Juárez

Rejas, la disyuntiva ante la inseguridad

La cuota por vigilancia enfrenta a vecinos de fraccionamientos cerrados

Omar Morales / El Diario de Juárez / Barandal en una unidad habitacional de la ciudad

Araly Castañón
El Diario de Juárez

domingo, 02 mayo 2021 | 06:00

Ciudad Juárez— Desde hace dos años Idalia no paga la cuota de seguridad en su fraccionamiento por estar en desacuerdo con el aumento de la tarifa impuesta por el Comité de Vecinos por el servicio de un portero que abre y cierra el acceso a la zona habitacional. 

En ese lapso, explica, su auto resultó dañado por un golpe de la reja y ha sido víctima de discriminación por parte de los integrantes de la junta vecinal.

“Lo único que quiero es que respeten mi libre tránsito, que me dejen pasar; si eso implica que tienen que retirar las rejas, que las retiren”, manifestó la residente que ha llevado su inconformidad ante diferentes dependencias del gobierno.

Esta situación se suma a las mil 465 denuncias vecinales que la Dirección General de Desarrollo Urbano (DGDU) del Municipio ha atendido en dos años y tres meses, de las cuales 79 son por accesos controlados, informó la dependencia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Los otros mil 386 problemas que se han registrado en la ciudad son de todo tipo: referentes a obras de vecinos que afectan a los de enseguida, escombro en la vía pública, negocios en las colonias como talleres de carrocería, obstrucción de la banqueta por construcciones, topes sin permiso e invasión de propiedad o de cochera, y otros más.

Las quejas referentes a los accesos controlados son, por ejemplo, que se obliga a los vecinos a bajar de sus autos por no pagar la mensualidad del servicio de guardias, esto en San Pedro del Real; en Residencial Senecú la presidenta del Comité de Vecinos constantemente molesta al residente por no estar de acuerdo con el cobro de cuotas.

En Rinconadas de las Torres solicitaron reapertura de rejas en una calle y en Los Nogales no se permite acceso a los parques, entre otras denuncias ciudadanas registradas en la Dirección de Desarrollo Urbano.

Las rejas 

La coordinadora de la Red de Vecinos Juárez de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez, Claudia Arreola, manifestó que en la mayoría de los fraccionamientos siempre hay vecinos que no van a querer pagar el servicio de seguridad.

“La diferencia está en la mediación o la comunicación que tienen con el Comité de Vecinos para llegar a un buen acuerdo; cuando de plano no hay manera de ponerse de acuerdo, que el Comité de Vecinos es muy intransigente, los canalizamos a Desarrollo Urbano, cuando el diálogo no es suficiente”, mencionó.

El costo de la cuota por seguridad varía según el número de casas, pueden ser desde 230 pesos mensuales hasta 800 pesos, y hay residentes que no pagan porque no tienen recursos o porque no quieren, aseguró.

Expuso que en todos los casos es “cuestión de voluntad” para llegar a un acuerdo entre ambas partes; por ejemplo, si uno de los vecinos no quiere pagar, que lo haga en especie, dando mantenimiento al parque.

“Van a vivir ahí años y es muy desgastante para las dos partes”, comentó.

En el caso de Idalia Gallegos, de 52 años, quien vive en el fraccionamiento Arecco, aseguró que la cuota que pagaban los residentes de unas 60 casas que hay en el lugar era de 360 pesos y en febrero del año pasado la aumentaron a 490 pesos.

“Dejé de pagar el servicio porque primero no te daban seguridad, nada más pagaban por un portero que no llevaba ni registro de la gente que entraba y salía, y se me hizo exceso de 360 a 490. Les dije que no estaba de acuerdo con el servicio, que era demasiado caro y que podíamos buscar otra opción”, refirió.

Sin embargo, la junta vecinal no aceptó la propuesta y estableció que se quedaba la misma empresa de seguridad.

A los dos meses le dijeron que ya no le iban a abrir la reja y que tenía que bajarse de su automóvil para abrirla y cerrarla.

Después de esos sucesos Idalia se dirigió a Desarrollo Urbano porque se estaba atentando contra su derecho de libre tránsito, y porque “la decisión de un Comité de Vecinos no está por encima de la autoridad ni de mis derechos constitucionales”.

En mayo del 2019 la DGDU generó una resolución firmada por la titular, Lilia Ana Méndez Rentería, en la que solicitó al Comité de Vecinos que le otorguen las facilidades de entrada y salida del fraccionamiento, ya que le asiste el derecho sin ninguna restricción, inclusive evitar que descienda de su auto para abrir y cerrar el enrejado.

“El Comité lo aceptó un mes, dos meses y volvieron a hacer lo mismo”, mencionó la ciudadana.

Luego regresó a Desarrollo Urbano, y se volvió a expedir un oficio en los mismos términos, pero ya en esa ocasión el Comité de Vecinos le respondió que en ese fraccionamiento no mandaba el Municipio, que mandaban ellos y “hágale como quiera”.

Idalia aseguró que volvió a presentar la queja en la DGDU y en esa ocasión la dependencia citó al Comité de Vecinos para dialogar con el entonces director del Control de Planeación, Armando Herrería Velasco, actual director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

“Yo no sé qué se arregló con Herrerías, porque él me dijo: ‘tiene que estar dispuesta a negociar’, yo le dije que sólo quiero que cumplan lo que está diciendo su directora y que mis derechos no son negociables”, aseguró.

Después de eso la dependencia ya no le exigió nada al Comité de Vecinos, por lo que interpuso una queja en la Contraloría municipal, la cual no ha prosperado, narró.

Luego se comunicó a la Dirección de Desarrollo Social que regula los Comités de Vecinos, ahí se dieron cuenta de que la vigencia del comité se había vencido y había que renovar a la mesa directiva, por lo que convocaron a una junta con todos los residentes del lugar.

“El Comité boicoteó esa reunión y prácticamente corrieron a los funcionarios del Municipio, no sé si se arreglaron o no, argumentaron pandemia y Desarrollo Urbano cerró el caso”, manifestó Idalia.

Agregó que en su fraccionamiento son como diez residentes los que no pagan el servicio, y cuando acudió personal de Desarrollo Social les manifestó que en ese caso procedía el retiro inmediato del enrejado, pero los inconformes pidieron hacer una junta con todos los vecinos para que estuvieran enterados, sin embargo, la junta ya no se pudo llevar a cabo y las rejas no se retiraron.

Municipio conciliador 

Como los hechos lo indicaron en el caso de Idalia, el Municipio, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, únicamente procede como mediador en conflictos entre vecinos.

En las denuncias sobre asuntos entre particulares en los que se genera una afectación al denunciante, el Departamento de Supervisión de la DGDU únicamente actúa como mediador para tratar de lograr una conciliación entre las partes, indicó la dependencia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

“De no lograrse (un arreglo) los afectados deberán ejercer las acciones legales a las que tengan derecho y lo actuado ante esta dependencia tendrá valor probatorio en caso de ser presentado en juicio” manifestó. 

El administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar, afirmó que en casos en los que hay conflictos por las rejas “siempre se trata de llegar mediante la negociación, la mediación, a un punto de acuerdo que convenga a las dos partes y se pongan de acuerdo, y al final del día permitan el acceso”.

En estos escenarios el Municipio no ha retirado rejas porque proporcionan seguridad a los habitantes del lugar, añadió.

“Es un tema bastante complejo y complicado; la gente que invirtió en las rejas, en una caseta, en estos fraccionamientos que ya tienen desde el 2008, 2009 en esas condiciones prácticamente; ya se sienten muy seguros”, mencionó Ortega.

Puntualizó que en estos casos el Gobierno local tratará de favorecer a la mayoría.

“Nunca vamos a tratar de perjudicar a nadie, sino al contrario, vamos a tratar de ayudar y de mediar en beneficio de la mayoría, no podemos privilegiar el deseo de una entidad o de una sola persona y echarle a perder la vida todos los demás, no es justo”, señaló el funcionario.

Desarrollo Urbano debe tomar cartas en el asunto

El regidor coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Torres Valadez, dijo que ante panoramas en los que hay inconformidad ciudadana, la Dirección de Desarrollo Urbano debe revisar los sectores donde todavía se requieren las rejas por la incidencia delictiva y donde ya no es necesario mantenerlas.

“Esas zonas fueron cerradas en función de la solicitud de los vecinos por la violencia, primero que se generó en aquellos años del 2008, 2009, 2010, cuando muchos pidieron cerrar sus fraccionamientos; yo creo que aquí es importante que Desarrollo Urbano valore dónde no se requiere tanta reja para poder abrir algunas zonas que obstaculizan mucho la movilidad”, anotó.

Dijo que es importante que la dependencia municipal analice esta situación, convoque a los residentes y defina dónde se necesitan y dónde ya no se necesitan los accesos controlados.

“No se puede dejar a la libre decisión de los vecinos porque nunca se van a poner de acuerdo, jamás se van poner de acuerdo, Desarrollo Urbano debe tomar cartas en el asunto y resolver”, manifestó.

acastanon@redaccion.diario.com.mx