Juárez
Autoridades carecen de líneas de investigación certeras

‘Queremos respuestas’

Se cumple un año del crimen de Silvia y la desaparición de su padre, José Francisco

Sandra Rodríguez Nieto / El Diario

sábado, 10 octubre 2020 | 06:00

Más de un año después de un crimen cometido en Los Nogales, una de las colonias más céntricas de la ciudad, la Fiscalía General del Estado sigue sin establecer el paradero de José Francisco Corona Barbosa, entonces de 62 años, y al o los presuntos responsables del asesinato de la hija de éste, Silvia Kezaline Corona Montoya, de 23.

De acuerdo con allegados al caso, el ministerio público estatal está sin avances aun cuando la unidad de Investigación Especializada en Personas Ausentes o Extraviadas ha contado con indicios de que el círculo social alrededor del padre de familia –otros aficionados al pasatiempo de los casinos– podría tener información para su localización.

Las fuentes consultadas consideran, además, que los agentes de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) descartaron con rapidez antecedentes de amenazas y conflictos presentados en una relación sentimental que tuvo la víctima de asesinato.

“Líneas de investigación certeras, no hay ninguna; que apunten a qué pasó con ellos dos o quién pudo haber sido, no hay”, informaron los entrevistados, cuya identidad se omite por seguridad.

La FGE no respondió una solicitud de información sobre el caso.

Los hechos ocurrieron el sábado 8 de junio de 2019, entre la una y las seis de la madrugada, en el domicilio 1229 de la calle Río Lerma, donde los familiares encontraron el cadáver de Kezaline, asesinada con heridas de arma blanca.

Fue esa madrugada, también, cuando se perdió el rastro de Francisco Barbosa.

Con el paso de los meses, y por datos que conocen, una hipótesis entre los afectados es que pudo haberse tratado de un robo a casa habitación que salió de control debido a que los criminales habrían encontrado a Kezaline dentro de la vivienda, así como a la posterior llegada de su padre, alrededor de las 3:50 horas.

Para la FGE, sin embargo, y de acuerdo con quienes han dado seguimiento al desempeño ministerial, la relación entre el asesinato y la privación ilegal de la libertad no fue acreditada desde el inicio y, en cambio, abrió dos carpetas –una en la Unidad de Ausentes y otra en la FEM–, duplicando el esfuerzo de impulso por parte de los afectados y, peor, sin que alguna muestre señales de progreso.

“Lo que queremos es respuestas, pero es tedioso y muy doloroso estar yendo y que no den algún avance”, mencionaron los familiares.

El estado de Chihuahua y, en particular, el municipio de Juárez, aparecen en los listados del Gobierno federal entre los lugares con la mayor cantidad de personas con reporte de desaparición vigente.

Datos de la FGE indican que, hasta julio pasado, se contabilizaban en la entidad mas de tres mil casos. La Secretaría de Gobernación, por separado, ubicó a la entidad en el lugar número diez por las 394 víctimas contadas entre 2018 y septiembre pasado.

Testimonios de familias afectadas y defensores de derechos humanos recabados en ocasiones anteriores indican que la FGE carece de personal suficiente y, sobre todo, de “voluntad” para establecer el paradero de las víctimas; por lo que, en la gran mayoría de los casos, son los familiares quienes tratan de hacer las búsquedas.

“Porque necesitamos saber de él. Estamos ‘choqueados’, diciendo ‘bueno, ¿qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Quién nos oculta? ¿Quién no nos oculta? ¿Estamos nosotros en peligro? ¿De dónde vino todo?”, mencionaron los afectados por la desaparición de Corona.

En este caso, la información obtenida por El Diario muestra, por ejemplo, que la FGE tardó más de tres meses para dar seguimiento una pista que apuntaba a un domicilio en otra entidad, donde Corona podría estar en calidad de secuestrado.

Al realizar la diligencia, por tanto, el resultado reportado por los agentes policiacos fue que no habían localizado los datos mencionados en la descripción, como un vehículo “yonqueado” en el exterior.

En su contacto con la FGE, los afectados han tenido que ver incluso cómo se dejó sin seguimiento información que les dio de manera extraoficial personal de la agencia investigadora, el cual, en julio de 2019, indicó que Corona podría haber sido localizado desde entonces por la Unidad Antisecuestros ubicada en la ciudad de Chihuahua.

“(El fiscal en la Zona Norte, Jorge) Nava dijo que sólo ‘lo que está asentado en la carpeta es lo que vale; lo que se habla o se dice, no’”, mencionaron los entrevistados.

La recientemente creada Comisión Estatal de Búsqueda, por separado, difundió ayer la pesquisa de Corona y, además, ofreció por primera vez una recompensa de 200 mil pesos para quien aporte información “útil y veraz” para localizarlo.

“Estatura: 172 centímetros. Peso: 81 kilogramos. Tez: trigueña obscura. Cabello: abundante, lacio negro (…) Señas particulares: cicatriz en oreja derecha; parálisis facial leve”, dice el cartel oficial.

Corona Barbosa es, además, un profesionista pensionado y padre de una familia unida y afincada en esta frontera desde hace años. Kezaline fue la menor de sus cinco hijos y considerada por éstos como un “regalo”; dedicada a su trabajo en un salón de belleza y que esperaba iniciar sus estudios de sicología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La impunidad en la que está el caso es, por tanto y como para el resto de las familias impactadas de manera directa por la violencia, una fuente adicional de dolor y frustración al sufrimiento e incertidumbre que están padeciendo.

“Lo que buscamos es que se haga justicia; es un acontecimiento que le pasó a la familia, muy doloroso; es algo que uno nunca piensa que le va a pasar”, dijeron los familiares de Corona.

“Para nosotros, el día a día es volver a vivir todo. Y buscamos que la ciudadanía sienta lo que estamos pasando, y que nos ayude, porque es ilógico que no haya ninguna pista”, agregaron.