Se arman abogados ante racha de ataques

Ciudad Juárez.- Integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez (AAPCJ) se declararon en alerta roja y optaron por armarse como mecanismo de defensa, tras el asesinato de cinco abogados en un lapso de cuatro meses. Cuatro de los crímenes siguen impunes.

“El Estado no nos deja otra más que ver por nosotros mismos, incluso cayendo en la ilegalidad siendo abogados. No vamos a quedarnos vulnerables y sin hacer nada; si nos vemos agredidos vamos a responder”, advirtió José Antonio Navarro Castañeda, vicepresidente de la AAPCJ.

Luego del asesinato de cinco litigantes este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que sólo en uno de los casos hay una persona detenida.

El crimen más reciente ocurrió el pasado jueves en perjuicio del exfiscal Marco Iván Gloria Ruvalcaba, quien presuntamente fue citado al centro comercial donde fue victimado por los tripulantes de dos vehículos que le dispararon a corta distancia.

Navarro Castañeda expuso que al tiempo de adquirir armas de fuego los abogados se han capacitado para su uso, además de reforzar las medidas de seguridad en sus despachos y vehículos, lo que está impactando sus ingresos.

Además, mañana lunes los abogados que manejan la mayor cantidad de asuntos penales solicitarán al fiscal de Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, que les proporcione seguridad por parte del Estado.

“Queremos que nos apoyen con seguridad y salir de la ilegalidad”, planteó el abogado, quien declinó dar a conocer el tipo de calibre de armas que portan para evitar la persecución de las corporaciones policiacas.

Señaló que trabajan en una iniciativa de ley para modificar las limitantes legales que permitan la portación de armas de fuego a profesiones de alto riesgo.

“Si el Estado no nos garantiza la seguridad para realizar nuestra profesión, que nos apoye con la seguridad para algunos de nuestros asociados”, demandó.

Eduardo Mariscal, integrante de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, dijo que la recomendación que han emitido a los agremiados es no aceptar casos de alto riesgo y si bien asumen que toda persona tiene derecho a una defensa legal, consideró que esta función la pueden realizar los defensores de oficio.

Agregó que es muy reducido el número de abogados de la barra que llevan asuntos penales, por lo que descartó que se encuentren en alerta roja.

‘Es obligación del Estado darnos seguridad’

Navarro Castañeda recordó que el pasado 2 de julio fue privado de la libertad y posteriormente asesinado e inhumado el abogado Ernesto Martínez Ortega, miembro fundador de la AAPCJ.

El 29 de ese mismo mes su cuerpo fue enterrado en un predio utilizado como fosa clandestina por parte del grupo delictivo “Los Mexicles”. 

“Este caso está relacionado a su labor como abogado, así se siguió la línea de investigación. Hubo un acuerdo que dicen sus clientes que no cumplió y por ello lo mandan citar y cuando le pagan sus honorarios es cuando lo privan de la libertad, según lo dicho por las personas que lo acompañaban”, dijo el fiscal Nava López. 

Aseguró que Martínez Ortega sí estaba realizando una defensa técnica de personas vinculadas con la delincuencia organizada. Sin embargo, la FGE aún no captura a los responsables.

Indicó que los fiscales de Distrito y el propio fiscal general César Augusto Peniche Espejel cuentan con escoltas armados que paga la ciudadanía.

“Los abogados estamos adoptando todas las medidas de seguridad posibles con menoscabo a nuestro patrimonio para podernos cuidar, cuando es una obligación del Estado darnos seguridad”, finalizó Navarro Castañeda. 

Abogados asesinados en 2019

• Luis Alejandro Puentes (3 de junio)

• Rogelio Martínez (20 de junio)

• Ernesto Martínez (2 de julio)

• Mario Azael Zamora (12 de septiembre)

• Marco Iván Gloria (3 de octubre)

El último caso

• El pasado jueves fue asesinado el litigante Marco Iván Gloria en el estacionamiento de un centro comercial.

• El abogado fue citado en el punto donde fue asesinado, reveló el fiscal un día después

• Pese a los asesinatos, la Fiscalía dice que no existe ‘alerta roja’

• Los compañeros de Gloria ya declararon

• Indagan autoridades su entorno laboral