Juárez

Para servidores públicos

Proponen cárcel a quienes contraten deuda ilegalmente

Diputados de Morena quieren inhabilitar por diez años a funcionarios que destinen los recursos a fines distintos a los que deben aplicarse

Javier Olmos
El Diario de Juárez

miércoles, 17 noviembre 2021 | 06:00

Cortesía | Sesión del Congreso local ayer

Ciudad Juárez— Los diputados de Morena en el Congreso del Estado propusieron castigar con cinco a diez años de prisión, o con tres mil a cinco mil días de multa e inhabilitación de diez años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión, al servidor público que contrate o participe en la contratación de deuda sin cumplir con requisitos.

Asimismo, al que destine los recursos a fines distintos a los que deben aplicarse, o su liquidación no se realice conforme en cumplimiento a la ley de la materia.

En sesión del pleno realizada ayer, los legisladores morenistas subieron una iniciativa con carácter de decreto, para adicionar los artículos 253 bis y 253 ter del Código Penal para el Estado de Chihuahua, con el fin de incorporar dos conductas previstas y sancionadas dentro del Capítulo denominado Ejercicio Ilegal del Servicio Público.

El titular de un ente público que omita informar, o bien informe parcialmente de los montos de la deuda de corto y largo plazo, monto de cuentas por pagar a proveedores y contratistas o bien importes que debe transferir a personas físicas o morales que por disposición de la ley deben recibir recursos públicos, también será sujeto de estas sanciones.

Suscriben esta iniciativa los diputados Benjamín Carrera, Cuauhtémoc Estrada, Leticia Ortega, Daniel Avitia, Rosana Díaz, Gustavo de la Rosa, Magdalena Rentería, María Antonieta Pérez, Adriana Terrazas y Óscar Castrejón.

Al exponer los motivos, Carrera señaló que en fechas recientes se han estado abordando a través de tribuna, diversas propuestas que proponen establecer mecanismos  legales para tener un mejor control en el manejo de la deuda púbica y las obligaciones financieras que contrate el Estado.

Como ya ha sido señalado, expuso, el manejo de las finanzas públicas de por lo menos las dos últimas administraciones generó que la capacidad financiera del Estado se haya comprometido las siguientes tres o más administraciones, “lo que sin duda alguna no tiene justificación”.

Bajo este tenor y ante la falta de mecanismos en la legislación vigente para que esta representación pudiera tener información oficial respecto los compromisos económicos del Estado, y por ende de su capacidad financiera, agregó, es que hemos propuesto la modificación a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, para garantizar la mayor y mejor participación del Poder Legislativo en el Manejo del Gasto Público.

Expresó que dicha iniciativa busca complementar a las anteriores propuestas en materia de deuda para que sean vigentes y positivas; “es decir, que en caso de no darse el debido cumplimiento, esto traiga consigo una responsabilidad, siendo por ello que se plantean dos nuevas conductas que serían sancionadas con pena privativa de libertad, sanción de carácter económica e inhabilitación para desempeñar un empleo o cargo público”. 

Dijo que si bien la Ley en la materia señala de manera expresa el artículo 183 que el actuar doloso por parte de un funcionario público que omita el registro de operaciones financieras, omita o altere documentos o registros de la contabilidad, causando un  daño  al Estado, será sancionado con pena privativa de la libertad de dos a siete años de prisión, no se contrapone con lo planteado.

“Puesto que para que se actualice la hipótesis antes mencionada, se requiere el actuar doloso del funcionario y que se cause un daño patrimonial; el primer requisito de carácter subjetivo que con dificultad se podrá acreditar, de tal suerte que los elementos del delito difícilmente se actualizarán, por lo que se considera procedente el establecimiento de las nuevas figuras típicas, indicó.

jolmos@redaccion.diario.com.mx

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