Reactiva Del Río venta de bebidas alcohólicas

Ciudad Juárez— Almacenes de la Frontera indicó que ante la acción emprendida por Gobernación del Estado para la cancelación de al menos 211 licencias para la venta de bebidas alcohólicas, logró obtener un amparo para una suspensión provisional, con lo que las sucursales han reactivado la comercialización de cerveza y licores a pesar de la restricción emitida por las autoridades.

Antonio Jiménez, director operativo de la compañía explicó que desde el 22 de julio del presente año, la empresa cuenta con una suspensión provisional a efecto de que las autoridades responsables se abstengan de la ejecución de la orden de cancelación de 211 de sus licencias para la venta de cerveza, vinos y licores.

De acuerdo con el directivo, la orden para no permitir la venta de bebidas alcohólicas fue emitida por la Secretaría de Gobernación del Estado el pasado 7 de julio y notificada a la empresa el 15 de julio.

“En días pasados recibimos la notificación de un oficio que se emitió por parte de Gobierno en donde se nos cancelan 211 de nuestras licencias, lo recibimos el 15 de julio y dimos instrucción ese mismo día a nuestras tiendas para que colocaran un mensaje de que por disposición oficial estábamos imposibilitados para la venta de cerveza, vinos y licores”, comentó.

Jiménez señaló que el amparo obtenido por el Juzgado Sexto de Distrito del estado de Chihuahua protege a Almacenes de la Frontera de la acción gubernamental, en tanto no se emita una suspensión definitiva.

Respecto a la vigencia que guardan las licencias en conflicto, se indicó que tras la revisión de las mismas, la compañía consideró que éstas no presentan una fecha de vencimiento y por el contrario, se han realizado de manera puntual los procesos de revalidación anual que se contemplan en la Ley de Alcoholes de Chihuahua.

“Nosotros lo que hemos visto es que una licencia según la Ley de Alcoholes, es una autorización renovable anualmente, para ejercer una actividad específica, y que típicamente está conformada de tres partes principales, que son datos del titular, información del establecimiento y fecha de emisión”, dijo.

“En ningún momento, el documento hace referencia a una vigencia per se. La vigencia de una licencia está solo determinada por la existencia del titular y por su cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Alcoholes, qué reclama la Secretaria de Gobernación. El Estado nos reclama el pago de nuevas licencias en virtud de que a su juicio las consideran vencidas y/o que el procedimiento que seguimos para darles aviso de la prorrogación de nuestra sociedad fue incorrecto”, agregó.

Ante los cuestionamientos de que algunas de las licencias en conflicto muestran como duración un tiempo de 50 años, Jiménez explicó que esta información no corresponde propiamente a una vigencia, sino al lapso de existencia de una persona moral o una sociedad, la cual, actualmente puede ser indefinida, según los cambios a la Ley de Sociedades Mercantiles.

“En los datos del titular hay  un renglón que para la persona físicas se especifica la edad y para las morales se entiende que se pide la duración, para los primeros es claro, se refiere a la edad que tiene el solicitante y eso no determina los años por los cuales se le va a dar el permiso, sino una característica del particular. En el caso de nuestra persona moral que nació en 1969, y fue por 50 años, pero eso no implica los años por los cuales será vigente la licencia”, comentó.

“Lo que entiendo es que hay un interpretación por parte del Estado, en el que nos reclama que hagamos un pago por licencias nuevas en virtud de que las consideran vencidas, ya sea por que entienden que la sociedad feneció o por que usamos un mecanismos para avisar de la prorrogación que ahora consideran incorrecto”, añadió.

Jiménez indicó que en 2018, en una junta de accionistas de la compañía se decidió prorrogar a la sociedad por tiempo indefinido, mientras que 2019, se le dio aviso al Estado. “Nos cobraron la revalidación del 2020, lo vuelen hacer en 2021, y ahora en 2022 deciden no hacerlo solo para un grupo de licencias”, dijo.

Sobre a cuánto ascendería el monto a pagar si se tramitaran las licencias de nueva cuenta, Jiménez indicó que la cifra podría rondar entre los 32 y 40 millones de pesos, dependiendo de los rubros que se tengan que incluir.

“Es un pago importante, nosotros en ningún momento nos hemos rehusado a pagar a proveedores, trabajadores, impuestos y otros compromisos, pero pensamos que no deberíamos ser sujetos a este cobro porque nuestras licencias no se han vencido, dado que la persona moral nunca dejó de existir, y las prórrogas se hicieron en tiempo y forma”, comentó.

Asimismo, la empresa aseguró que aunque no ha mantenido comunicación con las autoridades desde la otorgación del amparo, se encuentra en la mejor disposición para llegar a un punto de acuerdo con el Estado y acatar las disposiciones que se emitan para solucionar el conflicto.