegiado la política de contención y detención de personas en contexto de movilidad, incluso sin un registro de detenidos en las estaciones del país, informó la CNDH.

“Las situaciones de hacinamiento o sobrepoblación interfieren con el pleno acceso a sus derechos humanos, circunstancia que ha derivado en eventos violentos al interior de los recintos migratorios, tal como ocurrió en marzo de 2023 con el incendio de la estancia provisional de Ciudad Juárez, lo que ha puesto en riesgo la seguridad e integridad personal tanto de quienes prestan sus servicios como para las personas detenidas”, indica.

“Con acceso limitado a servicios de salud y medicamentos, se ha vulnerado el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica porque no se les proporciona información suficiente sobre sus derechos y no se cumple con la normatividad.

“Por ello, la Comisión Nacional propone a la Secretaría de Gobernación impulsar un esquema de puertas abiertas regido por los principios de libertad y dignidad, para lo cual, como referencia, pueden tomarse las buenas prácticas realizadas en los Centros Integradores para Migrantes (CIM) y las experiencias internacionales referidas en este Informe”.

Indica que las instalaciones migratorias deben estar ubicadas en lugares comunicados, en donde tengan acceso a bienes y servicios, entendiendo que las personas migrantes buscan integrarse a la sociedad y mejorar su calidad de vida, así como que las personas presentadas en los recintos migratorios puedan hacer las llamadas telefónicas que deseen, tengan acceso a sus teléfonos celulares e Internet.

También deberán brindar agua y alimentos suficientes y de calidad, respetando las diversidades culturales, sin permanecer más de 36 horas en ellas.

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