Pretenden cobrar 83 millones al municipio por litigio en el Camino Real

Ciudad Juárez— El gobierno municipal de Ciudad Juárez informó que ha dado inicio a un proceso de acciones de defensa para interponer quejas administrativas y denuncias correspondientes ante lo que consideró un cobro de un poco más de ochenta y tres millones de pesos, como pago por la ocupación irregular de un terreno por parte de administraciones pasadas, sobre el cual, se construyó una parte de la vialidad identificada como Camino Real. 

Lo anterior, según señaló el gobierno municipal, derivado de un claro abuso de poder, en el incidente de ejecución derivado del juicio ordinario civil 803/2016, en el que el Municipio de Juárez fue condenado por la Juez Cuarto de lo Civil por Audiencias, Hilda Margarita Campos Alcantar con base a condenas que aún están en litigio y, por eso, no tienen firmeza legal.

La sentencia interlocutoria que determinó ese valor del predio a pagar, se fundamentó, según la administración actual indicó, en dictámenes fraudulentos de personas sin escrúpulos, pero la misma jamás adquirió firmeza y por consecuencia no era ejecutable. 

El comunicado señala que la citada juez ha iniciado la vía de apremio para ejecutar tanto la sentencia interlocutoria que jamás era ejecutable, como el convenio que fue celebrado para terminar el conflicto, en virtud del cual, una apoderada del municipio pactó con la parte actora el pago de sólo treinta millones de pesos, más la entrega de un predio como indemnización para terminar el conflicto.

La jueza pretende ejecutar tanto la condena como el convenio, siendo que la primera no causó ejecutoria y fue sustituida por el convenio mismo, el cual tampoco se elevó a la categoría de cosa juzgada, informó el gobierno municipal.

La actual administración indicó que para defender el patrimonio de los juarenses, se estarán gestionando acciones de defensa, y se interpondrán las quejas administrativas y denuncias correspondientes, pues consideró que no es justo que se trate de afectar las finanzas públicas con base a condenas que aún están en litigio y, por eso, no tienen firmeza legal.